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jueves, 9 de abril de 2009

Los países europeos con menores tasas de aborto tienen ley de plazos

Las cifras desmontan la tesis de que la reforma del Gobierno español favorecerá un aumento de las interrupciones de embarazos

Austria, Grecia, Croacia, Suiza, Bélgica y Alemania son, por este orden, los países europeos con una menor tasa de abortos. Ninguno supera las ocho interrupciones voluntarias de embarazo por cada mil mujeres. Todos tienen ley de plazos: se permite a la mujer decidir libremente durante las primeras 12 semanas de gestación (las leyes de Austria y Suiza dicen el primer trimestre) y además establecen una serie de supuestos excepcionales para las semanas posteriores. En España, donde sólo se permite interrumpir el embarazo en tres supuestos (violación, malformación fetal y grave riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la mujer), el índice de abortos en 2007 -últimos datos oficiales disponibles- era de 11,49 por cada mil mujeres. Una tasa, de cualquier forma, que queda dentro de las más bajas de Europa.

En España hay 11,49 intervenciones por cada 1.000 mujeres; en Austria, 1,3

Polonia, Malta e Irlanda han optado por la prohibición

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Estas cifras provienen del informe de la oficina de Naciones Unidas para el Desarrollo. Hay una pequeña variación en cuanto a los años en función de cada país -casi todos son datos de 2003, 2004 o 2005-, pero al ser Estados en los que las leyes de plazos fueron aprobadas hace años, tienen una práctica consolidada y no hay grandes variaciones de año en año.

La educación sexual, la política sanitaria de planificación familiar y de anticoncepción y las creencias religiosas de la población parecen ser más determinantes en el número de abortos que el tipo de normativa. Dentro de los Estados con ley de plazos hay resultados tan dispares como los de Austria, con un aborto por cada mil mujeres, y Rusia, con 53.

Holanda es uno de los ejemplos que demuestra que una ley amplia no lleva consigo altos índices de abortos. Permite interrumpir el embarazo por la mera voluntad de la madre hasta la semana 24 de la gestación. A partir de este momento, se tipifica como delito en el Código Penal. Es el plazo más largo de todas las legislaciones europeas. Sin embargo, la tasa de abortos se sitúa en el 10,4 por cada mil mujeres. Y son ocho de cada mil si se toman en cuenta sólo las residentes holandesas, ya que las restricciones legales que imponen algunos países europeos hace que muchas mujeres viajen a Holanda para que les sea practicado el aborto.

Otra opción, muy infrecuente, junto a la ley de plazos y el sistema de indicaciones concretas, es la prohibición. La solución que proponen ahora en España algunos sectores como los científicos firmantes de la llamada Declaración de Madrid. Tres países europeos, católicos, han elegido seguir este camino, aunque con diferente intensidad.

En Malta las mujeres no pueden abortar en ningún caso. En Irlanda, sólo si está en riesgo la vida de la madre. Polonia lo permite en caso de grave riesgo para la salud o la vida de la madre, violación o que los exámenes prenatales indiquen que hay una alta probabilidad de que el feto tenga daños severos e irreparables o que sufra una enfermedad incurable. En estos dos últimos supuestos, tiene que practicarse la intervención durante las 12 primeras semanas. Es un sistema similar al español en la teoría, pero que en la práctica no tiene nada que ver. Los supuestos se aplican de forma absolutamente restrictiva, de forma que apenas se autorizan abortos: entre 100 y 200 al año.

Pero el resultado de la prohibición es el turismo o la clandestinidad. Las irlandesas acuden a abortar a Reino Unido sin problema. Y las polacas, o bien viajan a algún país cercano como Austria o Alemania o se refugian en el sistema de abortos clandestinos que se ha desarrollado en el país. Naciones Unidas maneja, en un informe de 2002 sobre el aborto en el mundo, el cálculo de al menos 50.000 interrupciones clandestinas de embarazos en Polonia en 1996, aunque se señala que la cifra real será, probablemente, mucho mayor. Sobre todo si se tiene en cuenta la baja tasa de natalidad del país y que sólo el 19% de las mujeres con pareja usa algún tipo de anticonceptivo.

La reforma que prepara ahora el Gobierno español va a ser más restrictiva que la legislación de ninguno de los seis países con menores índices de aborto, especialmente la regulación de los abortos posteriores a la semana 22. Alemania, por ejemplo, permite el aborto hasta el final del embarazo si está en riesgo la vida o la salud física o psíquica de la mujer o del feto. En Austria, el país con menor índice de abortos, se permite interrumpir el embarazo en cualquier momento por malformaciones fetales, para evitar un daño grave para la vida o la salud física o mental de la mujer embarazada o si la madre es menor de 14 años.

El Gobierno español no se atreve a introducir cláusulas tan generales para evitar algunos abusos cometidos durante los últimos años. Todavía están decidiendo cómo recoger en el anteproyecto de ley el peligro para la vida de la madre y las anomalías fetales graves que se detecten tras la semana 22. Y, para que no aumente el número de abortos, el Gobierno confía en la estrategia de salud sexual y reproductiva que acompañará la ley.

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