Lo que Rajoy puede aprender de Cameron
Un año después de los ajustes del Gobierno británico, el crecimiento económico es menor de lo previsto y ha caído la confianza de los consumidores y empresarios. Las recetas agresivas no son sensatas ni factibles
El plan de Cameron da confianza; yo haría algo similar en España". Este era el titular de la entrevista que le hizo EL PAÍS a Mariano Rajoy en octubre de 2010. ¿Y cuál es, un año exacto después del "presupuesto de emergencia" del nuevo Gobierno de coalición, el "plan de Cameron"? ¿Ha inspirado "confianza"? ¿Qué repercusiones tiene (vistas desde Londres) para España?
El señor Rajoy especifica dos elementos fundamentales del "plan de Cameron" que admira: el primero, el empeño de reducir el déficit; el segundo, que se prioricen ciertos programas, en vez de hacer recortes generalizados. Me gustaría añadir un tercer componente muy importante: las reformas estructurales de la sanidad, la educación y el Estado de bienestar.
La prioridad para España es, sin duda, el mercado de trabajo. Es su primera debilidad económica
Los economistas, cada vez más escépticos sobre la estrategia de la coalición de conservadores y liberales
La coalición gubernamental británica está decidida a llevar adelante un agresivo programa para reducir el déficit fiscal, con el objetivo de eliminar el déficit estructural -que en la actualidad está aproximadamente en el 5% del PIB- durante la actual legislatura, sobre todo, mediante reducciones del gasto. Se trata del mayor programa de consolidación fiscal que ha habido en Reino Unido desde los años treinta del siglo pasado. Y un dato crucial es que, a diferencia de algunos países de la eurozona, como España, Reino Unido no lo hace porque los mercados financieros le hayan obligado; cuando la coalición llegó al Gobierno, los tipos de interés eran bajos y estables. Aunque el ministro de Hacienda, George Osborne, ha comparado en numerosas ocasiones Reino Unido con Grecia y otros países de la eurozona, tales comparaciones son un ejercicio de retórica política que no tiene fundamento en la realidad económica.
Como dice el señor Rajoy, se esperaba que el programa de reducción del déficit reforzara la confianza y, por consiguiente, impulsara, o al menos mantuviera, el crecimiento. En su momento, Paul Krugman se burló de este argumento, diciendo que era como fiarse del "hada de la confianza". Hasta ahora, los hechos han dado la razón al profesor Krugman. La confianza de los consumidores y las empresas, salvo en algunos sectores orientados hacia la exportación, que se han beneficiado de la depreciación de la libra, ha caído mucho. En parte como consecuencia de ello (también ha contribuido la subida de los precios del petróleo), el crecimiento ha sido mucho más lento de lo previsto. En el momento de presentar el presupuesto del año pasado, la previsión oficial de crecimiento para 2011 era de alrededor del 2,5%. En realidad, el crecimiento en los seis últimos meses ha sido cero, y las previsiones para todo 2011 son del 1,5%. En el Instituto Nacional de Investigación Económica y Social siempre fuimos más pesimistas que el Gobierno, pero también nosotros hemos tenido que rebajar nuestras previsiones.
El resultado es que los economistas se sienten cada vez más escépticos sobre la estrategia fiscal de la coalición gubernamental de conservadores y liberales; además del profesor Krugman, otros premios Nobel como él, Chris Pissarides, Amartya Sen y Joe Stiglitz, también la han criticado (para no hablar de economistas menos distinguidos como yo mismo). Sin embargo, el Gobierno permanece firme, porque teme que cualquier indicio de moderación provoque una pérdida irreparable de credibilidad política y económica. La discusión continúa, pero, en mi opinión, aunque esa tozudez no va a llevarnos al desastre económico, sí supondrá un periodo prolongado e innecesario de menor crecimiento de la producción y el empleo, que perjudicará el comportamiento social y económico de Reino Unido.
