El juez del 'caso Iurbenor' desestima los informes emitidos por Hacienda
El auto fija el dinero que los exsocios recibieron con cargo al IVA no declarado
Jabyer Fernández ha visto favorecida su situación judicial en el procedimiento mercantil del caso Iurbenor por la endeblez de los informes de la Hacienda de Vizcaya y el reconocimiento de sus exsocios de que conocían cómo se iban a repartir los 43 millones procedentes del IVA de la operación Puerta de Bilbao. Así se refleja en el auto de 14 folios que reduce las acusaciones contra Fernández a una causa por insolvencia punible, junto a su hermana Susana.
El magistrado destaca que "es difícil sostener la imputación de un delito contra la Hacienda Pública" contra Jabyer Fernández porque no ha existido "ánimo defraudatorio" ya que todos los actos "por él desplegados indican lo contrario". Es aquí donde la resolución judicial recuerda la petición de aplazamiento realizada por el imputado, que no fue atendida. Desde la defensa se recordó que la solicitud guardaba similitud con la presentada en el mismo ejercicio por alrededor de 700 empresas radicadas en Vizcaya.
"Es difícil sostener la imputación de un delito de Fernández contra Hacienda'
Aguirre compró 3,5 millones de acciones de Habidite con dinero de Iurbenor
Este varapalo del juez a un informe foral vuelve a repetirse cuando se analiza el documento de técnicos de Hacienda relativo al incumplimiento en los pagos de IVA por las opciones de compra de cuatro cooperativas de la futura urbanización Puerta de Bilbao. Así, se refleja que este nuevo informe "ha sido contradicho" por otro pericial en el que se llega a la conclusión de que las escrituras de estas cooperativas "no suponen devengo, no existe hecho imponible". Es aquí donde el magistrado llega a la conclusión de levantar a Fernando García Macua la imputación de un delito contra Hacienda. Con todo, en el auto se recoge que aunque "nos encontramos ante un delito eminentemente doloso", se admite que los hechos reflejados en el informe redactado por dos inspectores de Hacienda "no son base suficiente como para deducir el ánimo de defraudar" tanto por parte de Fernández como por su entonces abogado.
A esta liberación significativa de cargos a favor de Fernández han contribuido también los propios testimonios de sus exsocios, que desempeñaban el papel de denunciantes. El juez pormenoriza las relaciones societarias de cada uno de los cinco firmantes para concluir que su actuación obedeció a "tratar de autoprotegerse frente a posibles acciones de responsabilidad fundamentalmente societaria, así como miedo a una posible derivación de responsabilidad que pudiera hacer Hacienda por el pago del IVA". Como punto de partida, el magistrado anticipa que no ve delito societario".
A continuación, radiografía a los denunciantes. De Josu Olazaran dice que sin participación en Iurbenor, solo posee un 1% en Iurbentia y declaró que conocía las ventas de participaciones de Habidite y que "pensaba tener beneficios". Enrique Guzmán llegó a admitir "haber cobrado un millón de euros" del dinero que obtuvo Iurbenor con la venta de los terrenos, una cantidad que le era adeudada por un préstamo que había hecho a Fernández a través de la sociedad familiar Veliba Spe. A su vez, José Manuel Rodríguez Emaldi admitió tener conocimiento de la marcha de Iurbentia, de la que era consejero, idéntica condición a la de Diego Gutiérrez Zarza que se sintió "perjudicado" por las operaciones realizadas. Michelo Aguirre, por su parte, recuerda que vendió a Iurbenor acciones de Habidite Alonsótegui por un importe de 3,5 millones de euros, abonadas con dinero que Iurbenor obtuvo de los terrenos de Puerta de Bilbao. Sobre García Macua, el auto señala sus participaciones societarias en Iurbentia y sus puestos de secretario en su consejo y en el de Iurbenor, además de ser el asesor fiscal, contable y jurídico de Fernández y sus empresas hasta el 17 de abril de 2009. De hecho, se apunta que su despacho elaboró las minutas de las escrituras. Finalmente, la resolución refleja que Emilio Prieto no solo estaba al corriente de las operaciones de venta de los terrenos sino que tuvo una participación directa en las negociaciones previas junto al propio imputado.
Incluso, el juez entiende que la conducta de Fernández y de Prieto puede ser objeto de responsabilidad en la vía societaria, pero no se disponen de indicios para imputarles ese delito ni el de apropiación indebida.
