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Reportaje:

Condenados a dejar la casa

Más de 600 familias perdieron su piso por ejecución hipotecaria entre enero y junio pasados, un 50% más que en 2008

Los últimos datos relativos al estado de la economía vasca, que volvió a crear empleo en el cuarto trimestre de 2009, alimentan la sensación de que la crisis ha tocado ya fondo en Euskadi, pero los efectos de la recesión y el todavía alto porcentaje de parados -en el último año el número de desempleados se ha duplicado hasta los casi 130.000-, siguen dejando tras de sí víctimas a todos los niveles. Una de las consecuencias más graves que puede implicar dejar de percibir ingresos es perder la solvencia suficiente de hacer frente al pago de la hipoteca o el alquiler de la vivienda y ser desahuciado. A esa realidad se tuvieron que enfrentar 661 familias vascas durante el primer semestre de 2009, un 50% más que en el mismo periodo del año anterior.

Dos mujeres con bebés a su cargo contarán hoy su próximo desahucio

El Departamento de Vivienda estimó en noviembre del año pasado que al acabar el ejercicio se producirían unas 1.533 ejecuciones, frente a las 985 de 2008 y a las 584 de todo 2007.

A pesar de este acusado incremento, que se dejó sentir con más fuerza en Vizcaya (356 expedientes abiertos), la comunidad autónoma mantuvo durante el primer semestre del año pasado uno de los índices de desahucios más bajos de toda España (1,4%). En total, según datos del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), titulado Efecto de la crisis en los órganos judiciales, un total de 47.133 familias perdieron su hogar por ejecución hipotecaria durante el primer semestre de 2009.

Los dos colectivos que más sufren esta realidad son, según la asociación Berriotxoak, las familias tradicionales con hijos en las que los progenitores han perdido el trabajo y las unidades monoparentales en las que también hay menores al cargo de un adulto. Dos de las caras visibles de esa realidad son Vanessa Aparicio, de 30 años, y Janire Calvo, de 26. Este mes ya no podrán hacer frente al pago del alquiler de sus pisos en Sestao.

Hoy expondrán en esa localidad ante los medios de comunicación su delicada situación, ya que se enfrentan a quedarse en la calle con sus bebés, de 15 y 16 meses, respectivamente.

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Vanessa trabajó como soldadora durante seis años en un taller y desde hace cerca de uno no encuentra empleo. Ha "tirado de ahorros" en este tiempo hasta que se ha quedado sin reservas. Hace cinco meses solicitó la ayuda estatal de 420 euros para parados que han agotado su prestación por desempleo, pero esa paga, que aún no recibe, tampoco le bastaría para abonar un alquiler de 750 euros al mes. Tanto es así que ha tenido que recurrir a Cáritas para asegurarse un plato de comida diario, según Berriotxoak. Este mes dejará de pagar la mensualidad y es posible que la desahucien dentro de entre tres y cuatro meses, cuando concluya el proceso judicial por impago, según calcula dicha asociación.

Janire, mientras, va encadenando trabajos en precario, según la plataforma, y tampoco podrá abonar este mes los 742 euros que le cuesta vivir en su casa de Sestao. Ella al menos cobra la Renta de Garantía de Ingresos, la antigua Renta Básica, que para dos personas suma 834,90 euros mensuales.

Ambas mujeres, que se ayudan entre sí, han solicitado a los responsables municipales que les permitan acceder a un piso de alquiler social, pero de momento "no han obtenido respuesta", critica Berriotxoak.

Su caso no es único en Sestao, la población con una de las mayores tasas de paro de Euskadi. Otras 38 familias fueron desahuciadas en el primer semestre de 2009, mientras el Ayuntamiento "mantiene 18 viviendas municipales vacías", critica la plataforma, que agrega que 103 las familias baracaldesas tuvieron que abandonar sus hogares durante el mismo periodo de tiempo. El pasado mes de diciembre un total de 524 pisos de protección oficial estaban vacíos en Euskadi.

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