El empresario detenido logró del Igape cuatro millones desde diciembre

La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela Sanjosé, ordenó anoche el ingreso en prisión del empresario Jorge Dorribo, unos de los principales implicados en la trama que presuntamente defraudaba ayudas de la Xunta. La juez tomará hoy declaración al director del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), el organismo que canaliza ayudas y préstamos a empresas de la Xunta, Joaquín Varela Cominges, y a Carlos Silva, subdirector de Información Especializada de ese organismo. Ambos continuaron ayer incomunicados en los calabozos de las dependencias policiales después de que el martes fuesen detenidos en la sede del instituto dependiente de la Consellería de Economía. Además de diversa documentación (que incluye los expedientes de concesión de casi cuatro millones de euros, en préstamos y ayudas, durante los últimos seis meses, a empresas de Dorribo), la policía se incautó de los ordenadores personales.

El empresario Jorge Dorribo fue interrogado durante cuatro horas

Fuentes del PP mostraron malestar por cómo trata la juez a los directivos

Dorribo fue conducido a la prisión provincial de Bonxe, pasadas las diez de la noche, tras declarar ante la juez. Otros cuatro presuntos implicados en la Operación Campeón quedaron en libertad. Entre ellos se encuentra la esposa de Dorribo y dos empleadas de su empresa, la farmacéutica Nupel. La operación, en la que intervienen 30 agentes de Vigilancia Aduanera, halló indicios de que los 15 detenidos el martes podrían haber cometido delitos de fraude en subvenciones públicas, falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Las cuentas bancarias de 14 de ellos han sido intervenidas y la policía tiene en su poder grabaciones de conversaciones telefónicas entre los implicados.

Los agentes del organismo desplazados desde Madrid seguirán en Galicia por lo menos hasta este viernes, por lo que no se descartan más detenciones y registros. A los cargos de la Xunta se les atribuye el supuesto asesoramiento para montar la trama que permitiese a Dorribo obtener cuantiosas ayudas públicas.

En los últimos seis meses, la empresa farmacéutica Nupel, sobre la que se centran todos los focos, tuvo suerte con sus solicitudes ante el Igape. En marzo el organismo publicó la concesión a fondo perdido de 992.942,55 euros para un proyecto de inversión de la firma centrado en una planta de medicamentos en Rábade (Lugo). El Igape dio luz verde a la operación pese a que ya se encontraba en una situación económica delicada. Unos meses antes, en diciembre, consiguió del mismo organismo un préstamo en condiciones muy favorables (euribor más el 0,5%) de 2.956.000 euros financiado con fondos del Banco Europeo de Inversiones. Otra de las empresas de la supuesta trama, la consultora Proitec -que asesoraba a empresas para lograr ayudas públicas- había recibido en 2009 subvenciones a fondo perdido de menor cuantía.

Fuentes del Igape aseguraron ayer que la orden de resolución por las que se otorgaron las subvenciones fue "perfectamente correcta". Aun así, la Consellería de Industria quiso dejar clara su voluntad de cooperación y anunció que ha solicitado a otro departamento, el de Presidencia, que compruebe los expedientes vinculados con la investigación. La Consellería que dirige Javier Guerra pidió que actúe la unidad especializada de la Dirección Xeral de Avaliaciónn Administrativa. En un comunicado -Guerra no compareció ante los medios y su departamento remitió a la intervención en el Parlamento del presidente, Alberto Núñez Feijóo-, Economía insiste en la presunción de inocencia de los altos cargos y en su voluntad de arrojar al caso "la mayor transparencia".

Ante el revuelo mediático que ha levantado la Operación Campeón, fuentes del PP y los abogados de varios detenidos mostraron ayer su malestar por los pasos que está dando la juez Estela Sanjosé, que ya ha dirigido otras operaciones de gran repercusión pública. "No se entiende el motivo de que [Joaquín Varela] lleve dos días detenido y no le dejen ni comunicarse con su familia", señalaron esas fuentes, "sobre todo teniendo en cuenta que es un ejecutivo respetado, que le han registrado el despacho y que no hay riesgo de fuga".