Un juez niega a un divorciado en paro bajar su pensión porque es informático

Francisco Igorra, un padre separado de Málaga, está tratando de que los juzgados corrijan una sentencia de divorcio que le obliga a pagar una pensión alimenticia de 950 euros a los tres hijos que tiene con sus ex esposa. Igorra, programador informático de 39 años, asegura que no tiene trabajo y apenas dinero para subsistir, algo que el juez de familia no se cree. En su sentencia de divorcio, de marzo de 2010, el magistrado José Luis Utrera aseguró que la informática pertenece a "una rama económica que no se ha visto afectada por la crisis y en continua expansión".

El padre ha recurrido el fallo sin éxito ante la Audiencia Provincial y ahora quiere llevar su caso al Tribunal Constitucional. Ya adeuda una buena cantidad de dinero a su ex pareja, que le ha denunciado por impago de la pensión por vía penal. "Ella me dijo que no iba a parar hasta verme en la cárcel. No hago absolutamente nada que no pueda acreditar después, porque me denuncia por todo", asegura.

El juez sospecha que el hombre trabaja "en la economía sumergida"

La pareja se separó en 2008. En noviembre de este año, el juez Utrera fijo una serie de medidas provisionales, entre ellas la pensión alimenticia que tendría que pagar por sus tres hijos, que hoy tienen 17, 15 y 6 años, y viven con la madre. "No se descarta que el demandado pudiera realizar trabajos en la economía sumergida", contempló entonces el magistrado refiriéndose a un dato que aportó su esposa durante un interrogatorio.

En la sentencia de divorcio, de marzo de 2010, Utrera mantuvo la cuantía de la pensión: 950 euros. El juez incidió en que no le resultaba creíble "el nivel de ingresos alegado por el padre" y que, durante el juicio, no acreditó suficientemente que había dejado de trabajar para unas empresas que le generaban una facturación de unos 3.000 euros mensuales. "Parece más bien que estamos ante una insolvencia buscada de propósito para no hacer frente a sus obligaciones parentales", estimó.

"Ni que yo fuera el segundo Bill Gates (...) Si he tenido que recurrir a la Iglesia para conseguir alimentos", se queja Igorra. El padre mantiene que calcularon su situación económica con "una única factura" presentada por la defensa de su mujer y, desde entonces, no se han preocupado de investigar si su situación económica ha cambiado.

Igorra asegura que ha pasado "serias calamidades económicas". Ahora vive en un piso propiedad de los padres de su nueva pareja y tiene "seis meses de desempleo", fruto de su último trabajo. "Me siento ninguneado e indefenso. No puedo hacer nada en el juzgado sin que me pregunten si he pagado la pensión, pero mi ex esposa ha cambiado de colegio a mis hijos y ha decidido que hagan la comunión, algo que está obligada a consultarme", relata. Durante la separación, Igorra pidió que se estudiara si sus hijos padecían el llamado síndrome de alienación parental, un proceso que consiste en programar a los hijos para que odien a uno de los padres, y que no está diagnosticado por la Organización Mundial de la Salud.

"Una psicóloga hizo un informe charlando con las dos mayores, pero no hablaron con el pequeño, la madre o conmigo y así no se puede determinar", explica. En el recurso de apelación, reclamó la custodia de sus hijos y que fuera la madre quien le pagara a él una pensión de 450 euros, o que al menos, redujeran la cuantía que tiene que pagar a esta cifra.