El juez se niega a investigar a Millet por malversación de fondos públicos

El juez que investiga el saqueo del Palau de la Música considera que no existen indicios para apreciar un delito de malversación de fondos públicos en el comportamiento de Fèlix Millet, ex presidente de la entidad, y de Jordi Montull, su mano derecha y ex director administrativo. Según el magistrado Juli Solaz sólo se les pueden imputar apropiación indebida y falsedad documental, que son los delitos que les atribuyó en un principio el fiscal en la querella que inició el proceso.

El pasado 15 de septiembre los dos acusados presentaron una carta inculpatoria en la que reconocían que habían desviado grandes sumas del dinero del Palau para uso personal, el pago de comisiones y sueldos millonarios. Por ese motivo, el fiscal les imputó también el delito de malversación de fondos públicos que ahora rechaza el juez en el auto por el que los deja en libertad y sólo les retira el pasaporte. La fiscalía y las acusaciones particulares ejercidas por el Consorcio del Palau y la Fundación Orfeó solicitaron prisión incondicional para ambos.

El juez explica en ese auto que la gravedad de la pena que se les podría imponer a Millet y Montull justificaría la prisión incondicional, pero añade que no existe riesgo de fuga ni destrucción de pruebas. El juez argumenta que los acusados podrían haber huido después de que los Mossos d'Esquadra registrasen el Palau el pasado 23 de julio y sin embargo no lo hicieron. Es el mismo argumento que emplearon sus abogados, Pau Molins y Jordi Pina,

En cuanto a la destrucción de pruebas, el juez cree que no existe ese peligro porque el registro judicial se realizó con corrección y los acusados no pueden acceder ya al Palau. A esos argumentos el juez añade que no se ha podido demostrar que los documentos que fueron retirados por un empleado días después del registro y por orden de Montull guardaran relación con el proceso. También en eso da la razón a lo mantenido por las defensas.

El auto que mantiene a ambos acusados en libertad concluye con una reflexión genérica en la que el juez explica que la prisión preventiva no puede suponer un anticipo de la pena y sugiere que si los ciudadanos desean que así sea, se dirijan al legislador o a los partidos políticos.

Maria Josep Feliu, decana de los jueces de Barcelona y ex magistrada de instrucción durante algunos años, hizo ayer una acérrima defensa del juez Solaz, hasta el punto de afirmar que el comportamiento de Millet "no denota riesgo de fuga". Feliu explicó que Solaz es el juez de instrucción de Barcelona que tiene menos asuntos pendientes de tramitación (142) y le calificó como "una persona meticulosa, detallista y que lleva un control absoluto de la instrucción".

En el caso del Palau de la Música el juez ha tardado 50 días en admitir la querella del fiscal, ha rechazado en dos ocasiones la intervención de la Fundación Orfeó Català y hasta la tercera petición del fiscal no imputó a Millet y Montull. Les tomó declaración el pasado lunes día 19, sin tener ninguno de los dos informes periciales que se están redactando, y todavía no ha decidido qué hace con los otros tres querellados. Entre ellos Gemma Montull, que intentó destruir pruebas en el registro y fue descubierta por los Mossos, y dos ex tesoreros del Orfeó.El mismo día en que el juez acordó de viva voz que dejaba en libertad a Millet y Montull, la fiscalía ya anunció que presentaría recurso, aunque tenga pocas probabilidades de prosperar. Mientras, el Gobierno catalán anunció ayer que recurrirá la libertad provisional. Lo hará a través del abogado del Consorcio del Palau, del que la Generalitat forma parte. Además, el Ejecutivo recurrió anteayer la denegación de personación en la causa.

Por si quedaban dudas sobre la postura del Gobierno catalán, ayer también decidió modificar el decreto para revocar la concesión de la Creu de Sant Jordi a Millet. De hecho, el Gobierno esperaba que fuera él quien la devolviera. La paciencia se ha agotado y el Ejecutivo modificará el decreto que regula las distinciones, y añadirá que podrán revocarse en caso de "conducta poco honorable que comporte demérito de la persona o entidad".

Todos los partidos, salvo CiU, criticaron la decisión de dejar libres a Millet y Montull. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, dijo entender que los ciudadanos no comprendan algunas decisiones judiciales. ICV-EUiA ironizó con la "generosidad" del juez y el PP pidió medidas más severas ante la gravedad de los hechos. Artur Mas, presidente de CiU, fue más condescendiente y distinguió el juicio penal del social. "No soy licenciado en derecho ni magistrado, pero seguro que el juez tenía razones de peso desde un punto de vista jurídico y legal para decidir". "Otra cosa", matizó Mas en TV3, "es el juicio social, el político, ciudadano, que tiene importancia. Seguro que desde esa óptica hay muchísimos interrogantes y la decisión no se debe de acabar de entender del todo".