Una catedrática de perfil moderado sustituye al juez Montero en el TSJ
María Pía Calderón se impone en el CGPJ al candidato más cercano a Fabra
La catedrática María Pía Calderón, de 53 años, fue elegida ayer nueva magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano en sustitución del juez Juan Montero, que había solicitado la excedencia poco antes de alcanzar la edad forzosa de jubilación. Calderón logró un importante consenso en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que la seleccionó con 19 votos a favor y dos abstenciones. Avalada por un impecable currículo académico y definida por fuentes que la conocen como una experta en Derecho Procesal de perfil político moderado, Calderón se impuso a los otros dos integrantes de la terna, la catedrática de Derecho Constitucional Elena Sánchez y José Luis Cuesta, fiscal en Castellón.
El magistrado saliente se situaba en posturas muy conservadoras
Los tres fueron propuestos al CGPJ por las Cortes Valencianas. En el tradicional turno establecido por los dos grandes partidos, la elección de la terna correspondió al PP. Según las fuentes consultadas, sin embargo, el primer candidato de la Generalitat era José Luis Cuesta, con quien el presidente del Consell, Alberto Fabra, tendría una buena relación. Y en una escala de preferencias, Sánchez habría ocupado el segundo puesto.
Calderón, que finalmente cosechó algo muy parecido al consenso en el CGPJ, con el apoyo de los bloques conservador y progresista, era, según las fuentes consultadas, la menos significada desde un punto de vista partidista y la que contaba con mayor reconocimiento profesional dentro y fuera de Valencia. Como prueba, la nueva magistrada había integrado previamente la terna para la sala segunda del Tribunal Supremo.
El reemplazo de Juan Montero por María Pía Calderón presenta ciertas simetrías: ambos son catedráticos de la Universitat de València y expertos en Derecho Procesal, una pericia que la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano va a necesitar dada la complejidad de algunos de los casos que tendrá que conocer el órgano debido a la implicación de aforados.
El cambio presenta también alguna diferencia. Montero, a quien pocos discuten sus méritos como procesalista, es conocido por estar inclinado hacia posiciones muy conservadoras. Ideología personal aparte, las fuentes consultadas señalan que Calderón destaca por su perfil profesional.
La magistrada, elegida miembro del TSJ dentro del cupo de juristas de reconocido prestigio con 15 años de experiencia profesional, estudió la carrera en Valladolid y se trasladó por motivos familiares a Valencia. Realizó la tesis doctoral en la Universitat de València iniciando una trayectoria académica en la que ha acumulado tres sexenios de investigación. Uno de los campos en los que se ha especializado ha sido el desarrollo del Derecho Procesal en el seno de la Unión Europea. Fue directora del Centro de Estudios Jurídicos San Pablo-CEU y ha realizado estancias, entre otras, en las universidades de Nueva York, Bolonia, Londres y Fordham.
Calderón también formó parte durante dos años de la comisión del cuarto turno (la que examina la entrada a la carrera judicial de los profesionales de reconocido prestigio), con sede en Madrid. La reputación lograda, apuntan las fuentes, ayuda a entender por qué ha conseguido imponerse a dos candidatos que contaban con más padrinos políticos.
Sin amigos en el tribunal superior
Dejando a un lado los méritos profesionales de los tres candidatos a completar la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, las fuentes jurídicas consultadas ayer coincidieron en que la elección de la catedrática María Pía Calderón contribuirá a reforzar la imagen del órgano, muy desgastada desde que el estallido del caso Gürtel puso de manifiesto vínculos personales entre alguno de sus miembros y los cargos políticos a quienes potencialmente podían juzgar.
El expresidente de la Generalitat Francisco Camps dijo un día en público que la palabra amigo se quedaba corta para describir su relación con el entonces presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa.
Tiempo después, el juez defendió e impuso en la sala la teoría de que un cargo público que aceptara regalos realizados en atención a su puesto no cometía un delito si quien entregaba la dádiva no obtenía una contrapartida, aunque ello supusiera suprimir de facto el delito de cohecho pasivo impropio del Código Penal. El coste en términos de reputación de aquella decisión fue alto, como puede leerse en el auto del Tribunal Supremo que revocó la decisión y ordenó reabrir el caso de los trajes, en el que estaban imputados Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.
Los costes de otro orden están a la vista. Campos y Betoret ya están condenados. Camps y Costa se encuentran prácticamente en el mismo punto en el que los dejó el archivo de la causa; a punto de ser juzgados, solo que dos años y unas elecciones autonómicas después.
Por ello, en la terna remitida por las Cortes al Consejo del Poder Judicial el nombre de José Luis Cuesta, fiscal de menores en Castellón durante mucho tiempo y que en principio era el candidato con más posibilidades de ocupar el puesto, hizo saltar algunas alarmas, dada su cercanía con el actual presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra. Una cercanía que las fuentes consultadas sitúan en distintos grados, pero que resultaba problemática debido precisamente al precedente de De la Rúa. La sustitución de este por Pilar de la Oliva y la llegada de Calderón mejora, coinciden todos, la apariencia de independencia del tribunal.
Sobre la firma
