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Reportaje:PRIMER PLANO

Balance provisional de la catástrofe

España tardará mucho en volver a crecer, a menos que haga las reformas necesarias

Propongo en este artículo un balance in itinere de la crisis española, más orientado a la discusión del futuro que al análisis de las causas. No voy a entrar en el terreno internacional salvo cuando sea estrictamente necesario, porque la crisis española tiene entidad y lógica propias. Esto no es óbice para distinguir en ella tres crisis distintas e interrelacionadas. En primer lugar, una crisis económica y financiera no causada, pero sí agravada, por la situación internacional. Todavía no estamos al principio de su final. En segundo lugar, una crisis político-institucional que probablemente obligará a redefinir el régimen político plasmado en la Constitución de 1978. En esto estamos al comienzo del principio. Y en tercer lugar, una crisis moral -de valores- que afecta a casi todos los estratos de la sociedad. No son concebibles las otras dos crisis sin esta: comenzó antes que las demás y terminará, si lo hace, después.

1. La crisis económica y financiera

No hay remedio pacífico conocido para la crisis de endeudamiento que aflige a las economías occidentales. Las burbujas inmobiliarias en EE UU y en España alimentaron otra burbuja crediticia global en la que los bancos de Occidente llegaron a apalancar más de cuarenta veces su capital para dar crédito. Hasta que todo estalló. En la actualidad, no hay crecimiento económico porque no hay crédito, y no hay crédito porque los bancos están dañados, y los bancos no se sanean porque no hay crecimiento económico.

No hace falta inventar nada: basta copiar lo que está funcionando

La tasa de paro del 21,2% es una anomalía aberrante en Europa

La estructura básica del mercado laboral se heredó del franquismo

¿Podrá España pagar su deuda? Es lo que quita el sueño a nuestros acreedores

¿Qué hacer? la respuesta merece ser gritada: ¡Reformas estructurales!

No va a haber crédito en la economía española en mucho tiempo

No basta con hacer recortes; hay que reducir gasto de manera estructural

Mientras ocurría todo esto, ¿Por qué no actuaba el Banco de España?

Lo poco que se sabe de este tipo de crisis es que son de digestión muy lenta. Hay tres precedentes históricos: la crisis japonesa de 1921, la Gran Depresión de 1929 y la crisis japonesa de 1989. Las dos primeras terminaron mediante ese supremo achatarramiento keynesiano que es la guerra: la de Manchuria en 1934 y la II Guerra Mundial en 1939. La tercera, dos décadas después de su comienzo, aún no se sabe cuándo y cómo terminará. Estas tres crisis dejaron algunas enseñanzas, pero aún no hay doctrina establecida sobre cómo salir de este tipo de situaciones por las buenas.

Hasta que Occidente no crezca, España no lo hará. Pero cuando Occidente empiece a crecer, España tampoco lo hará, a menos que haya introducido las reformas necesarias para adaptarse a la moneda única europea y a la economía globalizada. Somos tantos los que hemos escrito reclamando estas reformas, lo hemos escrito tantas veces y nos han hecho tan poco caso -excepto, un poquito, en materia de pensiones-, que lo que pide el cuerpo no es ponerse otra vez a escribir, sino ponerse a gritar. Pero seguiremos escribiendo. En lo que sigue de este apartado pasaré revista a las reformas pendientes, apoyándome en tres cifras: cinco millones de parados, deuda exterior del 160% del PIB y déficit público del 9% del PIB.

- Cinco millones de parados

España aporta el 10% del PIB de la eurozona, el 14% de la población y el 31% de los parados. ¡Sí, uno de cada tres parados de la eurozona es español! Los cinco millones de parados españoles y la tasa de paro del 21,2% son una anomalía aberrante en Europa: la tasa de paro media de la eurozona es el 10%, menos de la mitad que en España, y tan solo otros 3 de los 17 Estados miembros tienen tasas de paro de dos dígitos: Bélgica (11,7%), Portugal (12,3%) y Grecia (16,7%). ¿Acaso somos más holgazanes que los demás? ¿Más tontos? ¿Sufrimos un castigo divino? ¡No! Simplemente, tenemos un mercado de trabajo anómalo, disfuncional, que condena a la temporalidad precaria al 30% de los empleados, que genera bolsas millonarias de parados cada vez que viene una crisis...

