El inmigrante que no vota no interesa

En las elecciones generales que se celebran mañana, los españoles votarán con el bolsillo. A diferencia de anteriores convocatorias, esta campaña ha transmitido un mensaje nítido: lo perentorio es la recuperación económica; varían las recetas, pero el fin que los principales partidos persiguen es el mismo. Con la sensación de no estar nada en juego -las encuestas son concluyentes en cuanto a la más que probable victoria del Partido Popular-, y el tema del terrorismo teóricamente zanjado con el anuncio de disolución de ETA, sobre el terreno de juego en que la geografía española se ha convertido durante la campaña ha habido esta vez menos elementos, y por tanto algunas ausencias: el asunto de la inmigración, por ejemplo, que en otras citas no muy lejanas -las generales de 2008 y las locales y autonómicas catalanas de este año- hizo correr ríos de tinta.

Badalona es un ejemplo de cómo el PP contuvo la fuga a la xenófoba PxC

La inmigración solo es la principal preocupación del 1,2% de la población

El PP ha emulado el contrato integrador que aprobó Sarkozy en Francia en 2004

La suma de paro, urnas e inmigrantes da buen resultado a los partidos ultras

La ausencia de debates sobre política de acogida e integración es especialmente llamativa si se tiene en cuenta que, en épocas de recesión, la suma de paro, inmigrantes y urnas suele dar bastante rédito electoral a las formaciones más extremas: Auténticos Finlandeses, el Frente Nacional francés, el griego Laos, la formación de Geert Wilders en Holanda o Vlaams Belang, en Bélgica, por citar algunos ejemplos del entorno europeo. Pero no hace falta ir tan lejos: la xenófoba Plataforma per Catalunya, del exmilitante de Fuerza Nueva Josep Anglada, quintuplicó sus votos en los comicios locales del 22 de mayo.

Todos los expertos consultados coinciden a la hora de atribuir a la crisis el monopolio del debate. Algunos, también, al hecho de que el pronóstico de la votación sea, salvo sorpresas de última hora, un clamor. Los datos del barómetro de octubre del CIS explican también por qué: preguntados por el principal problema del país, la inmigración solo preocupaba al 1,2% de los encuestados (el paro, al 61,3%).

"Los ejes de competición de una campaña se dividen en dos grandes grupos. Uno es el de los temas transversales, que no tienen que ver con la ideología, como la economía o el terrorismo, y en los que no se cuestionan los fines, solo los medios para conseguirlos (en economía, recortes o ahorro, por ejemplo). El otro es el de los temas posicionales: visiones de la sociedad, profundamente ideologizadas, como la educación para la ciudadanía, el matrimonio gay o la dependencia. Fronterizas entre uno y otro estarían cuestiones como la inmigración: no es finalista pero tampoco posicional, aunque sí está sujeta a sesgos ideológicos: para la derecha, es un problema de orden público; para la izquierda, de orden social", explica Fernando Urías, director de la oficina de Madrid de Dialoga Consultores, firma especializada en comunicación política y electoral.

"La campaña de las generales de 2008 estuvo marcada por los asuntos posicionales, y por eso fue más crispada; la de ahora es de tipo transversal, por tanto más racional, más serena. Si algo ha caracterizado la campaña del PP es la presencia de temas transversales, los que no se cuestionan, con la economía a la cabeza", añade Urías. "Sacar el asunto de la inmigración esta vez le resultaba problemático, porque habría podido despertar latencias ideológicas y favorecer al contrario".

Así que el PP, que desde la famosa frase que Rajoy pronunciara en 2008 "aquí no cabemos todos" ha recurrido a la cuestión con frecuencia, ha optado por ignorarla ahora por dos razones: "Por estrategia, porque es incoherente con su planteamiento de campaña, y por economía política: para qué sacar un tema que no preocupa a la gente", afirma Urías en relación a los datos del CIS.

