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Editorial:

No habrá huelga

El temor a la irritación de los usuarios ha neutralizado la presión de los controladores

Los controladores aéreos no irán a la huelga, según decidió ayer el comité ejecutivo de su sindicato. Nadie renuncia a sus privilegios, si puede evitarlo, y el dilema de los controladores era de qué forma podían mantener los suyos. Que no lo lograrían haciendo una huelga en agosto y en una situación económica como la actual era algo que ya sabían, pero ciertas inercias de la negociación llevaron a sus representantes a aprobar hace una semana, como elemento de presión, la convocatoria de un paro. Lo hicieron con la cautela de no cortarse la retirada: delegando en la dirección de su sindicato la fijación de la fecha, lo que en la práctica equivalía a aplazarla indefinidamente mientras seguían las negociaciones.

Era evidente que AENA no quería asumir la responsabilidad de la ruptura, pero mucho menos lo deseaban los controladores, que han negado haber sido ellos quienes se levantaron de la mesa el viernes pasado. Alegan que propusieron seguir negociando durante el fin de semana, pero AENA ponía como condición la retirada de la amenaza de huelga, a lo que no accedieron. Sin embargo, sí aceptaron luego adelantar en dos días la reunión en la que debía tomarse la decisión, en respuesta a las demandas del sector turístico que ha venido argumentando que la incertidumbre sobre la fecha de la huelga estaba provocando un aumento de las cancelaciones preventivas para todos los últimos días del mes; no solo de viajes sino de reservas hoteleras.

Finalmente, ha sido ese el argumento esgrimido para cancelar la convocatoria: no perjudicar al turismo. Ha sido una decisión inteligente. La capacidad intimidatoria de un sector formado por poco más de 2.000 personas pero capaz de condicionar la de millones de viajeros ha sido determinante en las concesiones que han ido arrancando durante años; pero esa capacidad se ve ahora neutralizada por la irritación de la opinión pública que, con más de cuatro millones de parados, no toleraría que la Administración pública de la que finalmente dependen los aeropuertos volviera a ceder para evitar la huelga.

En una situación menos aguda seguramente también habría habido irritación ante una o dos jornadas de huelga, pero es posible que a la tercera aparecieran voces de usuarios (y políticos) reclamando al Gobierno que solucionase el problema "como sea"; es decir, cediendo. El ministro de Fomento ha hecho bien en mantener su postura ante el conflicto, pero también en dejar abierta la posibilidad de un arbitraje laboral para zanjar los puntos de la tabla de 12 reivindicaciones sobre los que no ha habido acuerdo en la mesa.

Los controladores rechazaron el viernes pasado esa posibilidad con argumentos confusos, como que de nada serviría cuando lo que el Gobierno pretende es privatizar los aeropuertos. No consta, pero si así fuera, un argumento poderoso a favor sería la dinámica impuesta por esos empleados privilegiados que han convertido a España en el país con más altos costes laborales en tráfico aéreo. También por eso ha sido inteligente su decisión.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de agosto de 2010