Las estructuras básicas de nuestro mercado laboral y de la negociación colectiva siguen siendo las que se heredaron del franquismo en 1975: fueron diseñadas para una economía autárquica y corporativista. Las elevadas indemnizaciones por despido, causa importante de la temporalidad y del miedo empresarial a contratar, responden al paternalismo de un régimen para el que no existía el concepto de desempleo y, por tanto, no lo aseguraba. Ahora sí se asegura. La negociación colectiva, con su estructura jerárquica de convenios, tiene sus raíces en los antiguos sindicatos verticales y sigue siendo terriblemente eficaz a la hora de conseguir que los incrementos salariales no tengan nada que ver con los aumentos de productividad.

Así no hay economía que pueda funcionar. En 1986, España se integró en la Unión Europea, no en la Unión Soviética, mal que les pese todavía a algunos. Debemos ser consistentes en el entorno en el que estamos obligados a competir, y para eso no hace falta inventar nada: basta copiar lo que está funcionando bien en los Estados miembros que tienen tasas de desempleo de un solo dígito. En esa dirección van la propuesta de un contrato laboral único con costes de despido crecientes con la antigüedad, y la propuesta de flexibilización de la negociación colectiva para dar protagonismo a la negociación en el ámbito de la empresa. El Gobierno no se atrevió a enfrentarse a los sindicatos y no planteó la reforma del mercado laboral en estos términos. Los cambios resultantes han sido mayoritariamente cosméticos, y los que no lo han sido, como el fortalecimiento del poder sindical en la negociación colectiva de las pequeñas empresas, empeoran las rigideces del mercado de trabajo. Todo queda sobre la mesa del Gobierno que salga de las urnas en noviembre. Sin una reforma decidida, que reduzca la incertidumbre de las empresas a la hora de contratar, seguiremos siendo la anomalía de Europa y el paro seguirá aumentando.

- Una deuda exterior del 160% del PIB

La burbuja inmobiliaria ha dejado a España con una deuda exterior bruta del 160% del PIB. Esta ratio es una de las más elevadas del mundo y ha sido antesala del desastre en muchos países que la han alcanzado. ¿Podrá España pagar su deuda? Esto es lo que quita el sueño a nuestros acreedores.

Para poder pagar una deuda externa de estas dimensiones, un país tiene que tener un crecimiento económico vigoroso, superior a los pagos de intereses y devoluciones de principal. ¿Cuánto crecerá España en, digamos, la próxima década? El servicio de estudios del BBVA estima que el crecimiento potencial en este periodo será inferior al 2% en términos reales. Esta cifra es más baja que en décadas anteriores, pero puede acabar siendo optimista porque supone un crecimiento de la productividad del 0,9% anual, tasa que no se observa en España desde hace mucho tiempo. Añadiendo un 2% de inflación, se obtiene un crecimiento nominal teórico de, aproximadamente, 4%, que es bajo para garantizar con certeza el pago de la deuda. También es bajo para generar la confianza necesaria para refinanciarla, puesto que los analistas internacionales estiman un crecimiento inferior, incluso, al 4%.

¿Qué hacer? La respuesta es tan obvia que merece ser gritada, otra vez: ¡reformas estructurales! Según el BBVA, el paquete de reformas que deberían adoptarse (mercado de trabajo, de la vivienda, de la energía, educación, Administración Pública, justicia, etcétera) subiría el crecimiento potencial de la economía un punto porcentual, hasta el 3% en términos reales. Los efectos sobre el crecimiento se harían sentir solo a medio plazo, pero el efecto balsámico sobre la confianza de nuestros acreedores sería inmediato y eso llevaría a una mejora de nuestras condiciones de financiación.

El razonamiento del párrafo anterior es puramente teórico. Cuenta la anécdota que un analista le estaba explicando a George Soros un argumento de este tipo cuando el financiero le interrumpió: "Oiga, joven, todo eso está muy bien, pero ¿va a haber crédito?" "Ah, pues no, crédito no", respondió el analista. "Pues, entonces, no siga: la economía no va a crecer", terminó Soros.

¿Va a haber crédito en la economía española? No, crédito no va a haber durante mucho tiempo. Y no lo va a haber por cómo el Gobierno y el Banco de España han abordado la reestructuración del sistema financiero tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Había dos opciones. En primer lugar, se podía haber respetado la ortodoxia del Banco de España, elaborada a partir de la experiencia de varias crisis bancarias durante las cuatro últimas décadas. Esto implicaba obligar a las entidades de crédito a reconocer las pérdidas latentes para, después, y en caso necesario, recapitalizar, fusionar, vender o liquidar. Esta opción hubiera tenido la ventaja de que las nuevas entidades, al estar saneadas, habrían podido dar crédito sin dilación; y hubiera tenido el inconveniente de incrementar el déficit público en varios puntos del PIB, y hubiese sustraído a la inmensa mayoría de las cajas de ahorros, ahora bancos, de la tutela de los políticos regionales.

