De la corrupción de Filesa a la de Gürtel

Filesa, el escándalo de financiación ilegal del PSOE de finales de los ochenta, está en boca de todos los que en estos días comparan el alcance del caso Gürtel con las grandes tramas de corrupción de la historia de la democracia española. Los populares usan está versión del "y tú más" como gran argumento frente al embrollo judicial en el que están sumidos. "Aquí no hay nada parecido a Filesa", dijo ayer su secretaria general, María Dolores de Cospedal. "El PP no ha recibido dinero. Es una cosa distinta".

En efecto, Filesa y Gürtel son muy distintos, pero algunas diferencias no son tranquilizadoras para los populares. Aunque es difícil comparar un procedimiento concluso (Filesa) con otro que está en fase de instrucción (Gürtel), hay puntos esenciales que se pueden poner en la balanza.

La trama de Correa deja el rastro de financiación ilegal en tres comunidades

La primera diferencia tiene que ver con el origen de las tramas de corrupción política. En Filesa quedó acreditada la financiación irregular del PSOE nacional con más de 1.200 millones de pesetas obtenidos de forma ilegal (7 millones de euros de 1990; unos 13,5 actuales). Un diputado y un senador del PSC crearon un conglomerado de empresas que cobraban informes inexistentes o intrascendentes a compañías que pretendían que el Gobierno les debiera un favor, y dedicaron esos fondos a las campañas del PSOE para las elecciones generales y europeas de 1989, según consta en la sentencia del Tribunal Supremo de 1997 que condena a ocho culpables. La financiación ilegal, y no el enriquecimiento personal -que sí salpicó al PSOE en otros escándalos de la época-, fue el gran objetivo de la trama, creada por políticos y para la política.

El caso Gürtel, sin embargo, con los datos que se tienen hasta ahora, no parece, en principio, una red ideada para financiar ilegalmente al PP, sino para lucrar a los cabecillas a través de adjudicaciones de contratos públicos. La intervención de los numerosos cargos populares implicados era imprescindible, pero la cabeza de Gürtel no es un político, sino un tipo llamado Francisco Correa que creó un entramado empresarial y aprovechó sus relaciones políticas para enriquecerse y enriquecer a altos cargos del PP.

Pero, aunque el enriquecimiento ilícito fuera el propósito principal de la trama Gürtel, la financiación ilegal no ha quedado excluida en absoluto de la investigación, bien fuera un propósito inicial o algo sobrevenido. Se están investigando indicios de este delito en tres comunidades autónomas: la Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid. Si se acreditaran, por ejemplo, las sospechas sobre el PP y la empresa Orange Market en Valencia, el dinero movido alcanzaría casi los siete millones de Filesa. Un informe de la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal) que consta en el sumario del caso habla de un grupo de empresas de la red que cobraron 6,3 millones de euros de dinero B del PP.

Las diferencias en cuanto al número de imputados y su implicación política son también notables. Durante la instrucción del caso Filesa, el magistrado Marino Barbero llegó a imputar a 50 personas. De ellas, sólo 12 se sentaron en el banquillo de los acusados por decisión del Supremo. Quedó fuera uno de los políticos, el ex responsable de finanzas del PSOE Guillermo Galeote. Al final hubo ocho condenas (de prisión) y tres de ellas lo fueron para cargos o ex cargos socialistas: el entonces senador Josep María Sala, el ex diputado del PSC Carlos Navarro y la ex coordinadora de finanzas del partido Aída Álvarez.

En el caso Gürtel hay unas 70 personas imputadas en estos momentos y más de 15 están relacionadas con el PP. Son cargos importantes y, aunque no están aún condenados, los indicios y pruebas en su contra son, en algunos casos, abrumadores. Es el caso de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP y senador, de cuatro ex alcaldes y de tres diputados madrileños.

Aún no hay cifras definitivas de lo que ha podido suponer en sobornos y comisiones la trama Gürtel, pero sólo Bárcenas recibió, al menos 1,3 millones. El juez del caso fijó la fianza por responsabilidad civil de Correa y otros cabecillas en 201,4 millones de euros en total. El dinero presuntamente defraudado por la trama Gürtel no tiene parangón en la historia de la democracia.

El PP insiste en que si el fin último era el lucro personal y no la financiación ilegal, el partido no queda tocado. Pero no han explicado por qué no es grave que más de 15 cargos públicos en cuatro comunidades se hayan asociado para lucrarse sin freno a través de un grupo de empresas colaboradoras habituales del partido. Filesa y Gürtel, comparten, en todo caso, algo esencial: sumen en un descrédito total a la clase política española, hasta el punto de que, en la última encuesta del CIS, los ciudadanos mostraban una mayor preocupación por la corrupción que por el terrorismo.