Comprar un partido ya es delito

"La temporada pasada, un equipo de Segunda ofreció 300.000 euros a otro para que se dejara ganar. Los jugadores los rechazaron, pero luego el fraude le salió incluso más barato: le bastó con pagar 100.000 al portero", recordaba ayer Serafín Castro, comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta. Los implicados, el empresario Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules, y jugadores del Córdoba y el Salamanca, fueron grabados por los investigadores y sus trapicheos aireados en la prensa, pero los jueces se encontraron en un callejón sin salida. Como el fraude deportivo no era un delito, no se podía actuar contra ellos por la vía penal. Incluso la sanción deportiva quedó en nada ante la imposibilidad de utilizar unas pruebas obtenidas para otro caso. Esta situación ha cambiado o más bien cambiará el 23 de diciembre, cuando entre en vigor la reforma del Código Penal.

"Nos gusta tanto el deporte que no queremos ver lo que pasa", dice un fiscal

La Segunda B, el tenis o la fórmula 1 quedan al margen de la nueva norma

A partir de esa fecha, el amaño de partidos será un delito de corrupción entre particulares penado con entre seis meses y cuatro años de cárcel, inhabilitación de uno a seis años y multas de hasta 5,48 millones de euros. Bastará para ello que se produzca el ofrecimiento, no que se consume la transacción.

La nueva regulación, transposición de una directiva de la Unión Europea de 2003, facilitará la persecución del amaño de partidos, pero también de las apuestas ilegales y cualquier otro tipo de corrupción deportiva. Pero no las primas a terceros. Aunque los reglamentos deportivos prohíben esta práctica, el nuevo delito exige que el infractor no cumpla con sus deberes profesionales, que en el caso de un futbolista es jugar lo mejor posible. Las primas, piensa el legislador, incentivan en todo caso a los futbolistas para hacer mejor su trabajo.

Los expertos, reunidos en una jornada sobre el tema en el Consejo Superior de Deportes, ven algunas lagunas o problemas de aplicación en el texto. La primera tiene que ver con quién delinque. Al ser un delito especial, los jueces solo pueden perseguir a los citados en la ley: directivos, administradores o colaboradores del equipo en cuestión y deportistas, árbitros o jueces. "Quedaría fuera, por ejemplo, un grupo mafioso que sobornara a un árbitro", dijo de forma gráfica Gonzalo Camarero, de la Fiscalía General del Estado. La posibilidad de actuar contra el dueño del club, si este no forma parte de su directiva -esto no es tan raro en el mundo del fútbol- también es complicada.

La segunda laguna es la del deporte aficionado, que también queda al margen del nuevo delito. En España, al menos hasta que se apruebe la prometida Ley del Deporte Profesional, la Segunda B, la fórmula 1 o el tenis, por poner solo algunos ejemplos, no están regulados como deportes profesionales.

Por eso "no hay que generar expectativas desorbitadas", advirtió el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, que fue el más crítico de un foro en el que estaban representados el Gobierno, abogados deportivos, asesores de la Liga y la Federación, fiscales, policía y Guardia Civil. "Nos gusta tanto el deporte que no queremos ver lo que pasa", dijo; "en España vemos con total naturalidad la corrupción de cargos políticos o empresarios, pero negamos axiomáticamente la existencia de fraude en el fútbol".

Luzón puso un ejemplo del poder de los clubes de fútbol: en 1995, Celta y Sevilla debían haber descendido por no cumplir la Ley del Deporte, pero la bronca que generó la decisión federativa, con miles de seguidores manifestándose por las calles de Vigo y de la capital andaluza, consiguieron que se revocara la decisión.

"El reto es conseguir un deporte limpio en beneficio de todos", resumió el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, quien firmó un protocolo de colaboración con el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky.