Los peritos constatan que los Fabra defraudaron 1,5 millones

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y su entonces esposa, María Amparo Fernández, defraudaron a Hacienda 1,5 millones de euros entre 1999 y 2004. Al menos así lo constatan los peritos judiciales en un segundo informe presentado ante el juzgado número 1 de Nules, en el que se instruye el caso Fabra.

Fabra ha aclarado solo el origen de 332.565 euros, es decir, el 9% del total de 3,7 millones que los peritos judiciales, que son inspectores de Hacienda, le imputaban como ingresos no justificados en sus cuentas.

La documentación presentada por el dirigente del PP sobre algunos de sus ingresos ha llevado a que los peritos modifiquen las cantidades que, a su juicio, fueron defraudadas por Fabra y su exesposa. En su informe, determinan que Fabra dejó de ingresar algo más de 890.000 euros, en lugar de los 980.000 de los que le acusaron en principio, mientras que en el caso de María Amparo Fernández, las arcas públicas dejaron de percibir poco más de 685.000 y no los más de 750.000 que le atribuyeron en un principio. Es decir, entre ambos, el supuesto fraude es de 1,5 millones de euros y no de 1,7, como se cifró al principio.

El presidente del PP de Castellón ingresó 3,3 millones de origen desconocido

Tras las conclusiones de aquel primer informe pericial, la Fiscalía Anticorrupción pidió 15 años de cárcel para el presidente de la Diputación de Castellón, mientras que la acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores, elevó la petición de pena a 20 años y nueve meses de prisión.

En diciembre, cuando tras siete años de instrucción el titular del juzgado que instruye la causa quería dar por cerradas las diligencias, Fabra presentó ante el juzgado dos informes, realizados por un auditor, que considera justificados todos los ingresos, a la vez que niega que se trate de dinero de procedencia no justificada, sino que, según indica, son movimientos entre las cuentas de los titulares investigados.

Además, el también presidente del PP de Castellón presentó varios documentos "que se han conseguido en el breve plazo conferido", tal como indicó en su comunicación al juzgado. El juez remitió a los mismos peritos la información y les otorgó un plazo de dos meses para que "procedan a hacer las modificaciones y rectificaciones oportunas", tal como han realizado ahora.Los ingresos de origen no justificado del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y su omisión en las declaraciones tributarias supusieron un fraude a la Hacienda Pública concretado en cuatro delitos fiscales. Así concluyen los peritos judiciales que ya han presentado ante el juzgado número 1 de Nules su segundo informe, tras modificar el primero una vez estudiada la información aportada por el propio Fabra.

Los peritos han rebajado de cinco a cuatro estos delitos imputables a Fabra, una vez considerada la documentación presentada por el presidente de la Diputación de Castellón para rebatir las acusaciones de fraude cometido entre 1999 y 2003.

El primer informe pericial destapó la comisión de cinco presuntos fraudes fiscales atribuibles a Fabra, mientras que señaló a su ahora exesposa, María Amparo Fernández, como responsable de otros cuatro delitos, cometidos en 1999, 2000, 2001 y 2003. En el segundo informe, los peritos rectifican sus acusaciones e indican que la documentación aportada hace descartar, para ambos, la acusación sobre el ejercicio de 2001.

Los documentos aportados han hecho variar, según el informe, las cantidades consideradas como omitidas en las declaraciones tributarias durante todos los años de investigación, entre 1999 y 2004, excepto en uno, 2002. Así, en el caso de Fabra, los peritos indican que la información aportada por el presidente de la Diputación de Castellón rebaja de 253.000 a 231.000 la cantidad defraudada en 1999. Para el ejercicio de 2000, el supuesto fraude fue de 124.000 y no de 158.000, mientras que en 2004 Hacienda dejó de ingresar 85.000 euros (que no constituye delito) y no los 94.000 inicialmente calculados. Sin embargo, el estudio de la información que Fabra llevó al juzgado ha hecho que los peritos aumenten la cantidad supuestamente defraudada en 2003 ya que, en el primer informe se le atribuía un fraude de 158.000 euros mientras que ahora lo han elevado a 163.000.

Tal como explican en el documento, los peritos han realizado el informe, que sustituye al anterior, considerado la información que contenían los "contrainformes" presentados por el auditor de Fabra, la documentación aportada posteriormente, los errores detectados y "la depuración de inexactitudes apreciadas".

En cualquier caso, aún no se ha determinado si las acusaciones de fraude fiscal sostenidas por los peritos llevarán al juzgado a Fabra, también acusado de tráfico de influencias y cohecho. Tras la imputación de los delitos fiscales, la Audiencia Provincial de Castellón consideró que estos habían prescrito, a excepción del supuestamente cometido en 1999 porque, en este caso, existió una denuncia previa de la Agencia Tributaria. La diferencia con el resto estriba en que los otros fraudes fueron detectados tras la investigación pericial realizada sobre las cuentas y patrimonio del presidente de la Diputación de Castellón, a raíz, precisamente, de las otras imputaciones judiciales, iniciadas después de que el empresario Vicente Vilar acusara a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos.

Tanto la fiscalía como la acusación popular recurrieron la decisión de la Audiencia de Castellón de declarar prescritos los delitos fiscales posteriores al de 1999 y ahora es el Tribunal Supremo el que ha de decidir si Fabra puede ser juzgado por ellos o no.

La Abogacía del Estado consideró que la decisión de la Audiencia no era recurrible y, tras comprobar que los de las otras partes sí eran admitidos, presentó uno, fuera de plazo. Esta actuación provocó numerosas críticas a las que se respondió alegando que los intereses de la Hacienda Pública estarían igualmente representados con la adhesión al recurso del fiscal.

Ahora, la Asociación de Abogados del Estado ha defendido la actuación de su compañera en Castellón y considera que "no cabe atribuir negligencia alguna en la decisión de no interponer el recurso de casación".