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La financiación irregular del PP valenciano

El juez que es "más que amigo" de Camps

De la Rúa está cada vez más solo. Sus continuas alabanzas al presidente valenciano y sus críticas al Ejecutivo socialista erosionan su imagen

El recorrido del caso Gürtel en Valencia ha puesto en el ojo del huracán a Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Dijo sentirse "feliz" de que Francisco Camps le considerara "más que un amigo". Y no consideró que ni eso ni otras proximidades con el presidente autonómico fueran motivo para abstenerse del caso en el que Camps estaba imputado por supuesto delito de cohecho. Firmó el archivo del caso. Además, ha decidido, junto a los magistrados Juan Montero y José Francisco Ceres, ignorar un informe policial que, además de incluir nuevos datos sobre los trajes y otros regalos comprados en Milano y Forever Young, destapa una posible financiación ilegal del PP valenciano a través de una trama de facturación opaca con Orange Market (mercantil fundamental en el caso Gürtel) y al menos seis constructoras.

Dijo que si alguien planteaba su inhibición la petición no prosperaría

Vive en una residencia de 300 metros cuyos gostos paga la Generalitat

De la Rúa (Salamanca, 1943) fue, dicen los de más recorrido en la carrera judicial, un "muy buen" juez de instrucción y un "brillante" magistrado de Lo Social. Era, cuentan, junto a los también magistrados Francisco Pérez y Gonzalo Moliner, de los más próximos a la realidad del trabajador en los pleitos, con un cierto aire "paternalista". Más de 50 jueces en ejercicio han sido preparados por él. Y muchos, hoy, no le reconocen. De la Rúa firmó el archivo definitivo de la causa, a pesar de los indicios que detalló el magistrado de su misma sala, José Flors. A muchos magistrados, su intervención en este caso les irrita porque empaña, dicen, "el esencial principio de imparcialidad". Más aún, cuando el propio De la Rúa, incluso a quienes le recomendaron que se mantuviera al margen, les respondió que no lo haría y que si alguien consideraba lo contrario, que lo planteara, que no prosperaría.

Está adscrito a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Preside el Tribunal de Justicia valenciano desde 1999 y su nombramiento fue recibido con tranquilidad por el sector más progresista. Ahora, está en situación de prórroga. Su segundo mandato terminó el pasado 6 de julio. Su plaza saldrá en breve. Y las críticas son feroces. No cuenta siquiera con el respaldo de su asociación, que ha manifestado su apoyo a Pedro Castellano, presidente de la Audiencia Provincial, un relevo natural para el sector más cercano a la derecha. No tiene plaza en el Tribunal Supremo, al que ha aspirado en dos ocasiones y en cuyos concursos no ha logrado los apoyos necesarios.

En el discurrir de su presidencia ha ido creciendo la oposición por entenderse desde dentro de la judicatura que no siempre ha guardado la necesaria independencia del poder judicial respecto, especialmente, a la Administración autónoma. De forma especialmente significativa, en los últimos cinco años, De la Rúa ha aprovechado comparecencias públicas institucionales para destacar los logros del Gobierno popular de Camps en materia de justicia (por la consecución de la Ciudad de la Justicia, por reivindicar más juzgados, por respaldarle en la petición de más plazas de jueces). Y ha criticado al Gobierno central por "no atender a las necesidades valencianas, no modificar la planta judicial, no sensibilizarse con la creación de juzgados". La última ocasión, en el V Congreso Tributario (celebrado los días 16, 17 y 18 de septiembre en Valencia). En ese foro, junto a la secretaria autonómica, Patricia Montagut, jaleó las inauguraciones y esfuerzos de la Generalitat para "mejorar la justicia".

Magistrados valencianos consideran que "nunca ha mantenido un espíritu reivindicativo frente a la Administración autónoma". Alguno añade que en las reuniones de la comisión mixta, integrada por la Generalitat y el alto tribunal valenciano, "uno se llega a confundir, no se sabe quién es quién".

