Urbanismo de Sevilla insiste en cambiar parte del PGOU para beneficiar a Ikea

El concejal de Urbanismo de Sevilla, Maximiliano Vílchez (PP), convocó ayer a los medios de comunicación para desgranar los detalles del convenio entre la multinacional Ikea y el Ayuntamiento. Pero no el Ayuntamiento de Sevilla sino el de Jerez. En medio de la polémica suscitada por la decisión municipal de modificar el Plan General de ordenación Urbana (PGOU) para dar cabida al proyecto de Ikea en la zona de San Nicolás Oeste, frente del aeropuerto de San Pablo, Vílchez quiso mostrar el acuerdo firmado en Jerez entre la empresa, el anterior gobierno municipal (PSOE) y la Junta para poner de manifiesto que los socialistas ponen "trabas" en Sevilla a lo que permitieron en otro sitio.

Por ahora, la Junta no se ha pronunciado sobre el proyecto de Ikea en Sevilla, mas allá de declaraciones públicas de algunos dirigentes. No lo hará hasta que el Ayuntamiento le presente la propuesta de modificación del plan. Pero el gobierno municipal ya se teme que va a encontrar dificulatdes para obtener el visto bueno y ha optado por ir preparando la artillería.

El edil comparó el proyecto de Sevilla y el de Jerez para hacer ver a la opinión pública que la recalificación urbanística que se plantea en la capital es pequeña, al lado de la que se hizo en la localidad gaditana: aquel proyecto de la multinacional era de 200.000 metros cuadrados de edificabilidad, mientras que el de ahora es de 149.000; el gobierno de Pilar Sánchez recalificó un parque y el de Juan Ignacio Zoido pretende dar el visto bueno a un plan para suelos privados; en Jerez se modificó el PGOU expresamente para Ikea y aquí se pide la adaptación del plan general a la ley de comercio de Andalucía "para beneficio de todos los inversores, no solo de una empresa". Aunque respecto a este último punto, Vilchez acabó admitiendo que el Ayuntamiento de Sevilla también se encamina hacia una recalificación específica para Ikea porque la otra opción, la de adaptar el PGOU a la ley de comercio, "es mucho más lenta".

Una vez expuestas las semejanzas y diferencias entre los dos proyectos, el concejal rehusó aclarar si el gobierno municipal de Sevilla ve en la recalificación de Jerez un ejemplo digno de ser imitado. "No me parece ni bien ni mal. Lo que digo es que la actitud del PSOE es hipócrita porque aquí nos llaman depredadores y especuladores y allí aprobaron lo mismo".

La tesis del PP, según expresó ayer el delegado de Urbanismo, es que la Junta quiere parar el proyecto de Sevilla para evitar que los populares se apunten el tanto de lograr una inversión de envergadura para la ciudad. "El PSOE no quiere que un gobierno del PP traiga esa inversión y consigamos que se instalen aquí empresas", señaló Vílchez, que dio por hecho que las demandas de Ikea van a ser atendidas y que el proyecto se hará "dentro de la legalidad".

El edil no quiso avanzar detalles sobre las conversaciones que mantiene Urbanismo, pero sí que confirmó que las pretensiones de Ikea son las que se conocían hasta ahora: 149.000 metros cuadrados de edificabilidad comercial para instalar su segunda tienda en la provincia y un parque comercial en el que quepan otras superficies a las que la multinacional vendería los suelos. Estas son también las condiciones que recoge el convenio firmado en noviembre de 2005 entre el anterior alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y la multinacional sueca.

El problema surge porque el PGOU solo admite que las superficies comerciales ocupen el 49% de la edificabilidad del suelo (en este caso, 219.574 metros cuadrados), por lo que la propuesta de Ikea excede en 41.409 metros ese tope máximo (107.591,26 metros cuadrados). Para salvar este escollo es para lo que el Ayuntamiento se plantea una modificación en el plan general, a la que la Junta tendría que dar el visto bueno.

Aunque la comparación entre las circunstancias de Sevilla y de la localidad gaditana no es tan lineal como establece Vílchez: el PGOU jerezano estaba en 2005 en vías de revisión, mientras que el de Sevilla es un plan nuevo redactado ya con los parámetros urbanísticos que debían servir para diseñar el crecimiento futuro de la ciudad y alejarla de las recalificaciones a la carta que abundaron en la década de los noventa.

Monteseirín firmó en noviembre el convenio con Ikea, pero su gobierno no llegó a formalizar ese acuerdo en ningún órgano, ni de la Gerencia de Urbanismo ni del Ayuntamiento. ¿Por qué? "Algo oscuro tuvo que pasar porque ese convenio no estaba en el expediente de Urbanismo sobre Ikea", apuntó Vílchez. El edil aseguró no tener constancia de un informe firmado por un funcionario de Urbanismo contrario al Plan Parcial presentado por Ikea y que, supuestamente, fue el que llevó a los socialistas a no seguir adelante con el proyecto y a exigirle a Ikea que se atuviera al PGOU. "No me lo creo", se limitó a decir Vílchez cuando se le planteó esta circunstancia.