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Los guardas cifran en 8.800 las órdenes judiciales necesarias para poder trabajar

Jesús Sérvulo González

Los agentes forestales calculan que serán necesarias unas 8.000 autorizaciones judiciales para realizar su trabajo. De momento, desde que entró en vigor la Ley de Modernización del Gobierno Regional, han presentado medio centenar de solicitudes para acceder a propiedades privadas. Pero "los juzgados no dan abasto y ya han dicho que no pueden tramitarlas", cuenta Francisco Cabezas, responsable de CC OO.

Dos juzgados, uno de Colmenar Viejo y otro de Alcobendas, han dictado sendos autos determinando que no es necesaria la orden para entrar en fincas no habitadas. Pero recomendaron que estos asuntos se tramiten a través del contencioso-administrativo. El juzgado de Alcobendas precisó que no tenía capacidad para conceder todas las autorizaciones que no tengan implicaciones penales.

Las peticiones mayoritarias presentadas por los guardabosques tienen que ver con la poda de los árboles para leña o para sanear las especies. "Tenemos que entrar en las fincas para autorizar las cortas. Señalamos los árboles que se cortan. Y unas semanas más tarde debemos entrar otra vez para comprobar que se haya hecho bien", relata un guarda forestal.

Denuncias

El año pasado, los agentes iniciaron unas 2.800 denuncias. La mayor parte corresponden a vehículos que circulaban por áreas protegidas, unas 1.700. "Hay mucho motorista que hace rallies por el campo", cuenta Cabezas.

También son frecuentes las denuncias por incendios, unas 324 durante 2006. Aunque los forestales se quejan de que sólo la mitad de estas denuncias termina en los juzgados. Los apercibimientos por levantar vallas de forma irregular ha provocado 216 actuaciones de los agentes. "Muchas fraccionan el monte e impiden el paso de los animales. Los estabulan", explica Lorenzo, un agente forestal, frente a una cerca que recorre una finca de 240 hectáreas en la Dehesa Vieja de Torrelaguna. "Hay dos kilómetros de valla, que necesita un informe ambiental y no lo tiene", cuenta el funcionario, que reclama más respeto para su profesión. Los guardas forestales iniciaron 38 expedientes de denuncia por irregularidades urbanísticas el año pasado. "La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha instruido solamente el 66% de las denuncias que hemos iniciado", explica Cabezas.

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Las otras denuncias son por vertidos y residuos, 240 denuncias al año; podas ilegales, 78; líneas eléctricas irregulares, 36; caza furtiva, 90.

Varios representantes sindicales del cuerpo de agentes forestales se reunieron el pasado jueves en Colmenarejo donde anunciaron que viajarán la próxima semana a Bruselas para explicar su oposición a la ley regional que les impide el acceso a las fincas privadas ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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