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La persecución del aborto lleva a 25 mujeres ante el juez

La campaña contra las clínicas abortistas se recrudece en Madrid

Ocho de la tarde del jueves pasado. Una mujer de 31 años está bañando a sus hijos en su casa. Suena el timbre y aparecen dos agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza dependiente de la Guardia Civil). Han ido a entregarle, en mano, una citación para que declare al día siguiente en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid). "Usted practicó un aborto en febrero de 2007", le dicen. Le explican que tienen un expediente suyo de la clínica de interrupción de embarazos Isadora, en Madrid, y que se están investigando unos supuestos abortos ilegales. "Tiene que entender que hay una gran alarma social por este tema", le dice uno de los agentes. "Nos dicen que hay fetos de ocho meses". La llamaban para que declarara como testigo, pero no se limitaron a entregarle la citación. Le hablaron del aborto y le enseñaron algunos expedientes de otras mujeres. "Me hicieron sentir mal, como si hubiera hecho algo horrible", explica la mujer.

Poco se podía imaginar que un año después de practicado el aborto irían a buscarla a su propio domicilio, por la noche, con sus hijos delante, y sin tener en consideración que quizá su familia desconocía su decisión. Las citaciones para declarar como testigo se pueden mandar por medios como el correo o telegrama. No es necesario que se entreguen en mano.

Como ella, unas 25 mujeres que abortaron el año pasado han sido llamadas a declarar ante la Guardia Civil por un juez de Madrid. Las citaciones han coincidido con la resaca de la concentración organizada por los obispos a favor "de la familia cristiana" el pasado 30 de diciembre; con la huelga de las clínicas de abortos por la persecución a la que, según su parecer, están siendo objeto; con la promesa electoral de Mariano Rajoy de crear un Ministerio de la Familia; con un intenso debate el pasado jueves en el Congreso de los Diputados sobre las relaciones Iglesia-Estado; con el anuncio del PSOE de que no incluirá una reforma del aborto en su programa electoral para aprobar una ley de plazos -como en la mayoría de los países europeos-; y con las discusiones y divisiones internas que tal decisión ha planteado en el seno del partido gobernante.

La investigación contra la clínica Isadora tuvo como inicio la denuncia de La Vida Importa, una plataforma que se define como "iniciativa de diferentes personas y asociaciones que han trabajado para disponer de información, documentos y pruebas sobre prácticas ilegales dentro de los establecimientos de abortos en España". El presidente es Juan Sánchez, fundador de los Astilleros Astraea, en Sevilla. Dentro de la plataforma se integran asociaciones como HayAlternativas.org (HazteOir.org), muy activa contra las bodas gays, la ley de educación y la asignatura Educación para la Ciudadanía, y la Federación Internacional de Médicos Cristianos.

"Todo son infundios", explica una portavoz de la clínica, Marisa Castro. "Nuestra praxis es absolutamente legal, la Comunidad de Madrid hace numerosas inspecciones y no encuentra nada. Pero si las autoridades no acaban con esta situación, las clínicas estamos dispuestas a crear un problema y a cerrar las unidades de aborto. Es necesaria una ley de plazos". El 98% de las interrupciones voluntarias de embarazo que se practican en España las llevan a cabo clínicas privadas, aunque la sanidad pública lo subvencione en algunos casos.

"No es de recibo es que ahora persigan a las mujeres en sus casas", añade Empar Pineda, de Isadora. "Es una forma de coacción inaudita". La mujer a la que el Seprona citó el jueves declaró ayer ante la Guardia Civil. Sólo le hicieron preguntas sobre la clínica. Ningún trabajador de la misma ha sido llamado a testificar.

¿De qué se acusa al centro Isadora?

Una asociación llamada La Vida Importa interpuso una denuncia contra varias clínicas madrileñas por cómo gestionaban los residuos clínicos y orgánicos. Era 2006. En febrero de 2007, el Seprona fue a hacer una inspección a Isadora, en Madrid. Allí había varios contenedores que iban a ser retirados por la empresa contratada por la clínica para eliminar los residuos. Los agentes impidieron que se los llevaran y volvieron al cabo de días para recogerlos -rompiéndose así la cadena de frío necesaria para la conservación de estos restos-.El 16 de febrero, el Seprona pidió al juzgado de Instrucción de guardia de Madrid (el número 6 ese día) que mandara analizar los contenedores. Alegaban una presunta "eliminación ilegal de estos humanos". El juez lo denegó por una "total carencia del más mínimo fundamento jurídico".Cuatro días después, el 21, el Seprona volvió a los juzgados y alegó que habían encontrado "restos humanos de entidad importante procedentes de los abortos". Esta vez el tema recayó en el juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, que sí abrió diligencias. Pidió que se analizaran los restos. El Instituto Anatómico Forense determinó, según señala el abogado de Isadora, Javier Martínez, que los nueve fetos que estudió -los que a la Guardia Civil le habían parecido de "entidad importante"- no excedían de las 22 semanas, plazo para el que la clínica tiene autorización para practicar abortos.Pero el juez, José Sierra Fernández, sigue investigando. Pidió a la clínica todos los historiales médicos de las mujeres que habían abortado allí durante los días en los que se guardaron los residuos que fueron incautados por el Seprona. Ahora las está llamando a declarar a todas. Son unas 25 mujeres. A la casa de una ellas fue la propia Guardia Civil a citarla.El juez ha decretado el secreto de sumario de las actuaciones. Ninguna persona de la clínica Isadora ha sido llamada a declarar y no hay imputados.

Mes y medio de crisis en las clínicas

- 27-11-2007. Seis personas son detenidas por practicar supuestos abortos ilegales en la Clínica CM, de Barcelona, dirigida por el doctor Morín. Tres de ellos acabaron en prisión.- 13-12-2007. La Comunidad de Madrid cierra dos clínicas en cuatro días, una de ellas, filial de la clínica intervenida en Barcelona.- 26-12-2007. Unos encapuchados atacan una clínica de abortos madrileña.- 07-1-2008. Paro histórico de los centros de aborto. Aseguran que sufren "presiones" y "ataques".

* Este articulo apareció en la edición impresa del Sábado, 12 de enero de 2008

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