El Supremo rechaza el último recurso de Sandokán sobre sus naves

Los 40.000 metros cuadrados de naves ilegales levantados en Córdoba por Arenal 2000, la empresa constructora de Rafael Gómez, Sandokán, no han encontrado respaldo judicial en el Tribunal Supremo. Un fallo ha desestimado el recurso de Gómez contra la sentencia del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) que anulaba el plan urbanístico especial de la carretera de Palma del Río que, en 2006, iba a dar cobertura legal a esa enorme construcción, levantada por el hoy concejal y presidente del segundo partido en la ciudad, Unión Cordobesa. Un segundo plan, que legalizaría más de la mitad de las naves, espera su aprobación en el pleno municipal.

Sin ahondar en la ilegalidad o no de las naves de Sandokán, el TSJA cimentaba su nulidad en el hecho de que el primer plan urbanístico que las iba a legalizar había surgido de la iniciativa privada, concretamente de la propia empresa interesada: Arenal 2000. El plan llegó a aprobarse en el Ayuntamiento de Córdoba con los votos a favor de IU, que gobernaba con Rosa Aguilar como alcaldesa, y del PP. El PSOE se opuso de lleno a aquel documento, alineándose con la Consejería de Obras Públicas, que ya anunciaba el recurso ante el máximo tribunal andaluz.

Una vez que el TSJA ratificó la nulidad del plan del Ayuntamiento cordobés, fue Sandokán quien respondió con su último cartucho: recurrir ante el Supremo. Pero en su argumentación, el Tribunal Supremo recuerda que para rechazar el Plan Especial, el TSJA se ciñó a la legislación urbanística autonómica y que contra ésta no se puede recurrir ante el Supremo. "No cabe revisar aquí la interpretación que hace la sala de instancia de la normativa autonómica aplicable al caso, debiendo ser desestimado el motivo de casación", señala la sentencia.

El fallo del Supremo devuelve el turno de jugada al Ayuntamiento, que no se había personado en este recurso. Pero que tampoco se ha estado quieto. En estos tres años ha tenido tiempo de redactar un nuevo Plan Especial de la Carretera de Palma del Río, que reordene el caso de la naves de Sandokán. De hecho, el veredicto del Supremo era la señal que se estaba esperando para poder aprobarlo definitivamente en el pleno. Este segundo documento contempla la demolición de solo 15.000 metros cuadrados, lo que dejaría en pie y legalizados el 62,5% de los inmuebles.

Después de que el primer plan para regularizar las naves de Sandokán fuese anulado por ser de iniciativa privada, el Ayuntamiento se aseguró de que el nuevo documento partiese desde lo público. Y de que contase con el consenso de los partidos y de la Junta. El momento no podía ser mejor. Cuando se redactó, Rosa Aguilar, la exalcaldesa que había protagonizado ásperos debates con el PSOE por este asunto, se había pasado al Gobierno autonómico del PSOE de José Antonio Griñán. Y no a una cartera cualquiera, era la consejera de Obras Públicas, la misma área que había recurrido su primer plan. De esta manera, la tesis tradicional mantenida por la Junta de demoler al menos el 50% de las naves se volvió más flexible, aceptando finalmente el 37,5%. Cuando salió aprobado por la Gerencia Municipal de Urbanismo, a la espera de la próxima votación en el pleno, contó con el apoyo de IU y PSOE. El PP se abstuvo.