Peritajes en Leganés

Catorce meses han transcurrido desde que estallara el triste y famoso caso Leganés, sobre las presuntas irregularidades descubiertas a través de una denuncia anónima en la sedación de enfermos terminales en el hospital público Severo Ochoa de esa ciudad madrileña. El entonces coordinador del Servicio de Urgencias del centro, Luis Montes, fue destituido inmediatamente por la Consejería de Sanidad regional. Desde ese momento hasta hoy no ha cesado la difusión de informes y contrainformes oficiales, que han sido objeto del debate político y mediático interesado como si se tratara de una trifulca más entre socialistas y populares que se ventila en la calle, violándose en no pocas ocasiones el secreto médico y sin atender demasiado el daño que todo ello podía significar para los profesionales implicados y para la imagen del hospital.

Absurdo sería restar valor a las conclusiones del último de esos informes, el emitido por el Colegio de Médicos a petición del Juzgado número 7 de Leganés, aunque, obviamente, está muy lejos de las primeras acusaciones vertidas por el consejero de Sanidad, el popular Manuel Lamela, que insinuó la posibilidad de que hubiera habido al menos 400 casos de eutanasia en el Severo Ochoa, basándose en una denuncia anónima. El informe del Colegio de Médicos afirma que en 34 de las 73 historias clínicas investigadas de pacientes terminales fallecidos entre septiembre de 2003 y marzo de 2005 se incumplió la buena práctica médica, aunque precisa igualmente que de ningún modo puede concluirse que la sedación fuera la causa de la muerte de los enfermos. Los peritos médicos identifican, no obstante, cuatro casos de "sedaciones contraindicadas" de pacientes cuyo historial no permite determinar que estuvieran en situación terminal. De ser cierto, ese hecho dejaría en una situación un tanto embarazosa a los médicos responsables.

Las conclusiones de este último informe, que, por otra parte, contradicen a los médicos forenses en cuanto a la aplicación de dosis sedativas, han sido recibidas como si fueran definitivas e irrebatibles por los dirigentes políticos regionales, tanto de Gobierno como de oposición, dando prueba una vez más de enorme imprudencia. Es hora ya de que se agilice el procedimiento judicial y que, sobre todo, el juez instructor escuche los argumentos que puedan esgrimir el destituido doctor Montes y los demás implicados en las presuntas irregularidades. No es un dato menor que el ex director de Urgencias, que sigue trabajando en el hospital, confesara en una entrevista a este diario que vive en la indefensión: "Ha habido siete peritajes y aún no he podido hablar en ninguno".