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Reportaje:

La brutal justicia que atemoriza Bolivia

Una serie de linchamientos amparados en el derecho indígena desata en el país andino un fuerte debate sobre la convivencia de dos sistemas judiciales

El presidente Evo Morales ha pospuesto seis meses la aprobación de la polémica ley que reconoce la validez de la justicia indígena y comunitaria, con la cual ya se ha justificado una serie de linchamientos en el país andino. La última víctima hasta el momento, según las autoridades de Potosí, es Santiago Flores, de 51 años. El hombre fue lapidado el pasado lunes en la comunidad de Jununa, a 620 kilómetros de La Paz, acusado de violación.

Flores fue enterrado boca abajo, según las costumbres indígenas, para impedir que su ajayu (alma o espíritu) moleste a los pobladores de la comunidad, ahora bajo pacto de silencio.

No se trata de un caso aislado. Hace una semana, en el mismo departamento de Potosí, un grupo de indígenas entregó a las familias los cuerpos de cuatro policías que estaban investigando el contrabando en el área. Los pobladores eran los responsables de su linchamiento y entregaron los cadáveres amparándose en las normas de su jurisdicción y con la condición de no ser denunciados por el crimen.

A Santiago Flores le mataron a pedradas el lunes acusado de violación

La oposición denuncia que en la justicia indígena no se puede apelar

Para la oposición boliviana, los linchamientos demuestran el error que supone el reconocimiento de la justicia comunitaria en la ley aprobada el pasado martes por la Cámara baja. "Uno de los problemas que se incorporó en la nueva ley es que la justicia originaria tiene el mismo rango que la justicia ordinaria, pero sus fallos son inapelables para instancias superiores", dijo la diputada opositora Norma Piérola a la agencia France Presse.

Si un jilakata (autoridad indígena) emite un fallo, que es verbal, las partes o víctimas no pueden recurrir a otra instancia mayor como las cortes regionales, la Corte Superior de Justicia o el Tribunal Constitucional, explicó Piérola. Además mencionó que no se han delimitado los tipos de delitos que son de competencia indígena y ordinaria. "Una autoridad originaria puede creer que tiene potestad para juzgar delitos de narcotráfico, contra la seguridad del Estado o de contrabando, cuando estos delitos son de competencia exclusiva de la justicia ordinaria", agregó.

Para muchos mallkus o autoridades indígenas, su justicia rechaza la pena de muerte y aplica castigos cuyo cumplimiento beneficia a la comunidad. El propio presidente Evo Morales ha señalado que los indígenas tienen una cultura de vida y no de muerte, aunque los hechos parecen contradecirle.

El Gobierno defiende la reforma, aunque reconoce qua hay que poner márgenes. "La justicia ordinaria ya tiene normas, pero la comunitaria no. Los hermanos de las comunidades tienen que trabajar una propuesta, convertirla en ley y aprobarla en el congreso", dijo el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Isaac Ávalos, citado por el diario Los Tiempos. Según los legisladores oficialistas, en la justicia indígena no estarían reconocidos los linchamientos aunque se trata de una práctica muy utilizada por los nativos.

No existen cifras precisas, pero en los últimos años se registraron varios casos en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Según datos del Defensor del Pueblo, en 2007 se registraron 57 casos de linchamiento. El politólogo Jorge Lazarte, en declaraciones al diario Los Tiempos, dijo que es normal que los que defienden la ley aleguen que linchamientos y pena de muerte no son justicia comunitaria. "Lo curioso es que son los propios comunitarios quienes aseguran que es así como aplican su justicia", afirmó

La muerte, el 23 de mayo, de tres policías en una comunidad cercana a Uncía, acusados de robo y asesinato por cuatro ayllus de Uncía (norte de Potosí), ha conmocionado a la ciudadanía. Un cuarto policía, el de mayor rango, fue ultimado mientras se negociaba la devolución de los cadáveres, denunció la viuda. En la emisora de radio Erbol, uno de los dirigentes ayllus explicó que habían "hecho morir" a unos ladrones disfrazados de policías que a su vez habían asesinado a siete campesinos en semanas pasadas. Según las autoridades, se trata de "una ruta abierta para el tránsito de vehículos ilegales o robados, de químicos y fábricas de droga en una de las zonas más pobres de Bolivia".

Los informes forenses demostraron el salvajismo con que fueron asesinados los agentes, acusados por los pobladores de extorsión y reventa de droga. Las ampollas en los cadáveres reflejaban quemaduras de tercer grado debido a que algunas personas les echaron agua hirviendo antes de matarlos a patadas y a golpes de piedras y palos. Los familiares denunciaron ayer que el retraso de la audiencia es una manipulación para cansarles y lograr la liberación de los pocos detenidos.

El Gobernador de Potosí, Félix González, ha admitido con preocupación que ese departamento tiene un gravísimo problema de inseguridad ciudadana y ha anunciado su propósito de acabar con los linchamientos.

La justicia ordinaria de Cochabamba suspendió el miércoles por enésima vez una vista judicial para dilucidar el caso del linchamiento, hace dos años, de otros tres policías en el distrito rural de Epizana.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de junio de 2010