El jardín cerrado de Garoña
Tras varias semanas de confusión y de zozobra sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña, instalada en 1970 y objeto desde entonces de numerosas prórrogas, el Gobierno renovó la pasada semana su permiso de explotación hasta el 6 de julio de 2013 y acordó al mismo tiempo ordenar su cierre definitivo a partir de esa fecha. Lejos de contentar a los participantes en la polémica -desde los grupos pronucleares hasta las organizaciones ecologistas, pasando por quienes reclaman un debate informado sobre política energética- con esa medida salomónica el presidente Zapatero se ha convertido en el blanco preferido de unos y de otros, sin que tampoco deje de ser criticado por haber incumplido el programa electoral del PSOE.
La deficiente o sesgada información del Gobierno sobre el cierre de la central ha sido humillante
La sociedad necesitaría un Libro Blanco sobre las alternativas de política energética
Al igual que ocurrió con la reforma restrictiva de la jurisdicción universal sobre delitos contra la humanidad a cargo de los tribunales españoles, aprobada de tapadillo en el Congreso a finales de junio, el cierre aplazado de Garoña pone otra vez de relieve el escaso cuidado prestado por el presidente Zapatero a su deber de respetar los principios orientadores de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos que se comprometió a aplicar desde el poder.
La democracia deliberativa no es una realidad empíricamente medible a través de indicadores, sino una idea reguladora que exige a los gobernantes someter la adopción de sus decisiones más importantes a la prueba de un amplio debate público. Sin duda, la política energética en general y la construcción y mantenimiento de las centrales nucleares en particular se inscriben de manera prioritaria en ese selectivo listado. Aunque el presidente del Gobierno haya anunciado el pasado domingo en una escuela de verano del PSOE (y no desde una tribuna pública) un debate parlamentario para el próximo otoño sobre la planificación energética hasta 2030, las medidas sobre Garoña no se beneficiarán ya de sus efectos. La deficiente o sesgada información dada al respecto por el Gobierno ha sido humillante. Ni las simplezas demagógicas de Jesús Caldera como responsable de la Fundación Ideas ni las incongruentes respuestas de la vicepresidenta Fernández de la Vega a las preguntas de los periodistas (la portavoz siempre contesta que el Gobierno se mueve por elevados propósitos, respeta el Estado de derecho, se desloma trabajando y tira del carro) contribuyeron a enriquecer el debate.
El presidente Zapatero invoca también los principios de la democracia cívica según el evangelio de uno de los teóricos de esa corriente de pensamiento, Philip Pettit (Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno, Paidós, 1999). El republicanismo -en su dimensión doctrinal ajena a las formas de gobierno y a su contraposición con la monarquía- es un programa de investigación de las decisiones políticas, no una receta trazada de una vez por todas para adoptarlas: sus exigencias sólo pueden concretarse a la luz de las evidencias empíricas, no de un mandato ideológico. Desde ese punto de vista, la condena de las centrales nucleares como un tabú no es una conclusión razonada sino un prejuicio arbitrario. En ese sentido, el displicente tratamiento dado por el Gobierno al informe del Consejo de Seguridad Nuclear (un órgano independiente del Ejecutivo elegido por una mayoría cualificada del Parlamento) y su negativa a renovar por 10 años la licencia de explotación de Garoña denota una equivocada concepción de las relaciones entre la ciencia y la política.
El catedrático Manuel Lozano Leyva, director del Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Sevilla, justifica la ambigüedad del título de su reciente libro Nucleares, ¿por qué no? (Debate, 2009) con el argumento de que el intencionado juego de palabras puede ser interpretado indistintamente, bien como una afirmación a favor de las centrales nucleares, bien como un pronunciamiento en su contra. Sin duda, la sociedad española necesitaría contar con un pedagógico Libro Blanco parlamentario de ese estilo sobre las alternativas de la política energética española para poder acometer un debate documentado y razonado que evitase las manipulaciones de la pasión, la ignorancia o los intereses.
