El sueldo de sus señorías no es el problema

"Que los diputados dejen de tener su propio corralito", sostiene Rosa Díez, la única diputada que en público asegura que los parlamentarios cuentan con privilegios a los que hay que poner coto.

Los otros 349 diputados, encabezados por el presidente de la Cámara, José Bono, aseguran que los parlamentarios españoles son de los peores pagados de la Unión Europea y figuran entre los que menos presupuesto y medios tienen. Y todos coinciden en que, en todo caso, el problema de las Cortes no es de privilegio de los diputados, sino de funcionamiento de la Cámara. De que sea un Parlamento ágil, de que no se dupliquen los debates estériles, de que la oposición tenga fórmulas para controlar al Gobierno, de que haya una oficina presupuestaria que disponga de datos sobre la ejecución de las cuentas o de que la oposición no tenga que presentar cinco días antes la pregunta que le hará al presidente o a los ministros, entre otras disfunciones.

Un portavoz en comisión cobró 4.741,85 euros en su última nómina

Italia y Alemania, en cabeza de los salarios a los parlamentarios

Rosa Díez presenta una iniciativa para limitar lo que considera privilegios

Desde el 1 de marzo se podrá consultar la actividad privada de cada diputado

En dos años se ha reducido en 200.000 euros el presupuesto

Por primera vez en esta legislatura se han limitado los viajes oficiales

En casi todos los países europeos tienen pensiones diferenciadas

Las prolongadas vacaciones son una rémora de tiempos pasados

Por eso la diputada de Unión Progreso y Democracia (UPyD) se encontrará sola esta semana cuando defienda una iniciativa para que los diputados cobren la misma pensión que el resto de ciudadanos, que se rige por el Pacto de Toledo. O que se busque una fórmula para que cobren el desempleo cuando acaben su mandato, como cualquier otro ciudadano. Comparte la opinión de Rosa Díez el obispo de Ciudad Real, Antonio Algora, que ha asegurado esta semana que es "indecente" e "injustificado" que los diputados tengan determinados privilegios, como puede ser su sistema de pensiones.

No lo comparte Bono, que asegura que en los últimos dos años el presupuesto de las Cortes, incluyendo al Defensor del Pueblo y la Junta Electoral, se ha reducido en 200.000 euros y representa sólo el 0,09% de los Presupuestos del Estado. No es un Parlamento caro comparado con los de otros países europeos. Y el resto de la Cámara entiende que sólo hay un tratamiento diferenciado para una actividad diferente, pero no privilegios.

Bono remitió la pasada semana una carta a todos los parlamentarios para explicarles que no hay privilegio en sus retribuciones ni en sus pensiones. Y la vicepresidenta primera de la Cámara, Teresa Cunillera, argumenta que no se pueden entender como privilegios lo que es la consecuencia de una actividad tan específica como la de parlamentario, que lleva aparejada algunas incompatibilidades y que, en todo caso, es necesariamente temporal.

Sobre los sueldos, argumentan que el de los diputados está congelado desde hace dos años. Sus salarios son transparentes y están detallados en la web del Congreso. Los diputados de a pie tienen un sueldo base mensual de 3.126,52 euros brutos, a los que se añaden 1.823,86 más para los de fuera de Madrid y 870,56 para los de la capital. Con eso se pagan la estancia en hoteles o en pisos alquilados o adquiridos.

Hay complementos en función de los cargos en la Cámara: miembros de la mesa, portavoces de comisiones, presidentes de comisiones o portavoces de grupos. Para los desplazamientos, el Congreso paga los viajes en avión y tren.

Algunos partidos, como el PSOE, descuentan a sus parlamentarios una parte de su salario, lo que llaman el impuesto revolucionario, que puede llegar al 10%. Estas retribuciones son de las más bajas de la Unión Europea. Por ejemplo, un diputado, que es portavoz de comisión, y que recibe también gastos de representación, recibió exactamente en su última nómina 4.741,85 euros netos. Como vive fuera de Madrid, paga un pequeño estudio en la capital. Otros parlamentarios prefieren hoteles próximos al Congreso.

Mucho menos que los 5.912 euros que reciben los miembros de la Cámara de los Comunes de Reino Unido que, además, tienen una asignación hasta 20 veces superior a su salario para contratar empleados, así como una cuota para fondos de pensiones del 10% del salario bruto.