Francisco Javier Moreno, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), enfoca hacia Cataluña para demostrar que el asunto de la inmigración no ha estado ausente por completo de la campaña. "Plataforma per Catalunya (PxC) ha logrado un nicho electoral que ha marcado la pauta a otros partidos, lo que hace que el debate vaya muy por delante que en el resto de España. PxC amenaza al PP por su extrema derecha, lo cual lleva a los populares a posicionarse más allá, con discursos sobre la expulsión de inmigrantes que delincan; el contrato de integración, la contratación en origen, etcétera". El contagio ha ejercido un efecto dominó sobre otras fuerzas políticas: "Al juego entra también CiU, para no quedarse atrás, ahí están las declaraciones de Duran i Lleida al inicio de la campaña sobre que los Mohamed no se integran, el control de las mezquitas, etcétera", cuenta el investigador del CSIC.

¿Y la izquierda? ¿Se contagia también o aguanta a pie firme la arremetida xenófoba? "Está a la defensiva, no tiene un discurso articulado más allá de los sentimientos de solidaridad. En los años de bonanza económica, la izquierda experimentó una cierta miopía, no tenía proyección de futuro en este asunto. Pero mirando a Europa, era previsible que un buen número de votantes de izquierda, objeto de transformaciones estructurales [cambio del modelo económico, paro, inmigración...], acabara votando a partidos como el Frente Nacional en Francia", explica Moreno.

A diferencia del país vecino, de larga tradición inmigratoria, España se halla aún al final de la fase de llegada, y en el umbral de la de asentamiento, es decir, el momento en que empieza a manifestarse el rechazo hacia un fenómeno que echa raíces. "Esta fase requeriría políticas preventivas que tienen mucho que ver con las políticas de bienestar y del territorio. Hay que averiguar dónde está el origen de los cambios estructurales -desindustrialización, desigual reparto de roles en un entorno posindustrial, en el que la mujer se adapta mucho mejor en el sector servicios; presencia de inmigrantes, etcétera-, y eso debería hacerlo la izquierda", dice Moreno.

De momento, quien ha puesto nombre al malestar social de los lunes al sol y los barrios-gueto ha sido el PP: inmigración. Xavier García Albiol, alcalde popular de Badalona -la tercera ciudad catalana-, es la punta de lanza del discurso más extremo de este partido, "un experimento para yugular cualquier atisbo de competencia por la derecha", añade el experto del CSIC. Algo en lo que abunda Elena Sánchez-Montijano, investigadora del CIDOB. "Badalona es un observatorio, el PP ha sabido reaccionar muy bien a la amenaza de PxC por su derecha, y eso ha contagiado al resto de partidos: a Convergència i Unió (CiU) en algunos municipios, incluso al Partido Socialista de Cataluña (PSC). Pero con los datos del CIS en la mano, los partidos saben que en esta campaña la inmigración no supone rédito electoral. Más allá de los comentarios de Duran Lleida al comienzo de la campaña, y de la propia PxC, que está en campaña continua, en Cataluña no se ha escuchado nada, la inmigración ha desaparecido de la campaña como objeto de debate".

El planteamiento electoral del PxC ante la convocatoria de mañana ilustra cómo la economía ha invadido todos los ejes de debate. "En comicios anteriores PxC se limitaba al discurso xenófobo, pero en esta ha añadido otro ingrediente, el populismo económico, con medidas como suprimir el uso de coches oficiales o un impuesto del 18% a las remesas de los inmigrantes", explica Elena Sánchez-Montijano. Pero PxC es un recién llegado a la política, "un partido sin recorrido, coyuntural", nada que ver que el FN francés, con el que sin embargo sí comparte una analogía capital: ambos han empezado desde abajo, desde los Ayuntamientos, "porque son los poderes locales los que gestionan la integración de los inmigrantes con ayudas a la vivienda, educación, capacitación laboral, etcétera".

Así pues, no son unas elecciones generales -el ámbito estatal- el terreno de juego donde mejor se mueven las formaciones ultras, sino los comicios locales y autonómicos: las parcelas de poder público más concernidas por el fenómeno de la inmigración, desde la elaboración del padrón hasta la implementación de las políticas de integración. "Saltar directamente al ámbito estatal es muy complicado", opina Sánchez-Montijano. El éxito del FN, bien posicionado en el panorama político francés, se debe a una labor de zapa durante décadas, y como él, otras formaciones de ese estilo europeas, aunque la paradoja no sea ajena al debate: "En países de tradición inmigratoria, como Francia o Bélgica, se escuchan los discursos más restrictivos, mientras que en España o Portugal, con menor experiencia en la acogida e integración de extranjeros, el mensaje es más amplio, menos populista", sentencia la experta del CIDOB. La presencia de varias generaciones de ciudadanos de origen extranjero en esos países -la segunda y tercera generación de inmigrantes, nacidos ya en destino, pero extranjeros al fin- genera los desajustes y el rechazo que explicaba Moreno.

