El Consell tiene 25.000 empleados públicos más que al llegar Camps
La Sanidad pública pierde 3.400 trabajadores entre 2006 y 2010
Los responsables de Administración Pública están obligados a meter "tijera" en el capítulo de gastos. El consejero de Hacienda y Administración Pública ha sugerido en privado que pretende reducir el capítulo 1 en torno un 10% en los presupuestos de 2012. Fuentes oficiosas elevan el recorte de la masa salarial de la Administración general de la Generalitat hasta el 11%, una cantidad en torno a 580 millones de euros. Pero, una vez más, los responsables de Hacienda de la Generalitat no están peleando contra una pesada herencia recibida, sino contra los fantasmas que ellos mismos contribuyeron a crear.
La Administración general de la Generalitat empleaba en 2003 a 131.793 trabajadores, según datos recabados de la cuenta general correspondiente a ese ejercicio.
La Generalitat empleaba a 156.034 trabajadores a finales de 2010
Ocho años más tarde, después de dos legislaturas en las que Francisco Camps ocupó la presidencia de la Generalitat, el número de perceptores de un salario público se elevaba a 156.034, un incremento porcentual del 15%.
El capítulo 1 de los presupuestos de 2011 sumaba 5.278 millones de euros, un paquete que engloba la nómina de los empleados públicos y las cotizaciones sociales correspondientes.
El aumento del número de perceptores de salarios públicos contrasta con un llamativo descenso en el personal al servicio de las instituciones sanitarias. El número de empleados públicos al servicio de las instituciones sanitarias alcanzó su techo en 2006. La cuenta general correspondiente a ese ejercicio cifra en 76.288 los empleados por la Generalitat para atender a los funcionarios y al personal estatutario al servicio de la sanidad pública, desde médicos a personal residente o personal de sustitución.
Cuatro años más tarde, en la última cuenta general difundida por la Consejería de Hacienda y correspondiente a 2010, el personal al servicio de las instituciones sanitarias públicas se había reducido a 72.896 empleados. Un recorte de 3.400 trabajadores, un 5% del total, que contrasta con el sostenido aumento del conjunto del personal al servicio de la Generalitat que engrosa el capítulo 1 del presupuesto.
A finales de 2010, el Consell de la Generalitat, al margen de las empresas públicas, empleaba a 156.034 trabajadores. Casi la mitad, 72.896 eran personal al servicio de las instituciones sanitarias, desde funcionarios hasta personal estatutario que, a todos los efectos, tiene consideración de funcionario. Los funcionarios al servicio de la sanidad eran 29.989, el personal estatutario sumaba 42.612 empleados y los 295 restantes tenían la consideración de personal laboral.
El resto de perceptores de nóminas de parte del Consell de la Generalitat incluía a finales del año 2010 a 124 altos cargos, 129 trabajadores considerados personal eventual, 4.627 empleados como personal laboral y 78.237 funcionarios, de los cuales, al menos el 20% responden a la consideración de personal interino.
El capítulo 1 de la Generalitat, la nómina, incluye, como en cualquier empresa, los costes asociados a las cotizaciones sociales. En el caso de los empleados públicos, el abanico es muy extenso. Muchos empleados procedentes de la Administración General del Estado siguen cotizando por debajo de la media a Muface, la Mutua de Funcionarios de la Administración Central del Estado. El personal funcionario de la Generalitat con puesto ganado por concurso de méritos tributa en torno al 25% a la Seguridad Social. Los funcionarios interinos tributan cerca del 30%. En caso de despido, formalmente, desaparición de las necesidades del servicio que dieron origen a su plaza, no tienen derecho a indemnización. Pero sí a dos años de subsidio de desempleo. El personal laboral sí tiene derecho a indemnización y a dos años de paro.
Recortes de gasto, recortes de renta
¿Son intocables los puestos de trabajo de los empleados públicos? ¿Se puede despedir a un funcionario? Dos catedráticos expertos en Derecho del Trabajo ofrecieron sus perspectivas sobre el asunto en unas recientes jornadas organizadas por la Federación de Servicios Públicos de UGT. La directiva de la Unión Europea que inspira la normativa sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) indica que tales actuaciones no son de aplicación a los funcionarios públicos pero, simultáneamente, la Unión Europea reclama el despido de decenas de miles de empleados públicos griegos para aprobar un nuevo rescate financiero del país heleno. "Cada Estado puede hacer lo que quiera", comentó Carlos Alfonso, de la Universitat de València, "depende de la transposición que se haga de la directiva europea".
Alfonso, sin embargo, explicó que los ERE entre funcionarios y empleados públicos, desde su perspectiva, solo se pueden aplicar de forma muy residual, "cuando un servicio pierde la razón de ser o cuando la financiación externa de alguna prestación se agota". También recordó que "las Administraciones locales, por ejemplo, están obligadas por ley a prestar toda una serie de servicios a los ciudadanos, desde el transporte hasta la gestión de los cementerios, y están obligadas a garantizar unas plantillas mínimas".
Cristóbal Molina, de la Universidad de Jaén, comentó las medidas de ajuste del gasto y mejora de la eficiencia que se han adoptado en otros países europeos. Molina apostó por una renovación permanente del aparato público para "anticipar" las ineficiencias y reordenar los servicios con una formación continua de los empleados públicos. "Es mucho más caro para el erario público asumir una jubilación a los 53 años que invertir en la formación de los trabajadores despedidos para reubicarlos y garantizarles una vida laboral digna hasta la edad de jubilación", comentó.
¿Cuál es el problema? "El problema reside en que cuando Telefónica hace una presentación para inversores en la city de Londres ofrece un dividendo sustancioso y el recorte de miles de empleos, y eso gusta a los potenciales accionistas", comentó Molina. "Si los empresarios tuvieran que soportar parte del coste de las prejubilaciones en lugar de cargarlo todo a las arcas del Estado, tal vez las cosas fueran de otra manera, no vale pedir a todo el mundo que se apriete el cinturón si no tocamos el bolsillo a las grandes empresas. Si no dejan de tener dinero en el bolsillo, ¿para qué se van a apretar el cinturón?", se preguntó Molina.
Frederic Monell, de la ejecutiva confederal de la UGT, alertó en la misma jornada a los delegados de la FSP de UGT sobre la necesidad de armarse ante la agresión a los servicios públicos que ha desencadenado el PP en los Gobiernos autonómicos que acaba de asumir. "Los trabajadores deben saber que cualquier recorte de gasto público es un recorte de renta diferida", dijo.
Pero los representantes de los empleados públicos chocan con un problema de mucho más calado que confesó Paco Caballero, responsable de Administración Local de la FSP: "No estamos acostumbrados a negociar ERE, tenemos que aprender".
Empleados públicos
- El número de empleados públicos al servicio de la Administración de la Generalitat, léase el Consell, era de 131.793 en 2003.
- Ocho años más tarde, el número de perceptores de un salario público ascendía a 156.034, un 15% más.
- Los trabajadores al servicio de las instituciones sanitarias alcanzaron su techo en 2006, cuando Sanidad pagaba a 76.288 empleados.
- Cuatro años más tarde, en 2010, el personal al servicio de las instituciones sanitarias sumaba un total de 72.896 empleados, un 4,5% menos.
- El capítulo 1 de los presupuestos de la Generalitat, la masa salarial de los empleados públicos, sumaba 5.278 millones de euros a principios de 2011.