La segunda opción, que fue la que se eligió, hace tabla rasa de la ortodoxia del Banco de España. La estrategia consiste en obligar a las entidades a cumplir unas ratios de capital elevadas para garantizar su solvencia, pero dejando las pérdidas en estado latente. Tiene la ventaja de afectar poco al déficit público, y la desventaja de que el sistema financiero, al no haber sido saneado, queda en estado zombi: no hay holgura en el balance para dar nuevo crédito al sector real de la economía. Esta opción ha permitido, además, mantener un número significativo de cajas bajo control de los políticos.

Si el Gobierno y el Banco de España no rectifican esta estrategia, en España no habrá crédito durante años y, por tanto, no habrá crecimiento económico. Arreciarán, inevitablemente, las dudas sobre la capacidad de pago de la deuda. Aún hay tiempo para rectificar. Se debería aprovechar la circunstancia de que Europa está discutiendo fondos para un nuevo rescate bancario masivo para solicitar financiación para el saneamiento de los balances de las instituciones que lo necesiten, que son muchas. Mejor tener la cara roja una vez que amarilla toda la vida.

- Un déficit público del 9% del PIB

Con los datos que se conocen del año en curso, el déficit público no se ha reducido nada desde 2010: sigue estando en el 9% del PIB. Mal asunto, porque el objetivo para 2011 es el 6%, y este objetivo ha sido tan irrenunciable para el Gobierno que le ha sido sacrificado el hacer una reestructuración eficaz del sistema financiero. ¿Se acabará consiguiendo? La mayoría de los analistas opinan que no, que el déficit será, al menos, el 7%, y muchos apuntan ya el 8%.

El problema estriba en que el presupuesto público español se ha dimensionado a la burbuja inmobiliaria y no es financiable en condiciones normales de la economía. Si el déficit acaba siendo del 7% a final de año, el presupuesto tendría un déficit estructural del 5%, ya que dos puntos son achacables a la situación cíclica recesiva en la que nos encontramos. Estos 5 puntos del PIB son los que hay que eliminar para equilibrar estructuralmente el presupuesto.

Se pueden subir ingresos: nuevos aumentos del IVA, IRPF y especiales, copago sanitario y judicial, peajes en las autovías libres, etcétera. Todo eso va a ocurrir, pero será insuficiente. No va a haber más remedio que reducir gastos, y se van a tener que reducir de manera estructural, es decir, eliminando o reformando programas de gasto.

No basta con hacer recortes. Hasta ahora, las Administraciones han dejado de pagar, no de gastar, que no es lo mismo. Se ha llegado a una situación tan crítica que, por ejemplo, cuando se dice que la sanidad se paga a 600 días, lo que se quiere decir es que hace 600 días que no se paga. Son tácticas dilatorias, a la espera de que vuelvan los buenos viejos tiempos -los de la burbuja-, pero no volverán. Lo que hay que hacer, inevitablemente, es redimensionar el Estado. Pero eso son palabras mayores que nos llevan, sin solución de continuidad, al epígrafe siguiente.

2. La crisis político-institucional

Escribe Francis Fukuyama en The origins of political order, su último libro: "Cuando el entorno cambia y aparecen nuevos retos, surgen con frecuencia incoherencias entre las instituciones existentes y las necesidades emergentes. Estas instituciones están apoyadas por legiones de intereses atrincherados que se oponen a cualquier cambio fundamental. El declive aparece cuando los sistemas políticos no consiguen ajustarse a las nuevas circunstancias".

El régimen político que emana de la Constitución de 1978 nació con dos grandes retos que afrontar: la reconciliación y democratización del país, tras la larga dictadura franquista, y la integración en Europa. Ocho años más tarde, en 1986, quedaban pocas dudas de que ambos retos se habían superado de manera irreversible. No hubo mucho tiempo para dormir en los laureles, porque el mundo cambió de manera muy rápida planteando nuevos -e inesperados- retos. En 1989 cayó el muro de Berlín, abriendo paso a un vertiginoso proceso de globalización cuyas consecuencias siguen sorprendiendo. En 1992 se firmó el Tratado de Maastricht, y la moneda única comenzaba en 1999. En 1993, los retos que se le planteaban a España eran muy distintos a los de 1978: había que adaptarse a una economía planetaria y había que prepararse para el euro.