Juan Manuel Goig, profesor de Derecho Político en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), añade un factor para explicar por qué la inmigración no ha saltado a la palestra en esta campaña. "Los inmigrantes no votan y, por tanto, no interesan. En las municipales de mayo sí votaron, y además lo hicieron por primera vez, por eso el asunto de la inmigración se trató mucho. Pero hay más de cinco millones de inmigrantes en España y, en otras circunstancias, estarían permanentemente en los titulares, sobre todo porque hay dos visiones contrapuestas y dos legislaciones completamente distintas al respecto", apunta Goig, que dirige un grupo de investigación sobre emigración y extranjería.

La legislación a que hace referencia Goig indica cuán movediza es la consideración legal de inmigración en España. A la ley de extranjería de 1985 -adoptada cuando la llegada de inmigrantes era incipiente-, siguieron dos nuevas, promovidas y aprobadas por Gobiernos del PP, "la 4/2000 y la 8/2000, dos legislaciones completamente distintas. Sobre la última, la 8/2000, hay pendientes ocho sentencias de inconstitucionalidad. Este Gobierno ha aprobado un programa de retorno, coincidiendo con los primeros golpes de la crisis, pero siguen viviendo entre nosotros más de cinco millones de personas" sobre las que nada, o muy poco, se ha dicho en campaña, "solo las menciones

al contrato en origen. Inmigrantes que requieren servicios, como los sanitarios, pero también contribuyen al crecimiento económico no solo en España, sino en toda Europa", concluye Goig.

Cristina Gortázar, directora del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas, considera que los errores de 2008 han pesado mucho en el planteamiento de esta campaña. "Utilizar la inmigración en unas generales, en las que los inmigrantes no tienen voz ni voto, no es un juego muy limpio. Esto se criticó tanto la última vez que ahora los partidos han tenido más pudor. Incluso a alguno de los grandes le perjudicó, porque la cuestión se planteó de un modo muy burdo. Esta vez se ha impuesto la cordura, pero los planes siguen ahí", apunta. Si hay planes, eso significa que ha habido programa... aun encubierto. "Lo que ha dicho el PP es que si mejora la situación económica no hacen falta políticas sociales específicas, algo que yo sostengo que es falso. El PSOE propone la integración como política social, pero las políticas sociales todos sabemos que o se instan o no se hacen solas... Hay confusión sobre esas políticas de integración, que deben ser promovidas por los poderes públicos, locales y autonómicos sobre todo".

El problema, subraya Gortázar, es que en el lenguaje común "confundimos esa idea primigenia de integración con las políticas de condiciones previas a la integración que se están imponiendo en otros países europeos". Francia, 2004: Nicolas Sarkozy, entonces ministro del Interior, formula el llamado "contrato de integración" en plena gestación de la revuelta de las banlieues. El documento exige que para obtener el permiso de residencia el inmigrante acepte los valores de la República, aprenda la lengua y respete las leyes: grosso modo, que se adapte incluso antes de llegar, y que la integración corra por su cuenta. El PP recogió el guante de la iniciativa francesa en 2008, y en esta campaña la ha sacado a relucir con cuentagotas.

"Me asusta mucho esa posibilidad", confiesa Gortázar. "Nuestra ley de extranjería -la modificación de 2009 y luego el reglamento de 2011- establece que los poderes públicos deben fomentar y facilitar la integración, pero sin embargo vemos cómo países de nuestro entorno están imponiendo sistemas cuyo fundamento es contrario a ella: Holanda, Alemania, Francia o Reino Unido, con el sistema de puntos. Cualquier política que introduzca requisitos para la integración no es satisfactoria".

He aquí lo que, a toro pasado, habría podido ser un buen elemento de debate... para otro tipo de campaña. Gortázar teme "los proyectos de integración que se basen o partan de contratos en origen; estamos en un momento muy duro, y el miedo es que algún político se pueda aprovechar de sentimientos tendentes a la xenofobia y el racismo. Los vientos que soplan por Europa son esos".