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viernes, 7 de enero de 2011

Una explotación bajo sospecha

Cobre Las Cruces acumula ocho expedientes y se enfrenta a un juicio por dañar un acuífero - La fiscalía y el IGME discrepan sobre el impacto negativo de la mina

Con ocho expedientes administrativos abiertos, la mayoría por deficiencias en la gestión del agua, la empresa Cobre Las Cruces se enfrenta ahora a la posibilidad de que las irregularidades detectadas puedan acabar también en un juicio. El Juzgado de Instrucción 19 de Sevilla mantiene abierta una investigación tras la querella presentada por la fiscalía en septiembre de 2008, que considera que los directivos han podido incurrir en un delito continuado de daños y otro contra el medio ambiente por haber deteriorado el estado del acuífero Niebla Posadas.

Tras las declaraciones de los directivos, de los peritos y los informes técnicos, la fase de instrucción está a punto de rematarse y la titular del juzgado tendrá que decidir si archiva la causa o si hay suficientes indicios para que se abra un proceso penal.

Según dos de los peritos, el arsénico se genera de forma natural

En el fondo de este asunto se encuentra el sistema de drenaje y reinyección ideado por la empresa para poder acceder hasta el cobre en la mina sevillana. La corta atraviesa el acuífero y, cuando se concedió el permiso de explotación, se condicionó a que esta reserva de agua no sufriera mermas en su cantidad y calidad, algo que no se habría cumplido si se atiende a los expedientes abiertos por la Administración autonómica, que llegó a paralizar durante una año la actividad de la mina.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir paralizó en mayo de 2008 la actividad de drenaje y reinyección al detectar varias irregularidades: se habían comenzado a ejecutar 20 sondeos sin la autorización pertinente, se detectó una presencia importante de arsénico, se había extraído más agua del acuífero de la que luego se reinyectaba y se habían encontrado varias balsas levantadas en zona de policía del dominio público hidráulico. Partiendo de estos expedientes y de una denuncia de Ecologistas en Acción, la fiscalía sevillana decidió presentar la querella que ahora se está instruyendo.

Una de las declaraciones clave es la de los dos peritos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que han realizado el seguimiento del proyecto desde hace una década. Ambos comparecieron a mediados de diciembre y restaron importancia a los supuestos daños generados en el acuífero, algo que ya habían hecho en el informe que remitieron a la titular del juzgado en mayo de 2010.

Respecto a la contaminación por arsénico, en aquel informe se detallaba que alto contenido detectado "en el acuífero no responde a ninguna anomalía producida por la operación de SDR (Sistema de Drenaje-Reinyección), sino a las características naturales del acuífero, con un contenido en arsénico muy diverso y con una distribución espacial muy heterogénea".

Los peritos afirmaron durante su declaración de diciembre que no había existido "ningún peligro para la salud de las personas", según los datos que ellos manejaron.

Sin embargo, el Ministerio Público ha presentado otro informe, elaborado por la Fiscalía General del Estado, que pone en entredicho las conclusiones del IGME. Según este documento, no se dispone de análisis claros de las aguas de antes y de después de que comenzara la actividad minera: "Los datos que obran en el expediente no son continuos en tiempo y puntos de muestreo, por lo que las conclusiones a las que se llega son completamente cuestionables y no hay elementos objetivos que avalen las teorías expuestas por los técnicos del IGME", que hablan de una presencia natural del arsénico. Es más, la Fiscalía General del Estado sostiene que "hay una relación al menos aparente entre el inicio de las actividades y el incremento en ciertos sectores de los niveles de arsénico".

Otro de los asuntos que se están investigando es el de la pérdida de agua durante el proceso de drenaje y reinyección. Los técnicos del IGME sostuvieron durante la declaración ante la juez que los 75.000 metros cúbicos de pérdida que aparecían en la primera denuncia de la fiscalía "constituye una cantidad relativamente pequeña". La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir finalmente cifró esa extracción en 520.000 metros cúbicos. Sin embargo, los peritos del IGME dijeron desconocer esa cantidad.

Revisión del drenaje

El plan proyectado por Cobre Las Cruces para mantener el equilibrio del acuífero ha fallado. Lo hizo en 2008, cuando la Junta de Andalucía paralizó los trabajos en esta explotación, la mayor a cielo abierto de Europa. La compañía, filial de la multinacional Inmet Mining, tuvo que elaborar un nuevo plan global al detectarse que no era posible reinyectar toda el agua que se sacaba del acuífero para llegar hasta la corta. Y se le permitió volver a los trabajos tras elaborar un nuevo plan en el que ya se contemplara que la empresa acudiera a la compra de derechos de agua para compensar el déficit entre lo que extraía y lo que reinyectaba.

Ahora la Agencia Andaluza del Agua está revisando otra vez la autorización de la explotación minera. Lo hace después del expediente sancionados abierto en junio de 2010 contra la compañía por la pérdida de 531.000 metros cúbicos en el proceso de drenaje.

Ecologistas en Acción y la fiscalía han solicitado al Juzgado de Instrucción 19 de Sevilla que incorpore este nuevo expediente sancionador a la causa. Si lo hiciera, la instrucción del caso podría retrasarse. La compañía ya ha solicitado que no se incorpore, al entender que los hechos "no son los mismos, ni guardan conexión alguna con los que, en su día, motivaron la querella" de la fiscalía.

Por su parte, Ecologistas en Acción ha reclamado a la Junta de Andalucía que, si se modifica el plan global, sea sometido a información pública y una nueva evaluación de impacto ambiental.

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