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La guerrilla colombiana asesinó por una confusión a los 11 diputados

El asesinato, en junio pasado, de 11 diputados colombianos que permanecían secuestrados a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue consecuencia de un enfrentamiento accidental entre dos facciones de la guerrilla, afirmó ayer el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La información fue obtenida, según explicó el jefe del servicio secreto colombiano, Andrés Peñate, mediante la intercepción de comunicaciones entre cabecillas del grupo armado y el testimonio de varios reinsertados.

Las conversaciones grabadas revelan que el jefe del Frente 60, conocido como El Grillo o El Cricket, ordenó el asesinato de los rehenes después de que 16 de sus hombres se enfrentaran a otros 29 guerrilleros de la "columna móvil Arturo Ruiz", a quienes confundieron con militares. El combate entre las dos facciones se produjo en Nariño, zona situada 700 kilómetros al suroeste de Bogotá.

Los diputados, representantes del departamento del Valle del Cauca, llevaban secuestrados más de cinco años.

Las FARC afirmaron el 28 de junio que los diputados habían muerto 10 días antes en un supuesto "fuego cruzado" con un "grupo militar sin identificar". La guerrilla marxista sugirió que podía tratarse de "paramilitares", mientras que fuentes oficiales no descartaron que los rehenes hubieran sido asesinados en represalia por la muerte de un líder rebelde conocido como J.J..

Escena alterada

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Ahora, las grabaciones, señala Peñate, prueban que las FARC son las responsables de lo ocurrido. El jefe de inteligencia añadió que la guerrilla alteró la escena del crimen y que, en los últimos días, ha trasladado los cadáveres a la zona rural de Pradera. "Están intentando engañar a la opinión pública, haciendo creer que los rehenes estaban en un área segura, para culpar al Gobierno de las muertes. Son locos, asesinos y mentirosos", dijo Peñate.

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, exige desde entonces a los guerrilleros que entreguen sus cadáveres para aliviar el drama de los familiares y aclarar la muerte de los diputados. El presidente ha propuesto que una comisión internacional reciba los cuerpos.

Los once ex diputados formaban parte de un grupo de centenares de políticos, soldados y policías secuestrados por las FARC, que el grupo pretende intercambiar por unos 500 insurgentes presos. Para ello se requiere un acuerdo humanitario que no ha sido posible porque las FARC lo supedita a que el Estado desmilitarice dos municipios del Valle del Cauca, algo que el Gobierno rechaza.

De confirmarse la información oficial, la matanza provocará más presión sobre las FARC, que se encuentran en el nivel más bajo de apoyo social. Las FARC tratan desde hace 40 años de derrocar el Gobierno e imponer un Estado socialista.

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