En Francia, el salario supera los 7.000 euros, pueden recibir otras remuneraciones públicas y reciben casi 6.000 euros mensuales más para gastos. Incluso, la Asamblea Nacional les presta dinero para vivienda y oficina y el préstamo medio es de 76.225 euros a 10 años a un tipo de interés del 2%. En Alemania, el salario es de casi 8.000 euros y en Italia, supera los 10.000.

Un estudio del Centro Europeo sobre Investigación y Documentación Parlamentaria demuestra que los españoles son los parlamentarios europeos con menores salarios, con menos funcionarios al servicio de la Cámara y con menos privilegios, como un sistema propio de pensiones o similares. Otra diferencia notable es que en España los diputados no cobran por gastos y, por tanto serían imposibles escándalos como el de Reino Unido, donde los parlamentarios incrementaron sus ingresos falseando facturas. No hay margen para la discrecionalidad.

Hace tres legislaturas hubo un intento por reformar el sistema de retribuciones, para establecer un sistema equiparable al de los cargos de la administración, por ejemplo, a la altura de los secretarios de Estado que son los que reciben más ingresos, incluso más que los ministros. El intento fracasó por la dificultad de los partidos para asumir públicamente el coste político de un incremento de retribuciones.

En los parlamentos autonómicos, los salarios más altos son los de Navarra y País Vasco, con una media de 4.000 euros al mes. Un ejemplo práctico, una diputada autonómica de Cantabria recibió en su última nómina como sueldo bruto 2.982,63 y neto de 2.499,39. Y su partido le retuvo directamente un 5%. Los sueldos de los parlamentarios tienen la misma fiscalidad que los de cualquier otro ciudadano.

En las pensiones hay una mínima diferencia no en el sistema, sino en un complemento que paga la Cámara para llegar al máximo después de dos legislaturas. No existen pensiones específicas de los parlamentarios.

Según explica Bono, ese complemento sólo se ha aplicado a 70 parlamentarios de los 3.609 que ha habido en 30 años de democracia. Ese complemento supone para el Presupuesto de las Cortes 1.066 euros mensuales. En la inmensa mayoría de los casos los diputados han cotizado en su actividad laboral previa o posterior y, por tanto, no es preciso ese complemento. El sistema de complementos de ingresos sirve para cubrir casos muy concretos de ex parlamentarios, viudas o huérfanos y se ha aplicado a "ex parlamentarios muy veteranos que en su día llegaron del exilio sin haber cotizado". Por ejemplo, Santiago Carrillo recibió este complemento.

Según el Centro Europeo sobre Investigación y Documentación Parlamentaria el sistema de pensiones de los diputados en el resto de Europa es mucho más favorable. En Francia, el Parlamento "cuenta con una caja propia de pensiones, nutrida en parte por la asignación de los parlamentarios, y en parte por una subvención con cargo al presupuesto de las cámaras". Con 50 años pueden jubilarse.

El mismo sistema está establecido en Bélgica, y en Alemania no hay cotización personal de los parlamentarios, sino que corre a cargo del presupuesto del Estado y es posible la jubilación desde los 55 años.

En Reino Unido, la Cámara de los Comunes tiene "una caja de pensiones que funciona como un sistema de seguridad social ordinario" y se nutre de una aportación pública. Los parlamentarios italianos tienen derecho a pensión vitalicia desde los 60 0 65 años.

Otra vía de ingresos de los diputados en España es la de las indemnizaciones por cese de actividad. Es decir, según explica Bono, al acabar su mandato y al no tener derecho al desempleo como el resto de ciudadanos, "los diputados que no reciban ninguna otra retribución pública tienen derecho a una indemnización de 3.125,52 euros por cada año como diputado, con un límite máximo de 24 mensualidades y un periodo mínimo de carencia de dos años". La actividad de diputado está sujeta a ciertas incompatibilidades, pero con un sistema ambiguo y con escasa transparencia. No pueden percibir más retribuciones públicas (con la excepción de la enseñanza), ni pertenecer a empresas que contratan con la administración, pero la Cámara carece de un sistema de control, auditoría e investigación una vez que concede la compatibilidad.

En el último año, no obstante, se ha producido un avance lento pero sustancial y es que después de que EL PAÍS publicara en marzo de 2009, por primera vez, el listado completo de actividades privadas de los diputados se ha modificado el sistema para darle transparencia. Hasta ahora los dictámenes eran secretos y se votaban a puerta cerrada, pero el presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado, Francesc Vallès, ha conseguido que el próximo 1 de marzo se publique en la ficha de cada diputado en la web su actividad privada reconocida. Todo un avance que algunos como Gaspar Llamazares y Joan Herrera quieren extender a la publicación de los patrimonios.

