La ley de mediación familiar pone en solfa los servicios locales existentes

El Gobierno dio ayer luz verde al proyecto de ley de Mediación Familiar para su envío al Parlamento. El Ejecutivo quiere abrir servicios en los tres territorios y elevar la exigencia en la profesionalidad de quienes ejerzan esas funciones. El consejero Javier Madrazo adelantó que la puesta en marcha de estos servicios puede hacer "menos necesarios" los que se prestan en ayuntamientos y que, incluso, algunos podrían "no superar el listón".

Los servicios de mediación familiar que prevé el proyecto elaborado por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales que dirige Javier Madrazo podrán ser utilizados por personas que demuestren un vínculo familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o de convivencia de al menos un año. Bastará con que una de las personas esté empadronada en la comunidad autónoma.

Además de la familia tradicional, podrán hacer uso de ellos las parejas de hecho. Atenderán no sólo a casos de ruptura entre ellas, sino también a conflictos entre padres e hijos, o entre hermanos, incluso entre familias biológicas y de acogida de menores y abuelos a quienes se impida una relación normalizada con sus nietos.

Los negocios, herencias o derechos de sucesión que causan litigios en las familias serán también contemplados, lo mismo que los conflictos que surjan entre personas dependientes y los familiares que los atienden.

Se trata, según explicó ayer Madrazo, de un servicio que jugará "un papel complementario o alternativo a los procedimientos judiciales". La mediación tiene sobre éstos últimos la ventaja de buscar una solución amistosa y en un plazo reducido de tiempo, lo que redundaría además en el mantenimiento y mejora de relaciones familiares que, de otro modo, pueden romperse definitivamente.

El proyecto deja abierta la intervención a la iniciativa privada, que deberá sujetarse a esta ley cuando sea aprobada. Pero el consejero avanzó su intención de abrir servicios públicos "integrales" en los tres territorios.

Algunos ayuntamientos disponen ya de servicios de este tipo, aunque no con un carácter tan extensivo en su intervención, con los que podría chocar o competir en su acción los que impulse el Gobierno.

Madrazo dijo a este respecto que la puesta en marcha de estos últimos hará "menos necesarios" esos servicios locales. "Los nuestros cubrirán las necesidades y lo harán con más calidad", afirmó, poniendo como ejemplo el funcionamiento del que ya existe en Vizcaya.

Calidad y formación

Esa calidad estará en relación con la profesionalidad de las personas que integren las unidades que se creen. Madrazo dijo que entre los servicios actualmente existentes "hay prácticas de diferente tipo", y avanzó que puede haber casos "que no superen el listón".

La ley eleva la exigencia de formación para los trabajadores de la mediación familiar, ya que tendrán que acreditar una diplomatura en el ámbito de las Ciencias Sociales y de la Educación, además una formación específica que incluya un postgrado de al menos 200 horas en la materia.

El Gobierno creará por esta ley el Registro de Personas Mediadoras, a través del que los particulares podrán conocer tanto los servicios públicos como la relación de personas facultades para ejercer esa tarea.

Habrá también un Consejo Asesor, en el que participarán las diputaciones, colegios profesionales, universidades y organizaciones del ámbito de la mediación familiar. Este consejo propondrá los requisitos de formación y experiencia precisos para ejercer la profesión de mediador e impulsará la redacción de un código deontológico.