Un comité de la Unesco investiga las parcelas ilegales de Medina Azahara

Un comité dependiente de la Unesco está elaborando un informe sobre las 160 viviendas ilegales del entorno protegido de Medina Azahara a las que el Ayuntamiento de Córdoba pretende dotar de agua. Además, unos 860 especialistas y estudiantes han suscrito un manifiesto en "defensa del ámbito patrimonial" de este conjunto arqueológico y han solicitado una reunión con la alcaldesa Rosa Aguilar.

El comité español del consejo internacional de monumentos y sitios histórico-artísticos (Icomos) se reúne hoy con los responsables de la Junta en Córdoba. La directora del organismo, María Rosa Suárez-Inclán, ha remitido una carta a la delegación provincial de Cultura para anunciar que su organización, dependiente de la Unesco, está elaborando un informe sobre las alrededor de 160 viviendas ilegales del entorno de Medina Azahara a las que el Ayuntamiento pretende dotar de agua.

Además, IU, que gobierna la ciudad, y PP han pedido a la Junta que reduzca el área de protección para que las tres urbanizaciones ilegales que están dentro de esa zona puedan ser regularizadas en un futuro. La presidenta del Icomos sostiene en la misiva que el informe se ha comenzado a elaborar debido a las "cuantiosas y preocupantes noticias" de los últimos días sobre los planes municipales.

La Unesco no es el único organismo que está preocupado por la incidencia de las viviendas ilegales del entorno protegido de la ciudad palatina del siglo X. El asunto también ha llegado a oídos de especialistas e investigadores de España y Europa. Unos 460 catedráticos y expertos en conservación, historia y arqueología han firmado un manifiesto "en defensa del ámbito patrimonial de Medina Azahara" (que se reproduce bajo estas líneas). A ellos, se han unido casi 400 estudiantes universitarios.

Eduardo Manzano, investigador del CSIC y uno de los mayores expertos en Al-Ándalus, ha sido uno de los impulsores de la idea. Esta semana, una representación de los 875 firmantes pedirá una reunión con la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, para explicarle su postura y entregarle el manifiesto. Manzano no comprende cómo el Ayuntamiento no está dispuesto a aceptar la oferta de la Junta para trasladar a los parcelistas a otro lugar: "Es lo más sensato (...) En cualquier otro país europeo habría una unanimidad política absoluta sobre la protección de un conjunto así".