Para los que defienden una posición alejada del máximo representante autonómico del poder judicial, un episodio que despertó un enorme rechazo fue su respaldo a la juez Laura Alabau, ahora en Valencia, que desde el que era su destino en el Registro Civil de Dénia (Alicante) se negó sistemáticamente a celebrar bodas entre homosexuales, y fue sancionada por ello. Alabau logró de la Junta de Gobierno presidida por De la Rúa, con especial empeño de Pedro Castellano, una comisión de servicio que le proporcionó un destino tranquilo, para muchos "inmerecido" en tanto otros candidatos tenían mayores méritos indiscutibles para ello.

Ha molestado, y mucho, que en representación institucional participara, por ejemplo, en la apertura del año judicial eclesiástico, evento para el que en alguna ocasión envió invitaciones a los magistrados. Y que con cierta regularidad acuda como invitado al palco del Valencia, presente en contenciosos varios que deben resolver órganos judiciales valencianos.

Es hombre de referencia personal y profesional para Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo del Poder Judicial y ex consejero de Justicia del Gobierno de Camps, su único apoyo claro en el seno de ese órgano. Cuando la Sala de Lo Civil y Penal que preside aceptó la competencia del caso Gürtel, la atención sobre él se intensificó. No sólo no calló cuando Camps le señaló públicamente como "más que un amigo", no sólo dijo sentirse "feliz" por ello, sino que defendió que esa relación, que él califica de "institucional", no era razón para alejarle del procedimiento. Algunos dicen que a esa proximidad públicamente conocida y a sus posibles coincidencias ideológicas, pueden sumarse otras vinculaciones.

De la Rúa vive en la sede del Tribunal Superior valenciano, un palacio neoclásico declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en 1982. Su residencia ocupa, en la cuarta planta, 300 metros cuadrados. Los gastos que de ella se derivan los paga la Generalitat. No es la casa que usa de lunes a viernes para estar fácilmente disponible. No. Es la casa familiar. En ella han vivido sus cinco hijos, vinculados también a la carrera judicial. En ella juegan sus nietos. A esas dependencias acuden sus amigos. Una capilla en la vivienda ha sido testigo de privadas ceremonias. Las razones de seguridad no son suficientes para quienes desde dentro de la carrera judicial defienden el fin de privilegios que pueden contaminar la independencia. Esos mismos critican que la Administración haya buscado como coartada para no afrontar el asunto hacerle un hueco en el mismo edificio al fiscal del alto tribunal valenciano.

Poco antes de que De la Rúa accediera al cargo, el entonces director general de Justicia y hoy juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, quiso terminar con ese concepto de residencia en un edificio público. Advirtió al anterior presidente, Juan José Marí, poco antes de que falleciera de que debía desalojarlo. Pero la llegada de De la Rúa frustró tal intento y el PP en la Generalitat no fue capaz de decirle no.

La cobertura de Ceres y Montero

José Francisco Ceres y Juan Montero son los dos magistrados que acompañan a Juan Luis de la Rúa en el devenir del caso Gürtel en Valencia. Los dos son objeto también de fuertes críticas. Tienen en común con el presidente su condición de conservadores. Ceres, cuyo nombramiento vuelve a estar recurrido, por segunda vez, ante el Tribunal Supremo, obtuvo la plaza de magistrado de la Sala de Lo Civil y Penal desde el puesto en la ejecutiva de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Contó con el apoyo expreso de Juan Luis de la Rúa, que defendió como méritos suficientes su corta experiencia al frente de un juzgado mixto y uno de ejecutorias penales, y su condición de experto en derecho histórico valenciano. Eso dejó fuera a candidatos con más de 20 años de ejercicio, magistrados de Audiencia Provincial o del propio Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Supremo dijo que no se habían explicado las razones objetivas para elegirle. Sin grandes variaciones fue vuelto a nombrar. Y, ahora, vuelto a recurrir. Entre tanto, Ceres ha sumado a su currículo figurar como ponente del archivo del caso Camps.

Juan Montero, propuesto por el PP en las Cortes Valencianas en los 90 para ocupar un puesto vitalicio en el TSJ que compagina con su cátedra de derecho procesal en la Universidad de Valencia, no ha sorprendido a los magistrados que le conocen. Ni siquiera cuando durante el proceso dijo sin responder a nada que la acusación particular del caso Gürtel, los socialistas, pretendían una cacería. Él propuso a sus compañeros de sala que el informe policial se eliminara del caso.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Domingo, 27 de septiembre de 2009

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