Coherencia fiscal

La Comisión Europea ha abierto expediente informativo a España para determinar si la norma fiscal española que permite deducir en el impuesto sobre sociedades el fondo de comercio de las empresas compradas por compañías españolas en el exterior es una ventaja impropia que atenta contra la competencia y, por tanto, las deducciones son en realidad ayudas de Estado que deben ser devueltas por las empresas compradoras. La iniciativa, adoptada por Bruselas a instancias de eurodiputados interesados por las compras realizadas por sociedades españolas en sus países, afecta, entre otras grandes operaciones, a la compra del grupo británico O2 por Telefónica o de Scottish Power por Iberdrola. La investigación encierra, por supuesto, la sospecha implícita de que sin esta treta fiscal no hubiera sido posible el triunfal desembarco de las empresas españolas en Europa.

No es necesario recorrer un largo trecho para encontrar la razón última de este conflicto. Si, efectivamente, en España se practica una singularidad fiscal que no existe en la legislación de otros países, la Comisión tendrá razones sobradas para exigir explicaciones a las autoridades españolas y, en su caso, exigir la devolución de las exenciones obtenidas; porque los principios de homogeneidad fiscal y contable son los fundamentos de un mercado transparente y competitivo. En el peor de los casos, si el Ejecutivo comunitario entiende que esta norma -en vigor desde 2002- es una ayuda de Estado encubierta, Madrid debería aceptar la decisión y sugerir que se inicie una negociación para procurar que las devoluciones no tengan un impacto devastador sobre las cuentas de resultados de las empresas afectadas. Sorprende que el Gobierno español no negociara, ni siquiera consultara, esta deducción con las autoridades europeas, a sabiendas de que estaba expuesta a reclamaciones en el momento en que se ejecutara alguna operación transfronteriza.