El pleno de Vitoria aprueba llevar a la fiscalía las irregularidades urbanísticas

El pleno del Ayuntamiento de Vitoria, con los votos de toda la oposición y el rechazo del PP, acordó ayer remitir a la fiscalía las conclusiones de la comisión de investigación municipal sobre presuntas irregularidades urbanísticas en dos promociones de chal. El equipo de gobierno popular, que cuenta con sólo nueve de los 27 concejales, no hizo uso de su turno de palabra y se desinteresó de llevar a cabo la encomienda del pleno. Por ello, será la oposición quien traslade el miércoles la comunicación a la fiscalía.

El alcalde, Alfonso Alonso, compareció después con su equipo de concejales para reivindicar la honestidad de su gestión y advertir que acudirá a los tribunales para defenderse de lo que considera ataques a su honor. El enfrentamiento entre el equipo de gobierno y el resto de los grupos, que ha escalado hasta los tribunales, sumó ayer un nuevo episodio al conocerse que el Juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo ha decretado la suspensión cautelar del proceso de venta por concurso de dos parcelas en Lakua, en las que el PNV y el PSE apuestan por levantar un palacio de congresos.

Sin embargo, para hacer efectiva la suspensión, solicitada por el portavoz del PNV, Mikel Martínez, alegando el incumplimiento de varios preceptos legales, el juez reclama que presente un aval por 6,6 millones de euros. Martínez señaló que su grupo no está en condiciones de aportar el aval.

Alfonso Alonso, que ha visto cómo el PNV y el PSE, abortaban su proyecto de construir el Auditorio en el centro de la ciudad, anunció que seguirá adelante con la venta de las parcelas, aunque dijo estar dispuesto a "llegar a un acuerdo" con el PNV.

A un mes de las elecciones, la declaración institucional del equipo del PP fue toda una apuesta de continuidad. "Somos un equipo de gobierno con vocación de servicio y queremos continuar en esta tarea de solucionar los problemas reales de la ciudadanía", afirmó Alonso. "Defendemos Vitoria y el vitorianismo y ahí nos encontraremos con quien haga falta".

El alcalde criticó a la oposición por el hostigamiento al que le somete. "No presentan proyectos alternativos ni ideas, sólo descalificaciones. Hasta aquí hemos llegado: acudiremos a los tribunales siempre que sea necesario con el fin de defender nuestro honor", afirmó tajante. No en vano, su declaración sucedía a la votación en el pleno de las conclusiones definitivas de la comisión de investigación de las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas en dos promociones de chalets. La oposición sacó adelante con sus 18 votos el informe y acordó remitirlo a la Fiscalía, al considerar que puede haber responsabilidades penales.

El PP no hizo uso de sus turnos de palabra a lo largo del pleno. Para el portavoz del PNV, Mikel Martínez, este silencio demuestra "la debilidad de los argumentos del equipo de gobierno municipal". Además, apuntó que las conclusiones indican "un posible indicio de delito de prevaricación", por parte del concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo. A su vez, Juan Carlos Alonso (PSE), consideró un "insulto" al pleno la no intervención de los populares y apuntó la posibilidad de que las irregularidades denunciadas tengan "consecuencias" para arcas municipales.