El Consell tiene 25.000 empleados públicos más que al llegar Camps

¿Son intocables los puestos de trabajo de los empleados públicos? ¿Se puede despedir a un funcionario? Dos catedráticos expertos en Derecho del Trabajo ofrecieron sus perspectivas sobre el asunto en unas recientes jornadas organizadas por la Federación de Servicios Públicos de UGT. La directiva de la Unión Europea que inspira la normativa sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) indica que tales actuaciones no son de aplicación a los funcionarios públicos pero, simultáneamente, la Unión Europea reclama el despido de decenas de miles de empleados públicos griegos para aprobar un nuevo rescate financiero del país heleno. "Cada Estado puede hacer lo que quiera", comentó Carlos Alfonso, de la Universitat de València, "depende de la transposición que se haga de la directiva europea".

Alfonso, sin embargo, explicó que los ERE entre funcionarios y empleados públicos, desde su perspectiva, solo se pueden aplicar de forma muy residual, "cuando un servicio pierde la razón de ser o cuando la financiación externa de alguna prestación se agota". También recordó que "las Administraciones locales, por ejemplo, están obligadas por ley a prestar toda una serie de servicios a los ciudadanos, desde el transporte hasta la gestión de los cementerios, y están obligadas a garantizar unas plantillas mínimas".

Cristóbal Molina, de la Universidad de Jaén, comentó las medidas de ajuste del gasto y mejora de la eficiencia que se han adoptado en otros países europeos. Molina apostó por una renovación permanente del aparato público para "anticipar" las ineficiencias y reordenar los servicios con una formación continua de los empleados públicos. "Es mucho más caro para el erario público asumir una jubilación a los 53 años que invertir en la formación de los trabajadores despedidos para reubicarlos y garantizarles una vida laboral digna hasta la edad de jubilación", comentó.

¿Cuál es el problema? "El problema reside en que cuando Telefónica hace una presentación para inversores en la city de Londres ofrece un dividendo sustancioso y el recorte de miles de empleos, y eso gusta a los potenciales accionistas", comentó Molina. "Si los empresarios tuvieran que soportar parte del coste de las prejubilaciones en lugar de cargarlo todo a las arcas del Estado, tal vez las cosas fueran de otra manera, no vale pedir a todo el mundo que se apriete el cinturón si no tocamos el bolsillo a las grandes empresas. Si no dejan de tener dinero en el bolsillo, ¿para qué se van a apretar el cinturón?", se preguntó Molina.

Frederic Monell, de la ejecutiva confederal de la UGT, alertó en la misma jornada a los delegados de la FSP de UGT sobre la necesidad de armarse ante la agresión a los servicios públicos que ha desencadenado el PP en los Gobiernos autonómicos que acaba de asumir. "Los trabajadores deben saber que cualquier recorte de gasto público es un recorte de renta diferida", dijo.

Pero los representantes de los empleados públicos chocan con un problema de mucho más calado que confesó Paco Caballero, responsable de Administración Local de la FSP: "No estamos acostumbrados a negociar ERE, tenemos que aprender".

- El número de empleados públicos al servicio de la Administración de la Generalitat, léase el Consell, era de 131.793 en 2003.

- Ocho años más tarde, el número de perceptores de un salario público ascendía a 156.034, un 15% más.

- Los trabajadores al servicio de las instituciones sanitarias alcanzaron su techo en 2006, cuando Sanidad pagaba a 76.288 empleados.

- Cuatro años más tarde, en 2010, el personal al servicio de las instituciones sanitarias sumaba un total de 72.896 empleados, un 4,5% menos.

- El capítulo 1 de los presupuestos de la Generalitat, la masa salarial de los empleados públicos, sumaba 5.278 millones de euros a principios de 2011.