El Senado apoya el plan de Bush para interrogar a terroristas

Por sólo un voto de diferencia (20-19), el Comité Judicial del Senado apoyó en la noche del miércoles la propuesta del presidente George W. Bush que regulará las fórmulas de interrogatorio de los sospechosos de terrorismo. Era la segunda vez que se votaba. El plan fue rechazado en primera instancia, cuando dos republicanos se unieron a los legisladores demócratas al oponerse a la propuesta gubernamental.

Lo ocurrido en la noche del miércoles en la Cámara Alta ilustra la preocupación que existe entre algunos miembros del partido mayoritario en el Congreso que consideran que lo que persigue la Casa Blanca es "reescribir" el artículo 3 de la Convención de Ginebra de 1949 que prohíbe la tortura y "las atrocidades contra la dignidad personal", en particular "humillaciones y trato denigrante".

Por su parte, la Casa Blanca insiste en que sólo pretende "clarificar" la Convención de 1949 para proteger a los interrogadores de la CIA de posibles denuncias por parte de los prisioneros.

Desde la semana pasada, la Administración de Bush se enfrenta a una rebelión interna por parte de algunos prominentes senadores republicanos, encabezados por John McCain, quienes se oponen frontalmente a la intención presidencial de legalizar ciertos tratamientos de dudosa legalidad que en la actualidad se aplican a detenidos acusados de terrorismo.

Límites legales a la tortura

Tras varios días de encendido debate, el Congreso de EE UU y la Casa Blanca trabajan contra el reloj para establecer la ley que defina los métodos legales para interrogar a los sospechosos de terrorismo. A los legisladores les queda poco tiempo antes de que se cierre la sesión el próximo día 29 y se abra la campaña para los comicios de noviembre.

El debate sobre los límites legales a la tortura sigue en el Capitolio cuando se ha sabido que cuando el presidente de EE UU anunció en la víspera del V aniversario de los atentados del 11-S la suspensión del programa de detención secreto de la CIA no estaba arañando votos ante las elecciones legislativas de noviembre como apuntaron algunos analistas.

Nada más lejos de la realidad. Fueron los interrogadores de la CIA los que torcieron el brazo del presidente y le obligaron a cerrar las cárceles secretas y enviar a los prisioneros a Guantánamo ya que tenían miedo de que llegado el caso las técnicas usadas pudieran volverse en su contra al ser consideradas ilegales, según informó el miércoles el Financial Times basado en fuentes de la CIA.

La propia Administración explicó en su momento la decisión de cerrar los centros de detención en el extranjero y enviar a 14 presos claves en la lucha contra el terrorismo a la base militar estadounidense en Guantánamo (Cuba) ante la incertidumbre legal que rodeaba a los métodos de interrogatorio después de que el Tribunal Supremo dictaminara el pasado mes de junio que todos los detenidos debían ser sujetos a la Convención de Ginebra.