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El bufete de un asesor de Hernández pleitea contra derribos de la Xunta

El despacho tramita reclamaciones millonarias a la Consellería de Territorio

José Luis Narbón es vocal de la Comisión de Urbanismo de Galicia por libre designación del conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, desde 2009. Este mismo departamento le encargó por el procedimiento negociado sin publicidad y sin mesa "un estudio sobre el panorama del derecho urbanístico español" por el que percibió 67.260 euros. Pero el dinero que percibió de la Xunta y sus estrechos vínculos con la consellería, no han impedido que su bufete siga pleiteando contra las demoliciones que ordena la Administración gallega. De un lado, Narbón asesora a Hernández. Por otro, su bufete se querella contra la consellería que preside, en ocasiones, con el único propósito de obtener indemnizaciones millonarias para clientes que han vulnerado las leyes urbanísticas, según consta en numerosas sentencias contra las que ya no cabe recurso.

Como ejemplo el municipio de Marín. Allí, el despacho Martínez Barros&Narbón Abogados reclama a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística 700.000 euros por responsabilidad patrimonial después de que este organismo hubiera ejecutado la demolición de una vivienda construida por un particular en Aguete y que fue ratificada en sentencia firme por los tribunales.

Urbagalex, un departamento del despacho de Narbón, especializado en urbanismo, también intenta evitar a toda costa el derribo del hotel Talaso Atlántico, levantado en suelo rústico de protección de costa en el municipio de Oia, cuya licencia fue anulada por una sentencia firme del juzgado y que está pendiente de demolición.

Pero tal vez el caso más llamativo es el papel que ha jugado el despacho de Narbón en el municipio de A Guarda. Allí, el bufete Martínez Barros&Narbón Abogados defendió, en el origen del pleito, al Ayuntamiento frente a la Xunta, después de que el Gobierno gallego hubiera revocado 24 licencias municipales para construir, cuya anulación refrendaron los jueces en otras tantas sentencias contra las que ya no cabe recurso posible. La Justicia estimó que las dos docenas de viviendas se asentaban sobre suelo rústico de protección urbanística y de costas e ilegalizó las licencias.

Uno de los 11 letrados del despacho, Ruben Nogueira Martínez, representa ahora a dos de los promotores inmobiliarios afectados por las órdenes de derribo en A Guarda -un particular y la sociedad Poallo SL- y además de dirigir su reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento de A Guarda que concedió los permisos (y que estuvo representado por su mismo bufete) demandó a la Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestructuras a la que reclama en nombre de estos dos clientes, 1,5 millones de euros.

José Luis Narbón declinó ayer hacer declaraciones a este periódico sobre el caso con el argumento de que no juega ningún papel en el pleito de A Guarda que lleva su "socio". Ricardo Martínez Barros, por su parte, explicó que, pese a que el bufete lleva el nombre de ambos -Martínez Barros&Narbón Abogados - en realidad "son despachos separados y cada uno tiene una facturación y unos clientes propios". Añadió que Narbón no tiene relación alguna con el caso de A Guarda y que su equipo de abogados ya no defiende al ayuntamiento pontevedrés y solo representa a los promotores. "En el momento en que puede haber colisión de intereses o un supuesto de incompatibilidad dejamos de representar a una de las partes".

Según consta en la información recabada en el Registro Mercantil, Ricardo Martínez Barros y José Luis Narbón García figuran como apoderados de la firma Urbagalex desde el 12 de septiembre de 2001. Es el gabinete especializado en derecho urbanístico de la firma Martínez Barros&Narbón Abogados.

Letrado de Sanxenxo

Los manejos jurídico-urbanísticos de Narbón en la Xunta vienen de antaño. Es uno de los redactores de la Ley 9/2002 de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, que modificó, cuando el fallecido Xosé Cuiña aún era conselleiro de Territorio, la legislación urbanística gallega para que permitiese regularizar edificaciones ilegales. La norma otorga un importante grado de discrecionalidad a la Administración.

Conocedor del texto de la ley y de su espirítu, estos últimos años Narbón hizo caja asesorando a ayuntamientos tan laxos en la concepción del urbanismo como el de Sanxenxo, al que le facturó 345.000 euros como asesor externo, entre los cobros que recibió a su nombre y los que registró a través de su bufete. Los pagos de Sanxenxo a Narbón alcanzaron de media 86.500 euros al año entre los ejercicios de 2006 a 2009. Una cantidad muy similar percibió el año pasado, 84.600 euros, a raíz de un convenio firmado en marzo de 2010 por la alcaldesa, Catalina Gómez, según el cual el letrado se comprometió a ejercer las labores de asistencia jurídica y asesoría.

Además de la factura que emite su despacho por cada pleito mantiene desde 2007 un sueldo de 1.000 euros mensuales en concepto de asesoría jurídica.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 23 de junio de 2011

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