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CC OO denuncia a la Fundació de la Solidaritat por "persecución ideológica"

La entidad semipública acumula 11 despidos improcedentes desde su creación en 2001

Ignacio Zafra

Comisiones Obreras denunció ayer una "persecución ideológica" en la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat. La entidad privada sin ánimo de lucro, financiada por la Consejería de Bienestar Social y Bancaja, despidió de forma improcedente a seis trabajadores en julio después de que celebraran su primera elección sindical, un caso que el sindicato ha llevado ante la justicia. La fundación acumula 11 despidos improcedentes desde que se creó en 2001. Su plantilla de 23 empleados ha quedado reducida a 12, según CC OO. La gerente negó persecución alguna.

La entidad financiada por Bienestar Social y Bancaja se dedica a ayudar a ONG

Ester Fonfría, gerente de la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat (Fundar, dedicada a apoyar a las ONG), afirmó que el hecho de que cuatro de los seis últimos despedidos estuvieran incluidos en las listas de CC OO (cuyo candidato resultó elegido) respondió a la voluntad de respetar el proceso electoral. Fonfría justificó la salida de los empleados con la necesidad de adaptar "una estructura obsoleta" a un "sector muy dinámico".

Los trabajadores consultados hablaron, sin embargo, de un clima de "acoso laboral" que habría llegado a su cénit tras la decisión de los empleados de convocar por primera vez en siete años elecciones sindicales. Comisiones Obreras, que ha llevado el caso al juzgado, adujo al respecto el "índice muy elevado de rotación de la plantilla": Desde 2001, han abandonado la entidad 40 personas, entre despidos improcedentes, justificados, finalización de contratos y bajas voluntarias. Fonfría explicó lo numeroso de la última categoría apuntando a los "bajos sueldos" y a la apuesta de la fundación por gente joven que saltaba a la empresa privada cuando tenía ocasión. La versión de los trabajadores consultados fue distinta. "Algunos recién aterrizados se marchaban porque no podían ni aguantar el mes de prueba", dijo una de ellas.

No es la primera vez que la gerente es acusada de presionar a los trabajadores por motivos ideológicos. En mayo de 2002, tras un despido, el PSPV denunció la existencia de "listas negras" con trabajadores no afines al Partido Popular. Fonfría lo negó. Este periódico publicó más tarde una carta firmada por 17 trabajadores en las que rechazaban la denuncia de los socialistas. De los empleados de aquella época, sólo cuatro continúan en la entidad, según CC OO.

La entidad fijó una indemnización de 75.000 euros por los últimos seis despidos improcedentes (siete en lo que va de año). Esa cifra representa en torno al 50% del dinero que destina anualmente a las ONG a través de la convocatoria de ayudas. Fonfría lo aceptó, pero dijo que la fundación, que recibe más de cuatro millones de euros de Bienestar Social y de Bancaja, reparte muchos más fondos a las ONG por otras vías.

Los despidos llevan fecha del 31 de julio. Un día después de que la dirección de Fundar rindiera cuentas al patronato por todas las actividades e incidencias registradas en el último año. La gerente lo achacó a una "casualidad".

Fundar fue creada por la Consejería de Bienestar Social, dirigida entonces por Rafael Blasco, y por la Obra Social de Bancaja en 2001 y ha sido dirigida desde entonces por Fonfría. El vicepresidente de la Generalitat y consejero Juan Cotino ocupa su presidencia, y su departamento aportó el año pasado a la entidad 2,7 millones de euros de los cuatro que la fundación recibe de sus patronos.

Bienestar Social declinó ayer, sin embargo, hacer declaraciones sobre el caso. Un portavoz señaló que es la recién creada Consejería de Inmigración y Ciudadanía, al frente de la cual está Blasco, la que lleva el día a día de la entidad. Este periódico intentó sin éxito ponerse en contacto con su jefe de comunicación.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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