Una estructura jerárquica dirigida por Roberto Luengo
Blood and Honour se estruc-turó desde sus inicios de forma jerárquica. El máximo dirigente era Roberto Luengo Usano. Él, junto a Francisco José López Perea, fundó el grupo en diciembre de 1999 en Getafe.
En años posteriores esta organización protagonizó varios cambios, entre ellos el de su presidente, que pasó a ser Alberto Luengo Usano, hermano de Roberto, aunque este seguía manteniendo de hecho su supremacía en el colectivo, tal y como demuestran las transcripciones de las llamadas telefónicas decretadas por el juez.
La sede central de Blood and Honour se trasladó a un apartamento de San Sebastián de los Reyes, que fue cedido por el partido Movimiento Social Republicano (MSR), de cuya formación fueron candidatos a las elecciones generales en 2004 la mayor parte de los condenados.
La organización mantenía fuera de Madrid varios delegados territoriales: Luis Gonzaga Ruiz Marcos, en Sevilla; Sergio Real Díaz, en Zaragoza; y Francisco José López Perea, en Jaén.
Para financiarse, los dirigentes de Blood and Honour organizaban conciertos y distintos eventos para obtener ingresos, procedentes de las entradas y de la venta de todo tipo de material vinculado con la asociación o su imaginario nacionalsocialista, como toallas, cazadoras, sudaderas, camisetas, jarras de cerveza y carteras con el anagrama de la asociación, o con frases como "Heil Hitler", con su foto o la del dirigente nazi Rudolf Hess, o imágenes que negaban el Holocausto contra los judíos.
Un policía condenado
Otro medio para obtener recursos, según los magistrados, era la venta de defensas extensibles, eléctricas y aerosoles de defensa personal, de la que se encargaba Roberto Luengo.
Entre los miembros de Sangre y Honor que los jueces consideran que han tenido un papel activo se encuentra Jorge Vivar Casal, policía local en San Sebastián de los Reyes. Este agente ha sido condenado a un año de prisión como autor de un delito de asociación ilícita, así como a una multa de 1.960 euros. Un portavoz del Ayuntamiento de la localidad aseguró a este periódico que el agente, que se incorporó al puesto después de haber sido detenido, ya ha sido apartado del servicio. Tras abrir un expediente, los servicios jurídicos del Consistorio están analizando los términos de la sentencia y sus efectos sobre el policía, que desde hace varios días viene desarrollando labores de oficina.
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