Zapatero logra apoyo político ante los controladores pero con duras críticas

"Había una situación de calamidad pública, "una abierta rebeldía con el Estado de derecho", "una desobediencia, un incumplimiento flagrante de las leyes y un desafío al orden democrático" y "ha habido que aplicar una medida de excepción para acabar con una situación de excepción que venía dándose durante décadas".

José Luis Rodríguez Zapatero subió a la tribuna del Congreso como primer presidente del Gobierno de la democracia que decreta el estado de alarma y con el objetivo de mostrar la mayor firmeza y contundencia posible frente a los controladores aéreos. Se llevó del Congreso el apoyo mayoritario al inédito estado de alarma, la condena sin fisuras a la actuación de los controladores, la exigencia unánime de medidas para que no vuelva a repetirse y manos libres para exigir responsabilidades a los responsables del caos aéreo de la semana pasada.

IU censura el estado de alarma y el presidente no aclara si lo prorrogará

Pero a partir de ahí, todos los demás portavoces, con distinto nivel de dureza, expusieron sus dudas o sus críticas hacia la gestión del Gobierno. Hasta el punto de convertir lo que iba a ser un pleno plácido, casi institucional y para el que no se habían previsto réplicas, en un debate por momentos bronco. Sobre todo por parte del PP. El presidente del Gobierno transformó su respuesta, que pretendía ser solo de agradecimiento al apoyo frente a los controladores, en una réplica que reabrió el debate y obligó a José Bono a alterar el formato pactado.

Las críticas fueron desde las muy matizadas de PNV, CiU y CC al rechazo total de los partidos de la izquierda (IU, ERC y BNG) a la militarización y el decreto del estado de alarma. Y, sobre todo, de Mariano Rajoy, que puso toda la distancia que pudo con los controladores y apoyó al Gobierno, pero no quiso pasar la oportunidad de desgastar a Zapatero, sin conceder ni un segundo de tregua.

"El Gobierno no ha sabido administrar eficazmente la negociación con este colectivo", le dijo Josep Antoni Duran Lleida (CiU). "Subyace el fracaso de una actuación gubernamental", aseguró Josu Erkoreka (PNV).

Obviamente, el presidente hizo una defensa de su ministro José Blanco por haberse atrevido a actuar contra los controladores y recordó que en su primera conversación con él como ministro de Fomento le dijo que la situación era intolerable y que había que acabar con ella. Luego se aprobó un decreto que recortaba esas ventajas y la Audiencia Nacional lo avaló con una sentencia contundente que denunciaba la excepcionalidad de la situación laboral de los controladores y urgía medidas de la Administración.

Argumentó Zapatero que el viernes se aprobó un decreto aclarando la jornada de trabajo de los controladores, porque ya había habido protestas en Santiago y Canarias y corría el riesgo de extenderse a toda España en el puente y en las Navidades. "Cuando decides erradicar privilegios, las reacciones de los privilegiados suelen ser como las que hemos vivido, pero esa reacción nunca la debe consentir el poder democrático", dijo, insistiendo en que no es un conflicto laboral. Zapatero defendió la constitucionalidad de la medida de alarma porque "nadie va a chantajear a este país, no al Gobierno, a este país, a la democracia de este país" y la aplicación del Código Penal Militar.

El presidente dejó en el aire si se mantendrá el estado de alarma si es necesario una vez que concluya el plazo previsto de 15 días (a partir del 19 de diciembre), tal y como le preguntaron los demás grupos. "No estará ni un día más ni un día menos de lo necesario", dijo de forma retórica.

El estado de alarma y la militarización fueron muy criticados por los minoritarios de la izquierda. "No parece razonable ni proporcionado este estado de alarma, no parece justificada la militarización del espacio aéreo ni de ese colectivo, y todavía menos la prórroga de esta excepcional medida, a menos que este Gobierno, tan falto como está de apoyo popular, le haya cogido gusto a esta medida", dijo Joan Ridao (ERC). "Es el ordeno y mando. A veces parecen, como en el último decreto donde suprimen los 426 euros para los parados, más el sheriff de Nottingham que Robin Hood", remachó Gaspar Llamazares (IU).