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Las videoconferencias se multiplicarán en la justicia

Junta, Gobierno, TSJA y Fiscalía alcanzan un acuerdo

Los 237 sistemas de videoconferencias que ya existen en las sedes judiciales andaluzas se multiplicarán en los próximos años para acelerar los procesos y mejorar la organización de los juzgados al evitar demoras en las citaciones. Ayer la Junta, el Ministerio de Justicia, el TSJA (Tribunal Superior de Justicia) y la Fiscalía Superior firmaron un acuerdo para redoblar los esfuerzos y multiplicar la presencia de los sistemas de videoconferencias e incentivar su uso, ya que aún no está extendido entre los juzgados a pesar de que el material se haya recepcionado.

La intención del Ministerio de Justicia es que en 2012 todas las salas de juicio cuenten con sistemas de grabación audiovisual y de videoconferencia. Ayer, el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, señaló que el acuerdo "persigue un mejor aprovechamiento de los recursos económicos al reducir costes, evitando traslados". Asimismo, según Pizarro, las videoconferencias contribuirán a "preservar la intimidad de los menores en su comparecencia ante los órganos judiciales".

Pizarro firmó ayer el convenio con el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, el presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo y el teniente fiscal de la Fiscalía Superior, Guillermo Sena.

Ahorro de tiempo

"La videoconferencia permite la reducción de desplazamientos de peritos, testigos y partes que residan fuera del partido judicial donde se celebre la causa, ahorrando además en el pago de dietas a los técnicos. También es posible optimizar la presencia del fiscal el mismo día en varios lugares", detalló ayer Justicia en un comunicado. Las videoconferencias se pueden utilizar durante un juicio, así como para interrogatorios en procedimientos penales y la obtención de testimonios en la fase de instrucción. Además, los jueces y fiscales de Vigilancia Penitenciaria pueden realizar las entrevistas con los reclusos o ruedas de reconocimiento, siempre que sea imposible la presencia del sospechoso o testigo.

Por otra parte, las partes firmaron ayer un protocolo sobre las autopsias, conservación e inhumación de cadáveres no identificados. Una comisión de seguimiento se constituirá para hacer más ágil, eficaz y eficiente la tramitación del destino final de los cadáveres sin identificar que se encuentren en instalaciones gestionadas por la Consejería de Gobernación y Justicia tras las autopsias y el informe forense.

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