Por tanto, mi consejo al señor Rajoy y a España es que, aunque es fundamental, desde luego, una estrategia creíble y detallada de reducción del déficit, esa estrategia debe reflejar el mundo tal como es, no como a uno le gustaría que fuera. Un plan que sea demasiado agresivo -que haga demasiados recortes y con demasiada rapidez para la salud general de la economía- apela al instinto enérgico y viril de algunos políticos, pero puede no ser sensato ni factible por razones políticas o económicas.
El segundo aspecto es el de las prioridades. La coalición ha protegido los presupuestos de sanidad y, en menor medida, educación, y ha ampliado la ayuda exterior. En cambio, están previstos grandes recortes en transportes, defensa, policía y prisiones y, sobre todo, en prestaciones sociales. Aunque los presupuestos de ciencia e investigación están a salvo de los mayores recortes, existe el plan de reducir enormemente las inversiones del Gobierno.
Esto es un reflejo de la realidad política. Menos los más ricos, casi toda la población británica utiliza los servicios públicos de salud y educación; además, las presiones demográficas y tecnológicas hacen que, incluso con esa protección relativa, la sanidad vaya a tener que sufrir duros ajustes. Por el contrario, reducir el Estado de bienestar es muy popular, sobre todo entre los partidarios del Gobierno. La excepción es la ayuda exterior, en la que la coalición ha prometido cumplir el objetivo de la ONU del 0,7% del PIB pese a que es muy impopular; es una política que parece corresponder a un compromiso personal muy firme (y, a mi juicio, admirable) del primer ministro. Pero, en general, las reducciones muestran, más que una estrategia global coherente, un cuidadoso equilibrio -tal vez inevitable- entre presiones económicas, políticas y sociales contrapuestas. No me cabe duda de que en España sucederá lo mismo.
Por último, voy a detenerme brevemente en la reforma estructural. En sus primeros meses, la coalición estableció un ambicioso programa de reformas de la sanidad, la educación y las prestaciones sociales:
- En sanidad, aunque mantuvo el principio básico del NHS (el Servicio Nacional de Salud) de gratuidad de uso, planeó una gran reestructuración interna para aumentar las opciones y la competencia. Fue un plan muy impopular, y el Gobierno se vio obligado a dar marcha atrás.
- Por el contrario, varias reformas radicales de las prestaciones sociales pensadas para disminuir la dependencia de la asistencia social e incrementar los incentivos al trabajo han sido bien recibidas hasta ahora por la opinión pública y en todo el espectro político.
- En educación, el Gobierno proyecta también una drástica expansión de la competencia y las opciones en la escuela, aunque es una estrategia que no está probada y que no refleja las conclusiones internacionales.
Es demasiado pronto para pronunciar un veredicto sobre ninguna de estas reformas; y los detalles son demasiado locales para poder aplicar muchas de sus enseñanzas a España. Un principio general que sí se puede extraer es que las reformas tienen más probabilidades de triunfar cuando están basadas en pruebas claras, nacionales e internacionales, y un análisis sensato; en Reino Unido es lo que ha pasado, en parte, con el programa de reforma del Estado de bienestar, pero no con la educación.
Teniendo esto en cuenta, la prioridad para España es, sin duda, el mercado de trabajo. A diferencia del británico, relativamente flexible, y que se comportó bien durante la recesión, el mercado de trabajo español, que se caracteriza por su dualidad, es un motivo fundamental de debilidad económica. Además, al desfavorecer a los jóvenes y los inmigrantes, fomenta las divisiones sociales.
En resumen, no es posible, tras el primer año de Gobierno de coalición en Reino Unido, sacar conclusiones claras en ningún sentido para España. Pero me atrevo a recomendar que se ponga el énfasis en establecer una serie de políticas claras, tanto macroeconómicas como microeconómicas, que sean detalladas y creíbles, basadas en pruebas y análisis, y adecuadas al contexto español. Los planes que se apoyan simplemente en el deseo de dar una imagen radical o diferenciar al Gobierno de sus adversarios políticos no pueden sobrevivir al choque inevitable con la realidad.
Jonathan Portes es director del centro de estudios británico NIESR (Instituto Nacional de Investigación Económica y Social). Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
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