El ex consejero Cartagena, en prisión

Luis Fernando Cartagena Travesedo, ex consejero de Obras Públicas en el primer Gobierno de Eduardo Zaplana, ingresó la noche del miércoles en la cárcel de Villena para cumplir una condena de cuatro años por quedarse con 49.000 euros donados por unas religiosas al Ayuntamiento de Orihuela.

La oposición cree que se ha hecho justicia y "es un aviso a navegantes"

Tiene pendiente otro caso por delito fiscal que motivó su salida del Consell

El que fuera alcalde oriolano entre 1987 y 1995 se ha visto abocado a entrar en prisión una vez que el Gobierno le denegó el indulto el pasado 23 de mayo y tras agotar todos los recovecos del sistema judicial. La petición de gracia para ex alto cargo del PP contó con el respaldo de todos consistorios de La Vega Baja presididos por los populares y de las grandes organizaciones empresariales de la Comunidad Valenciana.

Cartagena tiene pendiente otra causa por supuesto fraude fiscal que le obligó a dimitir como consejero en marzo de 1998 y truncó una prometedora carrera política como número dos del entonces líder de los populares valencianos, Eduardo Zaplana. Por este segundo caso se enfrenta a otros tres años de cárcel.

Los hechos que provocaron el procesamiento de Luis Fernando Cartagena se remontan al 3 de abril de 1993, cuando religiosas de las Hermanas Carmelitas entregaron en mano al entonces alcalde el superávit (49.000 euros) de la gestión del Hospital Municipal San Juan de Dios. Cinco años más tarde, Jesús Ferrández, entonces portavoz del Centro Liberal (una escisión del grupo municipal del PP), denunció públicamente que Cartagena no ingresó el dinero en las arcas municipales y lo guardó debajo de la tapa del piano de la alcaldía.

El juzgado abrió una investigación que concluyó con el procesamiento de Luis Fernando Cartagena y del industrial afín al PP Ángel Fenoll. En marzo de 2002, la sección 7ª de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche, condenó a Cartagena a tres años por malversación y a uno por falsedad y a Fenoll a dos años por falsedad. En la vista oral, el ex consejero negó que se hubiera quedado con el dinero de las religiosas y aseguró que invirtió el donativo en obras para rehabilitar el casco histórico de Orihuela, "para limpiar el barrio de gitanos", dijo textualmente. Para justificar esas obras aportó facturas de los trabajos supuestamente realizados por Fenoll. La sala consideró probado que las facturas eran falsas.

El fallo de la Audiencia de Alicante fue ratificado en todos sus extremos por el Tribunal Supremo justamente dos años más tarde, en marzo de 2004. El fallo del alto tribunal estableció que "tenía el dominio funcional y ostentaba la capacidad o poder de disposición sobre los fondos públicos, caudales que han desaparecido y de cuyo destino no se ha dado explicación suficiente, por lo que se apropió con ánimo de lucro de dichos caudales públicos, bien para él, o si se quiere en beneficio de terceros".

La confirmación de la sentencia del Supremo dejó a Cartagena una única salida para evitar su ingreso en prisión, la petición del indulto. Los abogados del ex consejero tramitaron la propuesta en tiempo récord, y en junio de 2004 el tribunal remitió el expediente al Consejo de Ministros. La sala informó parcialmente a favor de la petición de gracia (alegó que el condenado había restituido a las arcas públicas la cantidad sustraída) mientras el fiscal se opuso. La Fiscalía sostuvo que indultar a Cartagena era discriminatorio: "Habría una justicia para ricos y otra para pobres", subrayó el fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, José Antonio Romero.

El Gobierno resolvió la petición de indulto cuatro años después, prácticamente al borde del límite legal de la prescripción de los delitos (cinco años a contar desde la sentencia del Supremo) por los que fue condenado. La negativa del Gobierno y la presión de la Fiscalía urgiendo al tribunal a que ejecutara la condena puso a Cartagena con un pie en la cárcel. No obstante, su defensa recurrió a una nueva argucia legal para demorar su entrada en prisión y solicitó que se le conmutara el año de cárcel por el delito de falsedad a cambio de una multa. El letrado esgrimió el argumento de "conducta intachable" del condenado.

El pasado jueves, día 10, la sala rechazó la petición de Cartagena, mantuvo la condena de cuatro años y fijó el 31 de este mes como tope para que voluntariamente entrara en cárcel.

El ex consejero optó por no agotar los plazos y al caer la noche del miércoles se presentó en el registro de entrada de la cárcel de Villena para comenzar a cumplir la pena. Con todo, Cartagena no cumplirá íntegramente los cuatro en prisión, ya que el equipo de abogados comenzará a gestionar los beneficios penitenciarios nada más venzan los plazos legales.

La entrada en prisión de Cartagena causó un verdadero revuelo ayer en Orihuela, donde el ex alcalde es considerado como un poder fáctico. Los portavoces de los tres grupos de la oposición municipal coincidieron en afirmar que "la justicia acaba llegando". La portavoz socialista, Antonia Moreno, subrayó que "se condena la política del todo vale, que él [Cartagena] inauguró". Mientras, Monserrate Guillén, portavoz de Los Verdes, dijo "que aunque tarde, es un aviso para navegantes"· Por su parte, Joaquín Escurra, del Centro Liberal Renovador, aseguró: "La justicia pone a cada uno en su sitio". Mientras, el portavoz adjunto del PSPV en las Cortes, Ximo Puig, exigió al presidente del Consell, Francisco Camps, que "explique las circunstancias del encarcelamiento de Cartagena y si considera que es un político ejemplar como Carlos Fabra".

En el ámbito del PP, la primera reacción a la entrada en la cárcel de Cartagena, fue la del presidente provincial de los populares alicantinos, José Joaquín Ripoll quien aseguró: "Es uno de los episodios más tristes de mi vida. No tengo otra opinión, solo lamentarlo". Ripoll fue compañero de Cartagena en el primer Ejecutivo valenciano de Eduardo Zaplana.