Adopciones urgentes

La Junta de Andalucía está comenzando a tramitar adopciones de menores rumanos en situación de abandono a pesar de que existe un convenio firmado en 2005 entre España y Rumanía que prohíbe la adopción internacional de niños de esta nacionalidad. Se está haciendo a requerimiento de la Fiscalía, que considera "insostenible" la situación de unos 40 niños en Andalucía. Se trata de niños cuya familia no ha podido ser localizada y que, en virtud de este acuerdo entre los dos países, viven condenados a permanecer en una situación de acogimiento familiar inestable.

Están empezando por los casos más urgentes, tres o cuatro casos de bebés abandonados en el nacimiento, que en el caso de pasar a vivir con una familia de acogida tendrían que cambiar de entorno cada seis meses. El fiscal coordinador de menores andaluz, José Rogelio Muñoz, se muestra satisfecho porque se estén aplicando "vías de solución" a un problema que llevan padeciendo más de cinco años y por el que todas las fiscalías de menores estaban preocupadas.

Los primeros casos son de bebés cuyas familias no han sido localizadas

Un acuerdo de 2005 prohíbe que se adopten niños de esta nacionalidad

"Esta situación, de acogimiento familiar inestable que nunca podría pasar a preadoptivo, o el hecho de estar en una residencia durante su infancia o adolescencia, implica unas carencias afectivas serias", incide Muñoz en uno de sus informes, incluido en la memoria de la fiscalía andaluza de 2010.

La Dirección General de Infancia y Familia de la Junta de Andalucía estudió las propuestas fiscales durante un tiempo y desde principios de año ha empezado a tramitar estas peticiones de adopción. Como son menores no acompañados, quien tiene la competencia para proponerlo es la Junta de Andalucía, y quien debe autorizarlos, los juzgados de familia.

Las adopciones se tramitan siguiendo una serie de consejos que los fiscales de menores de toda España elaboraron en una reunión celebrada en 2009.

Siempre deben afectar a menores de corta edad no acompañados y en los casos en los que no se ha podido contactar con su familia y no han podido ser repatriados. En estos casos urgentes y excepcionales, siempre se promueve el procedimiento de adopción después de esperar un tiempo prudencial y "de acuerdo con el interés superior del menor", recoge el documento con las conclusiones de la cita.

Se trata de mantener al menor en España, bajo protección de la Junta , y de enmarcar estos casos en el artículo número cuatro del acuerdo que España y Rumanía firmaron el 15 de diciembre de 2005, que aborda la situación de los menores residentes en España.

Los fiscales se han propuesto hacer un esfuerzo especial en mantener informados puntualmente a las representaciones diplomáticas de Rumanía, notificándoles puntualmente todos los trámites de adopción que se inicien y ofreciéndoles la oportunidad de presentar alegaciones.

"Cada caso es diferente. Lo importante es que se ha empezado a desbloquear por las situaciones más apremiantes, que afectan a menores de hasta seis años", incide el fiscal coordinador andaluz. Teresa Vega, directora de infancia y familia de la consejería de Igualdad y Bienestar Social, explica que Rumanía sólo permite la adopción de uno de sus menores cuando hay línea de consanguinidad, algo que crea situaciones complicadas en los casos de menores en los que no consiguen dar con sus familias. "Se han dado situaciones de madres que han renunciado a sus hijos y nos han dado información falsa sobre su identidad, algo que dificulta enormemente la búsqueda de sus parientes y el retorno", asegura.

El sistema de protección de la Junta acoge a 119 menores de esta nacionalidad. Estos niños han quedado bajo la tutela andaluza por motivos muy diferentes, como abandono, maltrato o mendicidad. En todos los casos, la Junta busca a sus familias en España y Rumanía y procura que puedan establecerse con ellas.

El problema surge cuando ese retorno no es posible. "La fiscalía plantea que los menores dejen de estar en un limbo jurídico y se tomen medidas definitivas lo antes posible, por el interés del menor", explica.

Teresa Vega asegura que la Junta mantiene "muy buenas relaciones" con el consulado rumano y que, tal y como ellos solicitan, se agotarán todas las vías antes de pedir la adopción de estos menores. De hecho, en este momento 13 niños de hasta 10 años forman parte de un proyecto de retorno porque han conseguido localizar sus orígenes.

EL PAÍS se ha puesto en contacto con el consulado rumano, sin que se hayan pronunciado.