Las reformas exigidas por uno y otro retos tienen denominadores comunes: flexibilización de los mercados de factores, bienes y servicios. Vaya por delante que, en estos casi veinte años, se han hecho progresos en la liberalización de los servicios (farmacias, funerarias...) y que en estos años las grandes empresas españolas se han globalizado como nunca. Pero España, condicionada por su mercado laboral, no ha conseguido superar su patrón cíclico tradicional de crecimiento -expansión, recesión, devaluación de la peseta, recuperación- y no encuentra la manera de reducir su déficit público. Esos dos problemas surgen de rasgos clave del régimen político actual. La solución puede acabar exigiendo cambios importantes.

La Constitución de 1978 tuvo un respaldo político y social amplísimo. El consenso -ese conjunto de renuncias mutuas, que diría Miquel Roca- no se fraguó solo entre partidos políticos, sino que también incluyó a los sindicatos y a la patronal, conocidos a partir de entonces como los "interlocutores sociales". Esto fue así tanto por el prestigio que los primeros alcanzaron durante el franquismo tardío -recuérdese el Proceso 1001- como por la necesidad de encontrar una salida pactada a la terrible crisis económica de la época: las negociaciones de los Pactos de la Moncloa transcurrieron en paralelo al proceso constituyente.

El éxito en la salida de la crisis, por una parte, y en los objetivos democratizador y europeo, por otra, contribuyeron a consolidar a los interlocutores sociales, de modo que estos acabaron disfrutando de una representatividad de facto que iba mucho más allá de la de sus meros afiliados, que es lo único que reconoce la Constitución. Gobiernos de izquierda y de derecha han otorgado a los sindicatos una tutela y un veto implícitos sobre todo "lo social". A ello se debe, por ejemplo, el enorme retraso en la reforma de las pensiones y el fracaso de cualquier intento de reforma en profundidad del mercado laboral. Como escribió un comentarista, los sindicatos se han convertido en la columna vertebral del establishment contrario a la reforma estructural.

Es urgentísimo hacer una reforma profunda del mercado de trabajo, y es muy probable que haya que hacerla contra los sindicatos. Pues bien, hágase. Sí, conllevará un cambio en nuestro sistema político, pero un cambio en la buena dirección: la de dar plena soberanía al Parlamento en temas que, hasta ahora, le llegaban filtrados, cuando le llegaban.

El consenso de 1978 tuvo el gran acierto de integrar los nacionalismos históricos. Era, por aquel entonces, un tema peliagudo -y lo sigue siendo-. La vía elegida para hacerlo fue el Estado de las autonomías, versión café para todos. A lo largo de tres décadas, la descentralización del Estado ha sido muy grande. Salvo en las comunidades forales, que recaudan sus propios tributos, el gasto público se ha descentralizado mucho más que los ingresos y se han producido disfunciones entre las decisiones de gastar y las de recaudar.

La crisis actual ha tenido efectos devastadores sobre los presupuestos autonómicos: los ingresos se han desplomado y las principales partidas de gasto -educación, sanidad, dependencia, justicia...- son muy rígidas. Hay varias comunidades autónomas de régimen común en situación suspensión de pagos parcial. La tentación que tendrá el Gobierno que salga de las urnas el mes que viene de culpar al Estado autonómico del descontrol del gasto será muy grande. Argumentos no le faltarán, aunque las culpas están muy repartidas -recuérdese, por ejemplo, la centrifugación del déficit que produjo la Ley de Dependencia.

En cualquier caso, a mí me parece muy probable que el péndulo comience a moverse en sentido contrario y que se inicie un movimiento recentralizador, basado, también, en la filosofía del café para todos. Esto traerá consecuencias muy graves en lo que respecta a Cataluña. La Generalitat, previendo el movimiento pendular contrario, ha tomado ya rumbo de colisión con el futuro Gobierno central recortando el gasto en aquellas partidas que, como la sanidad, más gente movilizan en la calle, al tiempo que reclama el pacto fiscal. En otras palabras, Cataluña reclama la gestión de sus propios ingresos, asimilándose al régimen foral.

Esto pone en cuestión otro aspecto clave del actual régimen político: el café para todos. La gestión de esta situación va a ser muy delicada y compleja. Vaya por delante mi opinión de que, esta vez, Cataluña no se va a conformar con alguna cesión de competencias o con algo más de dinero: lo que está buscando es un encaje distinto dentro del consenso constitucional.

