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El escándalo de los abusos

Ratzinger calló ante las denuncias contra el abusador de 200 niños

El Papa fue alertado por un obispo de EE UU cuando dirigía el Santo Oficio - El Vaticano alega que no actuó porque el pederasta era anciano y enfermo

El Vaticano aparece cada día más superado por la crisis de la pederastia clerical. La exclusiva publicada ayer por The New York Times sobre el difunto sacerdote Lawrence Murphy, quien abusó durante años de unos 200 niños sordos en Wisconsin y nunca fue denunciado ni expulsado de la Iglesia, interpela directamente al Papa y a su número dos y secretario de Estado, Tarcisio Bertone.

Los documentos publicados parecen probar que los dos altos cargos vaticanos intentaron tapar el caso cuando dirigían la Congregación para la Doctrina de la Fe. En 1996, el entonces prefecto Joseph Ratzinger dejó sin respuesta dos cartas sobre el asunto enviadas por el arzobispo de Milwaukee. En ellas se contaban los abusos cometidos por Murphy, que trabajó como educador de niños sordos entre 1950 y 1974.

El sacerdote Murphy confesó los hechos, pero murió sin ser castigado

Las víctimas claman: "Nunca se ha enviado a un cura a la cárcel"

Ocho meses después de que Ratzinger recibiese las cartas, su número dos, Bertone, ordenó a los obispos comenzar un juicio canónico secreto que podía haber llevado a la expulsión de Murphy. Pero poco después paralizó la orden. Escribió a Ratzinger pidiéndole que le dejara morir en paz. La Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigida por Ratzinger entre 1981 y 2005, tiene desde 2001 la competencia exclusiva sobre los abusos.

"Intento de golpear"

Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede, explicó que el Vaticano decidió no castigar a Murphy porque cuando conoció las acusaciones el cura estaba "muy enfermo". Y recordó que Raztinger sólo fue informado del caso a finales de los noventa, más de 20 años después de que la investigación civil al pederasta hubiera terminado sin resultados. L'Osservatore Romano negó las imputaciones y acusó a The New York Times de "un evidente e innoble intento de golpear, a toda costa, a Benedicto XVI y sus colaboradores".

Según Lombardi, Murphy no fue expulsado "porque en casos similares el derecho canónico no prevé castigos automáticos, sino que recomienda que se emita una sentencia que no excluya la pena más grande, la dimisión del estado clerical". Lombardi reiteró además que "las normas de la Iglesia no han prohibido nunca denunciar los abusos a menores a las autoridades judiciales", y trasladó así la responsabilidad a los obispos locales.

La afirmación pone el acento en el gigantesco problema que vive el Vaticano. La Santa Sede castiga desde 2001 con la excomunión a quienes traicionen al Papa revelando los casos investigados por el Vaticano. La pena se ejecuta latae sententiae, es decir sin proceso, y es sólo revocable por el Pontífice. Por el contrario, los abusos se castigan con penas variables, que dependen de la gravedad: suspensión temporal, prohibición, privación y, en los casos peores, dimisión del estado clerical, la máxima pena canónica.

La instrucción Crimen Sollicitationis, revisada en 2001 por Ratzinger y Bertone mediante la carta titulada De delictis gravioribus (Sobre los delitos más graves), ordenó a los obispos abrir investigaciones de abusos en cuanto hubiera indicios suficientes y comunicarlas a Roma; y amplió el plazo de prescripción de los delitos de pederastia: los diez años anteriores empezaban a correr cuando la víctima cumplía 18 años. La intención era "perfeccionar las normas procesales y las sanciones" para adaptarlas a los nuevos códigos. No aumentaron ni la transparencia ni las condenas ni las denuncias a la justicia ordinaria. En los últimos ocho años, según las cifras oficiales facilitadas hace unos días, el Vaticano ha investigado a 3.000 sacerdotes acusados de pederastia, y ha suspendido del estado clerical a unos 300, mientras otros 300 han pedido la dispensa aceptando su culpa.

Cuando se le dice que se trata de cifras ridículas, Charles J. Scicluna, promotor de justicia (fiscal) del ex Santo Oficio, se pone a la defensiva y explica que la prudencia extrema preside los procesos canónicos. "El sistema canónico es muy garantista, protege al máximo los derechos y la intimidad de los acusados. Cuando un culpable se arrepiente de sus actos, se le absuelve de forma automática; si no conoce la pena que le espera, no puede incurrir en esa pena.... Pero eso no significa que hayamos evitado que en los casos más graves actuara la justicia civil, no sería justo decir eso".

