Interior endurece la normativa para controlar el exceso de ruido en los locales de ocio
La Administración deberá inspeccionar bares y discotecas ante cualquier protesta vecinal
La futura Ley de Espectáculos combatirá con mayor dureza las molestias por exceso de ruido que generan algunos locales de ocio nocturno. La Administración estará obligada a realizar audiometrías cuando haya denuncias de los vecinos, que tendrán derecho además a ser consultados a la hora de conceder nuevas licencias a bares y discotecas. El anteproyecto de ley, que ayer presentó el consejero de Interior, Joan Saura, duplica la cuantía de las multas. Las faltas muy graves podrán ser sancionadas con 300.000 euros en el caso de locales que acumulen varias infracciones.
La ley vigente sobre policía del espectáculo se aprobó hace 17 años. Desde entonces, afirmó Saura, "el ocio se ha diversificado". De ahí la necesidad de elaborar una nueva normativa, cuyo objetivo es "buscar el equilibrio entre los que quieren divertirse y los que pretenden descansar", afirmó el consejero. Saura se refirió a un problema de convivencia frecuente en las ciudades catalanas: las molestias que sufren los vecinos por el exceso de ruido de bares, discotecas y otros establecimientos públicos.
Como fórmula para lograr ese difícil equilibrio, el anteproyecto prevé otorgar más margen de maniobra a los vecinos a través de un órgano de nueva creación: el consejo asesor de espectáculos públicos y actividades recreativas, que tendrá carácter consultivo.
Más allá de la participación, la principal novedad que introduce la Ley del Espectáculo es que cualquier protesta que un vecino formalice contra un establecimiento por "molestias relevantes" obligará a responder a la Administración. Ésta -ya sea local o autonómica- deberá "practicar pruebas con los medios técnicos adecuados" para comprobar si el local en cuestión excede los decibelios previstos por la normativa.
Sanciones más altas
En caso de incumplimiento, los propietarios de locales deberán rascarse el bolsillo. Si la ley de 1990 preveía sanciones por un valor máximo de 6.000 euros para faltas graves -exceso de aforo, mal acondicionamiento o molestias por ruido-, el proyecto actual eleva esa cantidad hasta 15.000 euros.
Lo mismo ocurre con las infracciones muy graves, que pasan de 60.000 a 150.000 euros. En estos casos, además, la Administración podrá cerrar el local, inhabilitar a su titular e incluso "destruir los bienes relacionados con la actividad". Ésta es una medida que la patronal Fecalon tildó ayer de "desproporcionada" en un comunicado. Las cantidades se duplican para los establecimientos reincidentes. De hecho, y por primera vez, se prevé la creación de un registro de sanciones, un documento de acceso público en el que figurarán los nombres de los establecimientos que acumulen varias infracciones.
La futura ley pone especial énfasis en la protección de menores y prohíbe, entre otras cosas, exhibir símbolos y objetos que inciten a la violencia, al sexismo y a la xenofobia. Además, reconoce una serie de derechos a todos los actores implicados en espectáculos y actividades recreativas: usuarios, vecinos, artistas y organizadores.
La Generalitat pretende que los ayuntamientos aumenten sus competencias y se hagan cargo, si lo desean, del control, inspección y sanción de los establecimientos. Hasta ahora, la mayoría de municipios controlan sólo el apartado sancionador.
Querella por tolerar las molestias
El ruido generado durante siete meses por el pub Donegal, en la calle de Nou de la Rambla de Barcelona, provocó trastornos físicos y psíquicos a una familia de cuatro personas que vivía justo encima del local. En ese tiempo, el Consistorio fue incapaz de que el bar musical pusiera fin a la contaminación acústica. El verano del año pasado, la fiscalía de Barcelona decidió querellarse contra dos responsables del distrito de Ciutat Vella por haber tolerado la situación. La familia afectada denunció los hechos nada más producirse las molestias, pero la primera inspección se realizó dos meses después. La Ley del Espectáculo prevé agilizar este tipo de actuaciones.
La Paloma: colisión de derechos
El caso de La Paloma pone a prueba el equilibrio y la buena convivencia que, a juicio de Saura, debe haber entre el derecho a disfrutar de la noche y el derecho de los vecinos a dormir sin ser molestados. La histórica sala de fiestas, en el barrio del Raval de Barcelona, está cerrada desde finales de 2006 por no respetar la normativa sobre el ruido. La sala pidió al Consistorio ayuda económica para insonorizar el recinto, condición imprescindible para que pueda reabrir en el futuro. Los vecinos se oponen porque les molesta el ruido que los usuarios hacen en la calle. Tanto es así que, a principios de año, impidieron a unos técnicos contratados por la sala realizar mediciones acústicas.
Polémica por una fiesta en Polinyà
Poco menos de 2.000 jóvenes se concentraron el 31 de diciembre en un descampado de Polinyà para dar la bienvenida al año con una rave. La fiesta acabó en tragedia cuando un joven murió atropellado en los alrededores. Las alcaldesas de Polinyà y Palau de Plegamans denunciaron las molestias por exceso de ruido y problemas de tráfico y acusaron de "pasividad" a los Mossos d'Esquadra por no impedir la celebración de la rave. Joan Saura replicó entonces que la policía autonómica no pudo intervenir cautelarmente porque la ley no lo permitía. El propio consejero explicó ayer que la nueva normativa evitará que se produzca una situación similar a la vivida en Polinyà.