3. La crisis de moral y de valores

Escribí hace algún tiempo en este periódico que la acumulación de derechos sin contrapartida por el lado de los deberes embrutece a las masas. Esto, más por ignorancia que por otra cosa, escandalizó a algunos, que lo consideraron una ocurrencia mía provocadora y deleznable. No es así: este pensamiento tiene firmes raíces en Ortega y en Kant. Lo ilustraré con un ejemplo. El derecho a no ser despedido del trabajo arbitrariamente tiene que tener como contrapartida el deber de ir a trabajar. Si eso no ocurre, se produce el absentismo laboral, que es una verdadera plaga en las empresas españolas.

Nuestra democracia ha puesto mucho más énfasis en publicitar derechos que en reclamar deberes, y así no puede funcionar bien: ya dijo Montesquieu que la democracia se basa en la virtud, es decir, en el cumplimiento de las obligaciones. La clase política se ha dedicado a adular a las masas para conseguir votos, haciéndoles creer que tienen derecho no solo a recibir algo a cambio de nada, sino de recibirlo a perpetuidad. Todo el mundo tiene derecho a un AVE y a un aeropuerto cerca de su casa, sin ir más lejos. Hay unos Reyes Magos o un Papá Noel implícitos en la democracia española: nunca se menciona quién paga los regalos, quién financia esos derechos sin contrapartida.

En ese caldo de cultivo, la burbuja inmobiliaria empeoró mucho las cosas. Hay pocas cosas tan corruptoras como una burbuja inmobiliaria. Probablemente, el narcotráfico a gran escala que sufren algunos países de América Latina sea peor, pero no se me ocurren más ejemplos. En España, la burbuja ha corrompido a las Administraciones Públicas, muy particularmente a las territoriales, que son las que acaban teniendo la capacidad de decisión sobre dónde y sobre qué se construye; ha corrompido a los partidos políticos sin distinción de credo; ha corrompido a los empresarios en busca de recalificaciones o de permisos de edificación; ha vaciado las escuelas en beneficio del ladrillo o de la hostelería, causando un fracaso escolar masivo y creando grandes bolsas de jóvenes sin ninguna cualificación y con un futuro laboral muy incierto, y ha potenciado un sobredimensionamiento del Estado que ahora resulta financieramente insostenible. El paisaje después de la burbuja es desolador.

Lo ocurrido con las cajas de ahorros es muy ilustrativo de la crisis de moral que nos aflige. Hay una máxima en finanzas que establece que la mejor manera de robar un banco es tener uno. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en nuestro país. Las cajas no tienen dueño y nunca han estado gestionadas por angelitos, pero cuando se descentralizó su tutela, pasando esta a corresponder a las comunidades autónomas, la situación cambió a peor. A partir de ese momento, los políticos territoriales no solo decidían dónde y qué se construía, sino, además, quién construía, es decir, qué proyectos tenían financiación y cuáles no.

Todos los partidos políticos, sin ninguna excepción, han intentado controlar las cajas de sus territorios y casi siempre -con alguna grandísima y honrosísima excepción- lo han conseguido. El resultado ha sido catastrófico: de las 45 cajas que había al principio de la crisis no queda hoy en día mucho más allá de media docena de instituciones viables.

Los medios de comunicación han recogido con profusión el saqueo de algunas cajas por parte de sus directivos y de los Gobiernos autonómicos a cuya tutela estaban encomendadas. No están todas las que son, pero es bueno que estas cosas se publiquen.

Mientras ocurría todo esto, ¿por qué no actuaba el Banco de España? Solo se me ocurren tres posibles respuestas: porque no sabía; porque no podía, o porque no quería. Cualquiera de las tres da pie a preguntas muy incómodas. Por razones de salud democrática, creo que estaría bien que el próximo Congreso de los Diputados hiciera estas preguntas.

4. Posdata

Las crisis son tiempo de tribulación, pero también tiempo de oportunidades. La España de 2011 no es la de 1978: no solo ha progresado mucho, sino que tiene potencial para mejorar mucho más. Algunas de las mejores empresas del mundo son españolas. Algunas empresas españolas son líderes tecnológicos mundiales en su sector. Las empresas españolas están compitiendo en los mercados globales y ganando cuota de exportación.

Hay que liberar el potencial de la economía para acabar con las lacras del desempleo, de los subsidios permanentes y de la corrupción. Para ello hay que tratar a los españoles no como menores de edad, sino como ciudadanos. En vez de adularles, hay que razonarles por qué son necesarias las reformas estructurales. Y hay que ponerlas en práctica. La campaña electoral que ahora empezará es una buena ocasión para el debate.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Domingo, 23 de octubre de 2011