Combate contra la evidencia
La insistencia del PP en mantener las fantasías sensacionalistas en torno a los atentados del 11-M a pesar de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional no es sólo una manifestación de contumacia. Es también, y sobre todo, la prueba de que la estrategia que ha seguido en este asunto a lo largo de la legislatura no tiene marcha atrás, ni aun en el dudoso supuesto de que sus dirigentes quisieran volver sobre sus pasos. Desde el mismo día de la matanza, los populares se fueron adentrando en el callejón sin salida de unas declaraciones tan descomunales, de unos signos de desprecio tan inequívocos al Estado de derecho, sus instituciones y sus procedimientos que, al final, se encuentran encadenados a sus desaforadas palabras y a sus extravagantes iniciativas parlamentarias. Dicho en otros términos, lo que hubiera resultado extraordinario a estas alturas es que, tras conocer el fallo de la Audiencia, los dirigentes del PP hubieran convocado una rueda de prensa para declarar con tanta solemnidad como contrición: de acuerdo, nos equivocamos, la instrucción del sumario fue solvente y con garantías, la fiscalía hizo bien su trabajo y el tribunal ha dictado una sentencia fundamentada y cargada de sentido.
Fuera del PP se considera que, a pocos meses de las generales, su contumacia le pasará una abultada factura electoral, y no es difícil advertir cierta satisfacción por lo que se considera un nuevo movimiento en falso de Rajoy y los suyos. Pero es que el razonamiento desde el que parecen actuar los dirigentes populares es exactamente el contrario: lo que les pasaría una abultada factura electoral sería aceptar ahora lo que han venido negando durante tres años, lo que desmovilizaría a sus votantes sería reconocer ante ellos que han malgastado una legislatura combatiendo a sabiendas contra molinos y no contra gigantes. Y cuantas más evidencias existan de que ha sido así, de que se han obstinado en un combate sonámbulo al que han arrastrado a un tercio de la opinión pública, más se encastillarán en sostener que los atentados del 11 de marzo siguen sin estar resueltos. Cuentan para este propósito con el apoyo incondicional de quienes, no es que se jueguen las elecciones, sino la solvencia y la credibilidad: los medios sensacionalistas que han suministrado el combustible necesario para mantener vivos los fuegos fatuos de esta farsa.
Resultaría ingenuo creer que basta con esgrimir la sentencia para acorralar a los populares y dejar al descubierto la obscena manipulación que han perpetrado. A su estrategia le conviene que la sentencia siga en el primer plano político mucho tiempo, puesto que cuanto mayor sea el tiempo del que dispongan mayores serán las posibilidades de que funcione el mecanismo que suelen aplicar a las situaciones que, en cualquier lógica diferente de la suya, parecerían desesperadas: si se logra establecer una batalla prolongada entre el absurdo y la evidencia, es la evidencia la que se deteriora y el absurdo el que sale reforzado. La sentencia sobre los atentados no sería el primer caso de esta legislatura en el que los populares han buscado este efecto aberrante y, a juzgar por las encuestas, sus esfuerzos no han sido desgraciadamente en vano. Por esta razón, el resto de las fuerzas democráticas deberían extraer las conclusiones y pensar con detenimiento la estrategia que conviene enfrentar a este modo artero de hacer política, y no dar por descontado que, en el terreno de la confrontación electoral a cara de perro que se prolongará durante estos meses, el PP acabará asumiendo que la sentencia le deja sin capacidad de reacción.
En este sentido, la propuesta de IU para que el Congreso apruebe una resolución de apoyo a la sentencia es un error político y una aberración institucional. Un error político porque, en el fondo, le está ofreciendo al PP la mejor de las plataformas para prolongar su esperpéntico aunque eficaz combate contra la evidencia, permitiéndole, además, revestir el absurdo con las galas de la respetabilidad parlamentaria. Una aberración institucional porque, sean cuales sean los manejos de los populares, lo último que cabría hacer es asumir implícitamente que una sentencia del Poder Judicial necesita del refrendo del Poder Legislativo para que surta la totalidad de sus efectos. Dar un innecesario respaldo político a una sentencia permitiría al PP realizar uno de esos sutiles desplazamientos semánticos en los que ha acreditado una redomada maestría, y decir que estamos, simplemente, ante una sentencia política.
La Audiencia Nacional ha fallado sobre el caso más grave de terrorismo que se ha producido en Europa; quienes se conforman con el fallo darán por terminado el proceso y quienes disienten disponen aún de la vía del recurso. Si el PP no recurre a sus vergonzantes terminales dentro de la sala, tan activas durante la vista oral, para activar este último procedimiento y dar forma jurídica a su búsqueda de la "autoría intelectual" es porque sabe sobradamente que por ahí no tiene salida. Sería desastroso concedérsela en el terreno político.
