¡Seamos realistas!
No es bueno para un país tener altas tasas de interrupción de embarazo pero tampoco lo es manejar mal las cifras para ajustarlas a ocultos intereses. Estamos acostumbrados a escuchar informaciones del estilo "El aborto se dispara en España" o "El cambio de ley traerá como consecuencia un mayor número de abortos" sin que esas afirmaciones tengan una base real.
Todos los datos disponibles y oficiales sobre la incidencia de aborto en los países próximos muestran que nuestras mujeres, a pesar de las dificultades de acceso a una buena educación sexual y a servicios de planificación familiar -que incomprensiblemente han ido desapareciendo de nuestro mapa- se someten a un aborto en menor proporción que otras ciudadanas europeas. Se dirá, claro, que las cifras van año a año en aumento, obviando que es el proceso natural a partir de una mayor apertura legal, lo que en nuestro país ha sucedido mucho más tarde que en Francia, Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Suiza, Austria, Suecia....
Si se hacen las cosas bien, en breve llegaremos y nos estabilizaremos en unas tasas aceptables que, desde un punto de vista epidemiológico, podemos cifrar en 10-11 abortos por cada mil mujeres en edad fértil. Si alguien insinúa que eso es una barbaridad porque todo aborto debe ser evitado, o conoce poco el funcionamiento de la sexualidad humana, o infravalora las limitaciones para prevenir un embarazo no deseado -aún en el marco de la mayor responsabilidad posible-, o aprovecha la coyuntura de las cifras para denigrar a las mujeres, y de paso, a los políticos y sanitarios que las apoyan.
Y respecto a las desgracias que nos lloverán si finalmente se consigue una ley que respete la decisión de las mujeres al interpretar que con ella a la gente le va a gustar quedarse embarazada sin quererlo para luego abortar, tampoco se puede decir mucho desde la reflexión y el sentido común.
Lo que ninguna ley, por buena que sea, hace es eliminar el aborto. Lo que si puede hacer, que no es poco, es proteger a las personas que se acogen a ella, favorecer la tolerancia y el respeto entre personas que piensan de distinta manera, mejorar la atención sanitaria y social, reducir las desigualdades y la inequidad y disminuir el aborto de riesgo. La ecuación es clara: mejor educación sexual, más acceso a métodos anticonceptivos, incluido por supuesto el preservativo, mejores recursos preventivos y más apoyo a mujeres con dificultades que tienen un embarazo deseado, igual a menos abortos. O, lo que es lo mismo, quién está en contra de lo anterior, está promoviendo, se quiera o no, un incremento en las tasas de aborto.
Isabel Serrano Fuster es ginecóloga y presidenta de la Federación de Planificación Familiar.
