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Editorial:

Punto final en Leganés

El triste y famoso caso Leganés sobre presuntas irregularidades descubiertas a través de una denuncia anónima en la sedación de enfermos terminales en el hospital público Severo Ochoa de esa localidad madrileña fue ayer definitivamente archivado. Nada menos que más de dos años después de que estallara un escándalo que causó gravísimo daño al buen nombre de ese centro hospitalario y a su cúpula clínica, con el jefe del servicio de Urgencias a la cabeza, el doctor Luis Montes, destituida fulminantemente por el entonces consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, sin esperar siquiera a completar la investigación de una serie de actuaciones que se remontan a 2003. El juez ha sobreseído el caso y ha excluido que hubiera responsabilidades penales de los ocho facultativos imputados, pese a que en el auto se afirma que pudo haber malas prácticas en las sedaciones de al menos cuatro pacientes terminales, pero que no hay elementos de conexión con su muerte.

Lo mejor del fallo judicial es, ante todo, que se pone punto final a una situación en la que se mezclaron intereses políticos, se manipuló en ocasiones con informes y contrainformes a los medios de comunicación y en la que imprudentemente se transformó el hospital en una especie de plaza pública y de juicio sumarísimo contra médicos de intachable reputación profesional como el doctor Montes, respaldado por los trabajadores del centro y que confiesa que se ha hecho un daño irreparable. La conducta de Lamela, hoy titular de la cartera autonómica de Transportes, dejó bastante que desear en tanto que el entonces consejero de Sanidad creó gran alarma social al tomar la decisión de destituir a la cúpula directiva del hospital tras hacerse eco de una denuncia anónima sobre "una práctica de eutanasia masiva" con hasta 400 supuestos casos de homicidio. Todo ello dio pie a las dudas y sospechas sobre la conducta del doctor Montes y a la proliferación de una serie de investigaciones abiertas a instancias del Gobierno autónomo, que en lugar de esclarecer los hechos arrojaban más confusión y ponían en tela de juicio el prestigio de la medicina.

Archivado el caso del Severo Ochoa, es momento para reiterar la necesidad de desarrollar al máximo en España los cuidados paliativos, todavía en pañales en bastantes comunidades autónomas y en las que el Ministerio de Sanidad no tiene competencia al respecto. Resulta absurdo e injusto que con los avances médicos de hoy, la mitad de las personas que mueren cada año en nuestro país tenga que sufrir un proceso de dolorosa agonía sin poder recurrir a una buena muerte gracias a los cuidados paliativos, que nada tienen que ver con la eutanasia y que son legales. Jalear, como se hizo en Leganés, que el doctor Montes y sus colaboradores practicaban poco menos que la eutanasia con algunos enfermos terminales, a veces sin la autorización de los familiares, hizo un flaco servicio a la medicina paliativa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 23 de junio de 2007