La agencia ambiental de Obama, paralizada por el acoso político

La única institución gubernamental que se ha atrevido a planificar e implantar reformas medioambientales en Estados Unidos, la Agencia de Protección Medioambiental, dependiente de la Casa Blanca, se halla bajo acoso político desde que Barack Obama llegara al poder hace casi tres años. Uno de los mayores golpes contra sus funciones se lo ha asestado su propia oficina de inspección de asuntos internos, que después de un pormenorizado escrutinio la ha acusado de llegar de forma precipitada y errónea a la conclusión, en 2009, de que los gases de efecto invernadero son un riesgo para la salud de los seres humanos.

Esa es una conclusión a la que la ciencia llegó hace ya tiempo, pero que la clase política norteamericana se resistió a asumir durante largos años. Y cuando lo hizo, fue porque el Tribunal Supremo se lo exigió en una sentencia de 2007, durante los últimos años del mandato de George W. Bush. Entonces, la máxima instancia judicial del país exigió a la Agencia Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés) que determinara si los gases contaminantes eran perjudiciales para la salud humana. Si lo eran, le encargaba que regulara su limitación.

La inspección pedida por el Senado se basa en errores de forma

Están en juego las capacidades reguladoras del organismo

La EPA inició entonces un proceso de análisis científico sobre los efectos de la contaminación en las personas. Estancado durante meses, sólo se finalizó, por la vía rápida, cuando Obama asumió el poder. "La conclusión principal es que la contaminación con gases de efecto invernadero es un grave problema, para esta y para futuras generaciones", dijo entonces la directora de la agencia, Lisa P. Jackson. "El problema de la contaminación tiene una solución: crear miles de trabajos en el sector de las renovables y acabar con la dependencia del petróleo extranjero". Aquella conclusión permitió al presidente sortear las divisiones en el Congreso y ordenar a la EPA que comenzara a limitar las emisiones contaminantes fábrica a fábrica por decreto. Fue una de las decisiones más polémicas de Obama, que el presidente asumió después de comprometerse en la cumbre del clima de Copenhague de 2009 a reducir las emisiones de CO

2 un 17% para 2020 y un 83% para 2050, con respecto a 2005.

Inmediatamente, los republicanos y algunos demócratas conservadores acusaron a Obama de ignorar al poder legislativo e imponer normas por la vía ejecutiva. El caso es que el Supremo y el informe de la EPA de 2009 se lo permitían. El Senado pidió una investigación independiente, que ha publicado sus conclusiones esta semana. Las críticas son eminentemente formales, centradas en el proceso de revisión de conclusiones por parte de la comunidad científica.

"Ese informe de 2009 no cumple con los requerimientos básicos de escrutinio por parte de científicos influyentes, principalmente porque las revisiones a las que se sometió al informe, y la respuesta a ellas por parte de la EPA, no se han hecho públicas, y porque entre los 12 científicos que accedieron al informe y lo revisaron, uno era un empleado de la propia EPA", dice el nuevo estudio del inspector general. Este no evalúa la calidad científica de los datos empleados en el informe de 2009.

Para los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes y los Gobiernos de 29 de los 50 Estados de la Unión, esta crítica del inspector general es la vía que buscaban para someter a la EPA a un proceso de escrutinio legislativo, en el que quieren desautorizarla y despojarla de la capacidad de emitir normas vinculantes por la vía ejecutiva. El líder de la mayoría republicana en la Cámara, Eric Cantor, ha acusado a la EPA de ser "una destructora de empleo". Sus compañeros de bancada han pedido que se abra una investigación en el Congreso.

"Este informe demuestra que la conclusión de que existe una amenaza contaminante para los seres humanos, que es la base de las regulaciones que tantos puestos de trabajo han destruido, fue precipitada, parcial y errónea", dijo el senador republicano James Inhofe. "Pone en seria duda la integridad científica de los procesos de decisión de la EPA, y daña gravemente la credibilidad de la conclusión de que existe una amenaza".

El 3 de septiembre, Obama cedió a las presiones de los republicanos y de la crisis económica, y prohibió a la EPA que imponga nuevas restricciones a las emisiones de ozono hasta dentro de dos años, revirtiendo una de sus primeras decisiones como presidente. El presidente evitó así imponer severos ajustes a fábricas y refinerías en un año de elecciones, como será el próximo.