"Me parece una solemne estupidez, sabemos hace tiempo que tenemos un gran ignorante al frente del equipo legal de la Congregación", afirma el sacerdote y profesor de derecho canónico Filippo di Giacomo. "Es inútil esconderse tras el dedo. La realidad es la que es. Los obispos no han observado la ley canónica. En Irlanda como en Roma. Lo ha dicho el Papa. Amén".

Indignado, Di Giacomo añade: "La tolerancia de la Curia hacia los abusos tiene una raíz evidente: la desvergüenza de muchos de sus miembros. Si el llamado lobby de terciopelo, es decir el grupo rosa, hubiera decidido menos nombramientos de altos funcionarios, quizá se habrían cumplido más las normas y habría habido menos comprensión hacia la pedofilia. La sodomía y la pederastia han sido vistos como un elemento de cooptación dentro de los muros vaticanos. Es sabido que hay cardenales y obispos, argentinos, estadounidenses, italianos, alemanes, de vida afectiva para nada casta ni heterosexual, y secretarios de cardenales que han sido trasladados de Nueva York, Guatemala y Chile o de vuelta a Colombia tras ser cazados por la policía pecando contra el sexto mandamiento en compañía masculina. Ese ambiente ayuda muy poco a comprender los informes que llegan a la Congregación. Pero la culpa no es de Ratzinger. No tiene la colaboración de casi nadie. Está rodeado de cobardes".

Roberto Mirabile, presidente de Caramelo Bueno, asociación italiana de víctimas de la pederastia en activo desde hace 13 años, piensa también que el Papa es hoy el único miembro de la Curia que lucha contra los abusos. "Ni los obispos en sus diócesis, ni siquiera el tribunal de la Congregación para la Doctrina de la Fe han enviado a un solo cura a la cárcel por un crimen pedófilo. Al revés", concluye, "se han limitado a trasladar a los culpables, permitiendo que los criminales continuaran abusando impunemente y convirtiéndose en cómplices con el agravante de la autoridad moral".

Ayer, algunas víctimas del padre Murphy protestaron contra el Papa a pocos metros de la plaza de San Pedro, en territorio italiano, junto a miembros de la asociación SNAP. "Benedicto XVI, siendo jefe de la congregación, ignoró repetidas peticiones de tres obispos para expulsar del clero al abusador en serie Lawrence Murphy", decía uno de los carteles. Los manifestantes fueron arrestados por la policía cuando hablaban con algunos periodistas. Más tarde fueron puestos en libertad. En contraste, por la tarde unas 70.000 personas abarrotaban San Pedro en la jornada mundial de la juventud, arropando al Pontífice al final de un día amargo para él.

El infierno en Verona

Sin tiempo para digerir los horrores, otro espantoso caso de abusos masivos a niños sordomudos, muy similar al ocurrido en Wisconsin, volvía ayer al primer plano en Italia. Sucedió entre 1955 y 1984 en los Institutos Provolo de Verona. Durante 30 años, varios educadores religiosos de esa institución caritativa católica para niños con problemas auditivos abusaron de decenas de víctimas, niños y niñas, todos ellos sordomudos. Se trata del escándalo más grave de pederastia clerical conocido en Italia, y fue desvelado hace un año por la revista L'Espresso, que documentó decenas de sevicias, algunas de ellas cometidas incluso bajo el altar y en el confesionario. La denuncia fue firmada por 67 ex alumnos, aunque se cree que las víctimas pueden ser muchas más. Los abusados nombraron a 25 curas y religiosos presuntos pedófilos: de ellos, 13 viven todavía y siete siguen alojados en el Instituto.

El silencio, el disimulo y la ocultación marcaron inicialmente la respuesta de la diócesis de Verona, que intentó negar la historia y llegó a acusar a las víctimas en público de mentir y de querer chantajear a la Iglesia; hasta que finalmente, a petición de Roma, se abrió una investigación. Ahora, la Congregación para la Doctrina de la Fe tiene finalmente en su poder el sumario. Pero la asociación de víctimas sigue criticado la actuación del obispo, Giuseppe Zenti, y lamenta que ninguno de ellos ha sido escuchado durante la instrucción.

Según L'Espresso, ninguno de los acusados ha sido alejado aún del centro escolar, que frecuentan centenares de niños y jóvenes. El único expediente de expulsión se abrió contra un cura que contó a la revista los abusos que había cometido.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 26 de marzo de 2010

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