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COLUMNA

Una luz al fondo de las tumbas

Septiembre esperaba en Madrid con sus malos augurios, su crisis económica y sus 2.530.001 parados, pero también con una buena noticia, que es la investigación que acaba de iniciar el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre los desaparecidos del régimen de Franco, esas personas que fueron asesinadas y enterradas en fosas comunes o tumbas anónimas por los golpistas de 1936 y sus partidarios y que según los historiadores oscilan entre las 90.000 y los 180.000. A Juan Urbano, que nunca ha entendido por qué nuestra democracia tiene que tener cadáveres sin identificar en el subsuelo, o por qué algunos familiares de republicanos que sufrieron la represión de los sublevados deben aguantar que sus parientes estén sepultados ni más ni menos que en el Valle de los Caídos, al lado del dictador, le parece una manera magnífica de inaugurar el otoño y un buen modo de celebrar los 30 años de la Constitución. Aunque también puede que se salga con la suya el fiscal, que pide archivar el caso, y muchos se vean obligados a seguir creyendo que la transición fue una transacción en la que se pactaron tantas libertades como olvidos.

No se entiende que el Estado mantenga un monumento a la memoria de su secuestrador

El juez Garzón lo lleva claro, porque para empezar ha pedido información sobre el tema al Gobierno, a la Conferencia Episcopal, que debería abrir los archivos de sus parroquias a los investigadores, y a algunos ayuntamientos, entre otros el de Madrid, para poder elaborar un censo de desaparecidos, conocer sus identidades, su paradero y las circunstancias de su muerte; y Juan Urbano se apostaría el anillo de boda de su madre a que ni la Iglesia ni las autoridades municipales de la capital le van a ayudar lo más mínimo, y, de hecho, le van a desobedecer y a obstaculizar su trabajo, siguiendo la fórmula que la presidenta de la Comunidad, por ejemplo, le aplica al asunto de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que ahora que está a punto de iniciarse un nuevo curso académico insiste en sabotear por tierra, mar y aire, demostrando que en este país aún hay quien entiende que ganar unas elecciones te sitúa por encima de la ley.

Si el juez Garzón, a pesar de todos los problemas y la falta de colaboración con la que va a encontrarse, admite a trámite el caso y consigue esclarecer el número de personas enterradas en fosas comunes desde el 17 de julio de 1936, sus nombres y las circunstancias en que fallecieron, habrá logrado abrir la puerta de las tumbas cerradas, tras la cual se oculta la mayor cuenta sin saldar de nuestra democracia, y habrá preparado el camino para que muchas personas que así lo deseen puedan recuperar los restos de sus familiares y completar de ese modo el rompecabezas de su memoria. El Archivo General de la Administración, el Centro Documental de la Memoria Histórica, perteneciente al Ministerio de Cultura, y la Dirección General de Registros y del Notariado, dependiente de Justicia, ya han recibido la orden de proporcionarle la documentación relacionada con desaparecidos que pudieran tener y la de comunicar a todos los Registros Civiles de España que deberán permitir el acceso a sus archivos a la Policía Judicial, para que proceda a la identificación de las posibles víctimas. Y en cuanto a la Iglesia, el juez Garzón se ha dirigido especialmente a la abadía que gestiona el Valle de los Caídos, reclamándole "información sobre los nombres de las personas que en este lugar estén enterradas, procedencia geográfica de los restos y causas del enterramiento allí hecho".

Juan Urbano cerró los ojos, vio mentalmente el ofensivo Valle de los Caídos y pensó que no sólo habría que identificar a los muertos a granel que puso allí Franco, sino sacarlo a él de allí para que su familia lo llevara a un panteón familiar. Que el Estado mantenga un monumento a la memoria de su secuestrador no hay quien lo entienda.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 4 de septiembre de 2008