La Fiscalía toma medidas para frenar el aumento de los timos a ancianos

La Fiscalía General del Estado ha detectado en los últimos años un incremento de los timos a los ancianos por parte de sus familiares y cuidadores. Esta realidad, agudizada por la crisis, ha llevado al ministerio público a intensificar la protección de este colectivo a través de una serie de medidas: más visitas de inspección a las residencias; un llamamiento a notarios, médicos y asistentes sociales para que conecten con la fiscalía a la menor sospecha y una vigilancia especial sobre los cuidadores de los ancianos, sobre todo si son ajenos a la familia, que incluye en determinados casos la inspección de su patrimonio y cuentas corrientes. Un mínimo de dos fiscales atienden en cada provincia estas actuaciones.

La mayor esperanza de vida -77,7 años para los hombres y 84,1 para las mujeres, según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2008- y la prevalencia de enfermedades incapacitantes en el último tramo de la vida -en España hay contabilizados más de 800.000 enfermos de alzhéimer, el 65% de ellos, mujeres- son factores que multiplican el riesgo de expolio en el colectivo de los mayores. Según fuentes de la Fiscalía General, la enfermedad discapacita a los ancianos y merma sus facultades mentales, lo que les convierte en presa fácil de abuso por parte de sus cuidadores. Los notarios han observado en los últimos años un mayor número de irregularidades en donaciones y testamentos. A este colectivo profesional le aconseja la Fiscalía que se entrevisten a solas con el anciano para corroborar que es consciente de la donación, se halla en pleno uso de sus facultades y no ha sido objeto de engaño.

El otro factor de riesgo se deriva de los cuidados que necesitan los ancianos discapacitados y los largos años que pueden vivir postrados. Esta circunstancia exige su ingreso en residencias especializadas, o si deciden seguir en sus domicilios, un acompañamiento constante, por lo que las hipotecas inversas -la vivienda a cambio de cuidados- se han generalizado y el patrimonio de la tercera edad se ve cada día mermado. Ambos factores, añaden las citadas fuentes, están haciendo desaparecer en la práctica la legítima -la parte estipulada por ley para los hijos en las herencias- lo que "genera gran nerviosismo en las familias y contribuye a la picaresca".

La juez Rocío Pérez Puig, secretaria del Foro Justicia y Discapacidad y miembro del Consejo General del Poder Judicial, comparte la constatación de los fiscales: "El expolio económico de los ancianos se da más en las familias que en las residencias. Equivocadamente, los hijos creen que heredar es un derecho".

En unas recientes jornadas organizadas por este Foro, se evaluó una experiencia pionera llevada a cabo por la fiscalía de la Comunidad Valenciana durante el pasado año. Los representantes del Ministerio Público en esa comunidad extremaron el control sobre los ancianos y su entorno y animaron a todos los colectivos sociales que los rodean a alertar ante la policía o la fiscalía por cualquier posible anomalía.

También se facilitó el mecanismo de denuncia: "Es suficiente con un aviso verbal", dice el protocolo de actuación de los fiscales. El plan dio buenos resultados. La inspección de las cuentas corrientes de los mayores y sus cuidadores -datos obtenidos tras requerir a Hacienda- demostró un elevado número de casos en los que la pensión del anciano se transfería a la cartilla del cuidador sin conocimiento del pensionista. También aumentó el seguimiento de quienes fueron designados para actuar en nombre de los mayores. Les fue exigida rendición de cuentas como a cualquier tutor legal.

En la Fiscalía General tienen la convicción de que dicho plan ha aumentado la protección a los más desvalidos, por lo que han decidido extender el plan experimental de la Comunidad Valenciana al resto de las autonomías.