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El debate sobre la interrupción del embarazo

El Gobierno estudia fijar un plazo para abortar sin que se requiera justificación

La reforma aspira a evitar el uso del supuesto psíquico en embarazos avanzados

El Gobierno se ha puesto a trabajar en una nueva regulación del aborto que combinará plazos en los que la decisión sería libre y una revisión de los supuestos actuales, de forma que se ponga límite temporal para la interrupción voluntaria del embarazo en el supuesto de afectación psicológica de la madre

. En la actual ley no hay límite en ese supuesto, por lo que nada impide que se practiquen abortos de seis o siete meses. Los otros supuestos de la norma en vigor autorizan el aborto para casos de embarazo por violación, durante los 12 primeras semanas, y de malformación del feto, hasta las 22 semanas de embarazo.

Aunque una ley de plazos es señalada a menudo como el modelo más avanzado, por sí sola no garantiza la seguridad clínica y jurídica de las mujeres, según la conclusión definitiva del Gobierno.

En medios gubernamentales y del PSOE tienen ya decididos los criterios en los que se basarán para la nueva regulación, y siempre con la precaución de no dar motivos al Tribunal Constitucional para que eche atrás la reforma. Habrá aborto libre, sin necesidad de basarse en supuesto o condición alguna, hasta un número determinado de semanas de embarazo que puede estar entre 12 y 16. Este criterio respondería a la demanda de una ley de plazos que no implique recurrir a supuestos, como la de otros países europeos.

Las razones de riesgo para la salud psicológica de la madre podrán ser esgrimidas hasta después de superar la mitad del embarazo y las fuentes informantes la sitúan entre la semana 22 y 24. A partir de esa semana, sólo se podría abortar por razones de grave riesgo para la salud de la madre y por malformación del feto. Con esta panoplia de situaciones se considera que la seguridad de las mujeres "y el derecho a decidir sobre su maternidad" está garantizado.

No está cerrado el procedimiento para llegar a la nueva regulación aunque sí es segura la creación de una comisión técnica ministerial. No obstante, en la dirección del PSOE y del Grupo Socialista no se da por descartada absolutamente la posibilidad de que exista tal subcomisión. Hay inconvenientes pero también ventajas por cuanto que la existencia de esa subcomisión ayudaría a que el "proceso de maduración social" de la necesidad de los cambios fuera paulatino y, por tanto, más sólido, según fuentes de la dirección socialista. También añaden que durante el paso de expertos por este ámbito parlamentario se crearían las "complicidades necesarias" entre todos los grupos parlamentarios. No obstante, antes de que acabe este mes se decidirá el procedimiento.

Si se hace a través de una comisión ministerial y un proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros, el texto sería sometido a informes no vinculantes del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial. Dado que es preciso cumplir estrictamente la jurisprudencia del Constitucional, ese trámite es importante para el Gobierno. Si la ley procediera de la subcomisión y de los grupos parlamentarios sería una proposición de ley y no sería preciso ese trámite de informe. La tramitación del proyecto de ley orgánica, si finalmente sale del Gobierno, tendría un largo debate parlamentario en Comisión y en Pleno.

En todo caso, el debate sobre el aborto llegará al Congreso antes de final de este mes, cuando un pleno extraordinario discuta y convalide el decreto sobre confidencialidad de los datos que aprobará hoy el Consejo de Ministros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de julio de 2008