El Supremo ratifica que Gallardón vulneró el derecho a la huelga en 2002

La huelga general del 20-J contra el decretazo del Gobierno de Aznar sigue coleando cinco años después. El Tribunal Supremo considera en una sentencia de mayo que los servicios mínimos de la Comunidad de Madrid, gobernada entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, fueron "abusivos" y vulneraron el "derecho constitucional" a la huelga. UGT denunció las medidas impuestas por el Gobierno regional.

Los servicios mínimos decretados por la Comunidad de Madrid con motivo de la huelga general del 20 de junio de 2002 vulneraron "el derecho fundamental de huelga reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución". Así lo ha ratificado el Tribunal Supremo, que considera esos servicios estipulados por el Gobierno regional "abusivos" por el "excesivo el número de trabajadores que habían de cumplirlos", según la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal del pasado 11 de mayo.

El Gobierno regional, presidido en 2002 por Alberto Ruiz-Gallardón, incluyó entre los servicios "esenciales" para la jornada de huelga las emisiones de Telemadrid y la apertura de los centros dependientes de las consejerías de las Artes, Hacienda y Asuntos Sociales, entre otros. También añadió a la lista diversos servicios privados, como gasolineras y universidades particulares. Pero las razones para justificar esa decisión fueron "inexistentes o insuficientes", según la resolución judicial. En los días previos a la huelga, UGT presentó un recurso contra el decreto del Gobierno regional ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que resolvió a favor del sindicato en marzo de 2003.

"Más exhaustivas"

La Comunidad recurrió la sentencia ante el Supremo, que vuelve a dar la razón al sindicato. "Esta victoria nos sirve para plantear futuras huelgas, las administraciones deberán ser mucho más exhaustivas a la hora de pedir y justificar los servicios mínimos", asegura Pilar Sánchez, la abogada de UGT que ha seguido el proceso.

"Aunque han pasado cinco años y el decreto de Gallardón se aplicó, el fallo es importante para el futuro", añade el secretario de organización del sindicato en Madrid, Miguel Ángel Abejón. "Esperamos que, a partir de ahora, la Comunidad fije los mínimos de forma razonada sin forzar la situación para intentar dar una imagen de normalidad, de aquí no pasa nada, como intentaron ese día".

La huelga general del 20-J fue la reacción a la propuesta de reforma de desempleo del Gobierno presidido por José María Aznar (PP), el llamado decretazo, con medidas que endurecían el acceso al sistema y abarataban el despido. El pasado marzo, el Constitucional declaró nulo el decretazo al entender que nada de lo aprobado era urgente.

UGT reclama un "sistema de arbitraje" que permita frenar la aplicación de servicios mínimos injustificados "antes de que se produzca una huelga y se vulnere un derecho fundamental, en lugar de analizarlos después", según Abejón. "Hay que evitar actuaciones como la del Gobierno regional, que impuso sin motivo su criterio", concluye.

La Comunidad declinó pronunciarse sobre la sentencia.