La Fundació de la Solidaritat paga a siete personas que trabajan en el Consell

El círculo se estrecha en torno a Ester Fonfría, gerente de la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat, una entidad privada sin ánimo de lucro financiada por Bienestar Social y Bancaja dedicada a apoyar a las ONG valencianas. Comisiones Obreras denunció ayer a la entidad ante la Inspección de Trabajo por negarse a proporcionar información sobre la plantilla. El sindicato confirmó, paralelamente, que hay siete personas en nómina que no trabajan en la fundación. Seis de ellas son en realidad empleados de la consejería de Rafael Blasco y otra, de la de Juan Cotino.

Los nuevos contratos desmienten a Fonfría, la gerente acusada de persecución sindical

Casi todos los trabajadores están en realidad en la consejería de Blasco

Los empleados ocupan puestos de asesores y de periodistas en el gabinete de comunicación de ambos departamentos. Su situación irregular debilita la posición de Ester Fonfría, gerente de la fundación (cuyo acrónimo es Fundar), acusada de "persecución ideológica" por el sindicato. Y desmiente la defensa que Fonfría había formulado para rechazarla.

La entidad despidió el 31 de julio a seis trabajadores que habían participado en las primeras elecciones sindicales de la empresa, creada en 2001, y que ganó CC OO. Cuatro de los despedidos iban en las listas de Comisiones. Los otros dos eran simpatizantes. Según la organización sindical, la dirección de Fundar habría tratado de impedir previamente las elecciones amenazando a algunos de los candidatos.

Ester Fonfría negó entonces que se hubiese producido persecución sindical. Según su versión, los despidos respondieron a una reestructuración muy meditada de la plantilla. La gerente afirmó que los seis puestos vacantes no serían cubiertos. "Serán amortizados", declaró, "para dedicar el dinero al verdadero objetivo de la fundación, que es apoyar a las ONG".

La versión de la reestructuración organizativa ya presentaba incongruencias. El asunto acabó de aclararse ayer, cuando CC OO constató que Fonfría contrató a cuatro personas el 1 de agosto, un día después de firmar los seis despidos. Ninguno de ellos trabaja en realidad en Fundar. Ocupan puestos de asesores y periodistas en la Consejería de Inmigración, Participación y Ciudadanía, el nuevo departamento que dirige Rafael Blasco. El consejero es, asimismo, desde julio, vicepresidente de Fundar.

A esos cuatro casos hay que sumar la situación irregular de otros cuatro contratados. Dos desempeñan funciones en la consejería de Blasco. Otro, en la de Juan Cotino, vicepresidente del Consell, consejero de Bienestar Social y presidente del patronato de Fundar. Las sospechas sobre ellos surgieron el día de las elecciones sindicales: cuando acudieron a votar, supuestamente a la lista alternativa a CC OO, resultó que nadie los conocía. Había pocas posibilidades de que se tratase de personas lo bastante discretas como para haber pasado desapercibidas: por entonces, sin contarlos a ellos, en las instalaciones de la calle de Fontcalent, en Valencia, había 19 trabajadores.

Casi todos los contratados irregularmente en Fundar trabajan para Blasco, que ha sido desde el principio el valedor de Fonfría. Fue Blasco quien la nombró gerente en el año 2001 cuando, siendo consejero de Bienestar Social, creó la fundación con Bancaja.

Tras ser destinado a la nueva Consejería de Inmigración, un departamento considerablemente menor que los que había dirigido previamente, Blasco logró que se modificara el patronato de la fundación y para ser nombrado vicepresidente. Aunque Cotino, como titular de Bienestar Social, sigue ocupando la presidencia del patronato, su equipo de comunicación se ha encargado de dejar claro en la última semana que no mantiene ninguna relación con Fundar. Y que es Blasco quien se encarga de llevar su "día a día".

Ayer, tras ser denunciada ante la Inspección de Trabajo, la fundación proporcionó a CC OO la información que había solicitado.

El caso Fonfría ha causado malestar en Bancaja, que está representada en el patronato de la entidad y que destinó en 2006 1,3 millones de euros a financiarla. Bienestar Social aportó otros 2,7 millones.