La huelga de jueces

Los medios de comunicación llevan varios días informando de la eventualidad de una huelga de jueces en España; parece ser que los jueces de Extremadura y Murcia serán los primeros en acogerse a esta modalidad, consistente en ejercer medidas de presión como forma de obtener beneficios o mejores condiciones de trabajo para los que los reivindican. Puesto que estamos aludiendo a un derecho constitucional, nada habría que decir, dado que nuestra Constitución de 1978 recoge ese derecho que ha sido usado por muchos trabajadores y colectivos en nuestro país, sin que haya ocurrido nada que haya puesto en riesgo ni la estabilidad empresarial ni la democrática. No sería noticia, entonces, que un colectivo, en este caso el de los jueces, recurriera y anunciara medidas de presión tales como la declaración de una huelga para la defensa de los intereses que ellos consideran lesionados.

Los jueces no pueden jugar a ser ahora funcionarios y luego uno de los tres poderes del Estado

Nadie entendería que el Gobierno o el Parlamento decidieran un día hacer huelga

El problema reside en que, ante el anuncio de huelga de los jueces españoles, muchos ciudadanos y con ellos el que esto firma, no acaban de entender muy bien el hecho de que los jueces se embarquen en una medida de esas características. Nadie les niega ese derecho; hemos visto una huelga de funcionarios del Ministerio de Justicia sin que las consecuencias de la misma hayan sido nefastas para el funcionamiento de la Justicia en nuestro país. Se podría estar más o menos de acuerdo con las motivaciones que llevaron a esos funcionarios a la huelga, pero a nadie parecía escandalizarle el uso de ese instrumento para conseguir los fines que se proponían. ¿Por qué, entonces, no se percibe de la misma manera el anuncio de una medida similar por parte de otros funcionarios, en este caso, jueces y magistrados de España?

La respuesta a esta pregunta es fácil de responder. Jueces y magistrados son funcionarios, con los derechos que asiste a cada uno de ellos y, por tanto, con el derecho a convocar una huelga cuando consideren que las negociaciones emprendidas con la patronal -el Ministerio de Justicia- no den los frutos que ellos esperaban y deseaban. Los ciudadanos no sabemos si esas negociaciones han tenido lugar ni estamos enterados, tampoco, del contenido de las mismas, en el supuesto de que se hayan mantenido. No podemos, por tanto, saber de qué parte está la razón y de qué lado cae la intransigencia. Pero ni siquiera esos detalles son los que nos hacen no comprender la medida anunciada por el colectivo de jueces. Los ciudadanos sabemos que no estamos hablando de unos trabajadores más, funcionarios o no, sino que, cuando se piensa en jueces, se piensa fundamentalmente en uno de los tres Poderes del Estado que da sentido a la organiza-ción democrática del poder en un Estado moderno. Un juez es un funcionario, pero, sobre todo, es un componente de un poder fundamental del Estado: el Poder Judicial, independiente de los otros dos Poderes, el Legislativo y el Ejecutivo.

Para los hombres y mujeres que diariamente intentamos asimilar el valor de la democracia y perfeccionarla en función de nuestras modestas posibilidades, contemplar acciones que se escapan de nuestra capacidad de entendimiento nos produce la extraña sensación de que alguien ha cambiado los papeles y de que las cosas dejan de ser como pensamos que deberían ser. Nadie entendería que el Poder Ejecutivo decidiera, un buen día, acogerse al derecho de huelga. No entraría dentro de nuestra lógica democrática que el Gobierno, con su presidente al frente, decidiera iniciar una huelga para conseguir no se sabe qué objetivos. Sería motivo de escándalo entre la ciudadanía y, con toda seguridad, la democracia se resentiría hasta límites insospechados en la conciencia de los ciudadanos. La respuesta coherente cívica sería: el Poder Ejecutivo no puede hacer una huelga por razones evidentes. Lo mismo se puede decir de una huelga protagonizada por el Poder Legislativo. ¿Alguien imagina a los diputados y senadores de nuestro país manifestándose por las calles, reivindicando mejoras salariales o condiciones de trabajo más llevaderas? Pensaríamos todos que el país se ha vuelto loco y que España no tiene arreglo.

De la misma forma, nadie puede extrañarse de que los ciudadanos no entendamos que el Poder Judicial anuncie a bombo y platillo la convocatoria de una huelga que dejaría invalidado, por un cierto tiempo, al tercer Poder del Estado. Los jueces en huelga es la negación de la existencia del Poder Judicial durante un periodo de tiempo más o menos largo. Una democracia no puede existir si uno de los tres Poderes renuncia, por las razones que sean, al ejercicio de ese poder. Los españoles lo sabemos muy bien, porque cuando Tejero entró en el Congreso de los Diputados y secuestró al Gobierno y al Parlamento, la Democracia dejó de existir por unos momentos en España. No importó el tiempo que duró esa situación; lo que importó fue que, durante unas horas, la Democracia dejó de existir en nuestro país por la sencilla razón de que dos Poderes del Estado, el Legislativo y el Ejecutivo, en esta ocasión, por la fuerza de las armas, dejaron de cumplir con su misión y dejaron de ser dos Poderes independientes del Estado.

Los jueces españoles no pueden jugar a ser funcionarios cuando les interese y a ser Poder del Estado cuando lo crean oportuno. Si son funcionarios, y así parecen quererlo, y pretenden utilizar las prerrogativas que la Constitución preserva a cualquier trabajador, deberían saber que, al día siguiente de haber concluido la huelga laboral que anuncian, los legisladores estarían en la obligación de arbitrar las medidas legales oportunas que permitan distinguir entre quienes ostentan la representación y ejercen como un Poder del Estado y quienes sólo tienen como función el ejercicio de una profesión. Si se quiere ser sólo funcionario, habrá que concluir que para poder enviar a alguien a la cárcel hay que ser algo más que aquel que aprobó unas oposiciones para ejercer una actividad en la función pública. Si por el contrario se aspira a ser y representar a uno de los tres Poderes del Estado, quienes ostenten esa responsabilidad no pueden comportarse como el resto de los trabajadores, sean del sector privado o del sector público.

Nadie tiene el derecho de elegir un traje de funcionario, para cuando interesa ser sólo funcionario y otro traje para ser Poder del Estado, para cuando interesa revestirse de esa categoría. Los jueces y magistrados, independientemente de las razones que les asistan en sus reivindicaciones, como Poder del Estado, deben encontrar un camino más institucional y más acorde con su función que el simple camino de la huelga, reservada sólo para quienes no tienen otro poder que el de su voto y el ejercicio de sus derechos constitucionales. Jueces y magistrados son la cara de la Justicia en España. La Justicia absoluta no existe, como tampoco es posible la objetividad, la belleza o el bien absolutos. Pero los ciudadanos tenemos tendencia a creer que es posible conseguirlo o aproximarnos a ello. Contemplar el espectáculo de ver a un Poder como el Judicial haciendo una huelga, nos aleja de ese ideal de Justicia que jueces y magistrados deben intentar preservar en el imaginario colectivo con sus acciones y con sus gestos.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha sido presidente de la Junta de Extremadura.