En esa mano ancha para las actividades privadas hay ejemplos notables, como el diputado del PP Fernando López Amor que pertenece al Consejo de Administración de la empresa que, entre otras cosas, gestiona derechos televisivos de eventos deportivos y contrata con televisiones y empresas públicas. O el también diputado popular Miguel Ángel Arias Cañete que acaba de obtener autorización para estar en el Consejo de Administración de la inmobiliaria Bami. Ya tenía autorizado ejercer como abogado para asesorar a una empresa de head hunters (Bao & Partners Siguives Internacional) y presidir Petrolífera Ducar cuya actividad es "almacenamiento, compraventa y distribución de combustibles líquidos y sus derivados en Ceuta y Melilla, así como la gestión de Parques de Almacenamiento de Productos Petrolíferos". En la web del Congreso figuran preguntas al Gobierno firmadas por él sobre el mercado de los combustibles.

La inmensa mayoría de los diputados tiene autorizada la participación en tertulias o programas de radio y televisión, lo que puede entenderse como prolongación de su actividad parlamentaria.

Respecto a los viajes, la vicepresidenta primera, Teresa Cunillera, recuerda que en esta legislatura, por primera vez, se ha limitado el número de desplazamientos oficiales. Se ha hecho reduciendo los llamados grupos de amistad, limitando el número de miembros de cada delegación y exigiendo que cada viaje tenga un objetivo concreto.

Se deniegan peticiones, mientras que hasta ahora la petición de autorización era sólo un trámite. Se producían situaciones como que a reuniones de la Asamblea del Consejo de Europa viajaban los titulares y los suplentes, sin que estos últimos tuvieran función o trabajo asignado.

Otra comparación posible del Parlamento español con los europeos es la referida al número de funcionarios de la Cámara. También en este caso, el español es el que tiene menos medios personales. Así, en España hay 441 funcionarios, con una ratio de 1,26 por cada diputado. Esa ratio llega al 5,96 en el extremo del Parlamento Europeo, el 4,27 en Bélgica y el 4,08 de Grecia. Lo más próximo a España es el 1,80 de Portugal.

España está dos veces por debajo de Francia e Inglaterra y tres veces por debajo de Alemania en medios personales de los diputados. Por ejemplo, asistentes para asesorar y elaborar iniciativas.

Otro de los puntos de polémica es el referido a las vacaciones parlamentarias. El artículo 73 de la Constitución establece que "las Cámaras se reunirán anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo de febrero a junio". Es decir, se consideran inhábiles los meses de enero, julio y agosto. Todos coinciden en que se trata de una reminiscencia superada de la época en la que era difícil el desplazamiento a la capital y los gobiernos necesitaban periodos libres de actividad parlamentaria para ejercer su función. Hace un año el PP y el PSOE anunciaron iniciativas para que enero fuera declarado mes hábil, pero la propuesta quedó en el olvido. Aclaran, no obstante, que el hecho de que no haya plenos no quiere decir que no haya actividad. Puede haber reuniones de la Diputación Permanente o de comisiones, pero no del Pleno.

Ana Oramas, portavoz de Coalición Canaria, asegura que el mes de enero ha viajado todas las semanas a Madrid, por ejemplo, para una reunión de la Comisión Constitucional, para la Diputación Permanente, para la Junta de Portavoces y para negociar el decreto sobre los controladores y la ley de navegación aérea, entre otras actividades. Y Cunillera, vicepresidenta de la Cámara, asegura que es imposible medir la actividad de los diputados como si fuera una jornada laboral con un número de horas tasadas. Por ejemplo, hay reuniones de partido para los cargos orgánicos, participación en jornadas o actividades de los partidos o negociaciones de leyes, entre otras.

No obstante, hay una diferencia notable entre la actividad parlamentaria de los diputados de los grupos minoritarios y los de los mayoritarios. Un portavoz de los partidos minoritarios debe intervenir en un día de actividad en varias comisiones y en el Pleno, sobre asuntos dispares y negociar leyes, proposiciones no de ley o mociones. Y también hacer política hacia los ciudadanos con los medios de comunicación. En este punto también el problema es más de funcionamiento anticuado que de privilegios.